Un contrato de espionaje y un rancho en Florida: el turbio eslabón entre Álvarez Puga y Silvano Aureoles | Especial MCCI
Después de que el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán otorgó un millonario contrato de espionaje a una empresa ligada al 'facturero' Víctor Manuel Álvarez Puga, éste cedió los derechos de un rancho de lujo en Florida a un subordinado del Secretario de Finanzas que firmó ese contrato. Registros del condado de Palm Beach documentan el traspaso y la posterior venta de la propiedad en 7 millones de dólares.
- Redacción AN / LSR
Por Iván Alamillo / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado considerado por el gobierno mexicano como el artífice de una red de empresas fantasma que desfalcaron al erario en los últimos sexenios, cedió los derechos de un rancho de lujo situado en el condado de Palm Beach, Florida, a Luis Héctor Rodríguez Pérez, funcionario de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán durante la gestión del ex gobernador Silvano Aureoles.
La transferencia del inmueble ocurrió ocho meses después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunciara públicamente en noviembre de 2021 que la administración de su antecesor, el perredista Silvano Aureoles, otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.
Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington –considerada como una de las capitales ecuestres del mundo–, el rancho de más de 15 mil metros cuadrados fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4.9 millones de dólares y cuenta con una caballeriza para doce ejemplares, seis potreros, una amplia alberca con jacuzzi techada, siete habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.
1: Vista aérea del rancho, de más de 15 mil m², fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4.9 millones de dólares; 2: En 2022, Álvarez Puga transfirió el rancho a Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex funcionario michoacano; 3: La lujosa propiedad cuenta con caballeriza, campo ecuestre, seis potreros y alberca techada.
La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares.
Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC –empleada por Álvarez Puga para adquirir la ostentosa finca– cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp., compañía administrada y presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se desempeñó en el gobierno de Aureoles como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Para realizar el traspaso del rancho, Álvarez Puga se valió de un “quitclaim deed” o “cesión de derechos”, una figura legal del derecho inmobiliario estadounidense que permite transferir y renunciar a los derechos de una propiedad sin necesidad de una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno, de acuerdo con un agente de bienes raíces consultado por MCCI.
Arriba: Álvarez Puga hipotecó el rancho a través de la empresa 4985 Stables LLC, propietaria del mismo. Abajo: En agosto de 2022, 4985 Stables LLC transfirió el rancho a Raik Holdings Corp, presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez.
Casi dos años después, en junio de 2024, Raik Holdings Corp. –bajo control del ex funcionario michoacano– vendió el inmueble en siete millones de dólares, equivalentes a unos 127 millones de pesos en su momento.
Durante la gestión de Aureoles como gobernador, Rodríguez Pérez tuvo como superior jerárquico al ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, quien fue detenido por Interpol a finales de febrero de 2025 en Miami y extraditado a México tras la emisión de una ficha roja solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez Pérez no solo fue subordinado de Maldonado Mendoza en la Secretaría de Finanzas, desde 2013 también ha sido apoderado legal de su empresa Administradora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Regional Oicor SA de CV.
Arriba: Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex subordinado de Carlos Maldonado Mendoza en la Secretaría de Finanzas de Michoacán, declaró al condado de Palm Beach ser el presidente de Raik Holdings Corp. Abajo: En México ha sido apoderado de las empresas de Maldonado Mendoza.
Actualmente, Maldonado Mendoza se encuentra vinculado a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, peculado y asociación delictuosa derivados de su participación como secretario de Finanzas en la construcción irregular de siete cuarteles de la policía estatal de Michoacán que se habrían edificado con sobreprecios.
Raik Holdings Corp. también ha tenido como administradora a Gracia Augusta Mendoza Muciño, quien en su perfil de Facebook tiene como amigos a varios miembros de la familia del ex titular de Finanzas michoacano, entre ellos a su hijo, el deportista mexicano de dressage (adiestramiento de caballos) Carlos Maldonado Lara.
En fotografías del rancho publicadas en sitios de bienes raíces en 2024, cuando el ex funcionario de Aureoles puso en venta la propiedad, incluso se observan dos baúles para transportar equipo ecuestre marcados con las leyendas “Maldonado” y “Maldonado Lara”.
En esta fotografía publicada por el sitio Realtor en 2024, cuando la propiedad se puso en venta, se observan los dos baúles con los apellidos del hijo del ex secretario de Finanzas michoacano.
EL CONTRATO DE ESPIONAJE FIRMADO POR MALDONADO MENDOZA Y LAS LIGAS CON ÁLVAREZ PUGA
En noviembre de 2021, un mes después de asumir el cargo como gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla acusó durante una conferencia de prensa que la administración de Silvano Aureoles adjudicó un contrato de espionaje por 19.5 millones de dólares a la empresa Integra Software SA de CV, señalada por el propio mandatario de ser propiedad de Álvarez Puga.
“Este es un contrato muy grande, efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán doce terminales para estar monitoreando, por lo que aquí se indica, las direcciones IP… no tenemos información de a quiénes espiaban, ni creo que nos la vayan a dar, pero estamos investigando el contrato”, dijo Ramírez Bedolla en rueda de prensa.
El contrato, del que MCCI obtuvo una copia vía transparencia, fue otorgado por adjudicación directa en febrero de 2017 y fue suscrito precisamente por Carlos Maldonado Mendoza, entonces secretario de Finanzas, y por Raúl García Palacios como administrador único de Integra Software SA de CV.
Pese a que Ramírez Bedolla afirmó que el monto del contrato ascendía a 19.5 millones de dólares, en el mismo se establece que tuvo una vigencia de veintidós meses de marzo de 2017 a diciembre de 2018, tiempo en que el gobierno michoacano pactó pagar a la empresa un total de 34.7 millones de dólares, equivalentes a más de 600 millones de pesos, considerando el tipo de cambio promedio de cada uno de los meses de su duración.
En el contrato obtenido por MCCI, el gobierno de Michoacán reservó el nombre del administrador de Integra Software.
En noviembre de 2021, el gobernador Ramírez Bedolla exhibió con Carmen Aristegui una copia sin testar del contrato, donde se aprecia que Raúl García Palacios firmó como administrador único de Integra Software.
Integra Software SA de CV fue contratada por la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo el monitoreo y actualización de las direcciones IP en todo el territorio del estado, mediante la instalación de doce terminales y pantallas de vigilancia que operarían los 365 días del año. El gobierno del ahora prófugo Silvano Aureoles justificó la contratación argumentando que el sistema permitiría dar seguimiento a “objetivos estratégicos de inteligencia financiera” a través de una tecnología que describió como “única en el mundo”.
MCCI revela ahora que dicha tecnología “única en el mundo” se trataba en realidad del malware de espionaje NightHawk, desarrollado por Interionet Systems LTD, firma fundada por los empresarios israelíes Sharon Oknin y Yair Pecht, ambos ex directivos de NSO Group, compañía que diseñó y comercializó el malware Pegasus que ha sido usado por gobiernos alrededor del mundo para espiar a opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
El sistema NightHawk es descrito por la propia empresa como una plataforma avanzada de recopilación de inteligencia destinada a ayudar a agencias de seguridad a localizar, monitorear y analizar objetivos mediante la intervención de dispositivos IoT, como lo son relojes inteligentes como el Apple Watch, asistentes de voz como Alexa o cualquier smartphone. Sin embargo, no existe información detallada sobre cómo opera el malware.
Entre los documentos obtenidos por MCCI se encuentra, como parte de los anexos del contrato, la carta de exclusividad con la que Interionet Systems LTD certificó a Integra Software SA de CV como su representante de ventas ante el gobierno de Michoacán. En un segundo oficio, también dirigido a Integra Software, la empresa israelí se ostentó como la dueña de la propiedad intelectual del sistema NightHawk.
Oficios con los que Interionet Systems LTD certificó a Integra Software como su representante ante el gobierno de Silvano Aureoles para vender su sistema espía NightHawk.
Aunque no hay registros de Álvarez Puga como accionista de Integra Software SA de CV, una revisión de las sociedades que ha constituido realizada por MCCI revela que Raúl García Palacios, quien firmó el contrato por la compañía, sí ha desempeñado cargos en varias de ellas.
Por ejemplo, García Palacios fungió como presidente de la Fundación Álvarez Puga, creada en 2011 para apoyar a sectores desprotegidos con alimentos, vestido y asesoría legal. En ella, formaba parte del órgano de gobierno junto con Sebastián Felipe Rodríguez Robles, un viejo socio de Álvarez Puga que fue tesorero del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas.
García Palacios también ocupó el cargo de comisario en VMAP Investments SA de CV y VMAP Investment Group SA de CV, empresas donde Álvarez Puga se asoció con el ex tesorero de Velasco.
Raúl García Palacios, quien firmó el contrato de espionaje por parte de Integra Software, fue presidente de la Fundación Álvarez Puga, constituida en 2011.
De acuerdo con su cuenta de Linkedin, Raúl García Palacios fue director de Asuntos Jurídicos en la firma Álvarez Puga & Asociados.
Un vínculo más: Integra Software SA de CV –de la que García Palacios es administrador único– adquirió el 98% de las acciones de la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV cinco meses antes de que ésta última recibiera en agosto y octubre de 2016 dos contratos por 2 mil 950 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS) para la instalación de un centro de comando (C4) y su interconexión con los penales federales.
Ambos contratos, cuyas obras no se realizaron, se encuentran en el centro de las investigaciones de la FGR contra Álvarez Puga y ex funcionarios del OADPRS, que en 2016 estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Como lo revelaron en su momento el portal Animal Político y el diario Milenio, tras recibir los fondos federales, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV dispersó los recursos por medio de casi mil 500 operaciones de lavado de dinero hacia seis empresas fantasma, dos de las cuales, a su vez, depositaron más de 15 millones de pesos a las cuentas personales de Víctor Álvarez Puga y su esposa.
Por estos hechos, la FGR obtuvo en septiembre de 2021 una orden de aprehensión contra el matrimonio por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ESPIONAJE A 4T: DESDE PISO DE ÁLVAREZ PUGA & ASOCIADOS
En octubre de 2019, el diario Reforma reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador descubrió la existencia de un centro de espionaje clandestino ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en el número 443 de Avenida Santa Fe en la colonia Cruz Manca de la Ciudad de México.
Desde ese sitio, informó el medio, operaba una red de espionaje presuntamente dirigida por los ex funcionarios peñistas Alberto Bazbaz Sacal, ex director del CISEN, y Alfredo Castillo Cervantes, ex titular de la CONADE, así como por Walter Meade Treviño, quien ha sido apoderado de Security Tracking Devices SA de CV, compañía del empresario José Susumo Azano Matsura que vendió el malware espía Pegasus a la administración del ex presidente Felipe Calderón.
La operación clandestina fue detectada por el gobierno federal tras una denuncia anónima recibida en septiembre de 2019 que enumeraba como espiados a personajes encumbrados de la autodenominada 4T, entre los que se encontraban Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de AMLO; Octavio Romero Oropeza, director de Pemex; Santiago Nieto, titular de la UIF, e incluso al fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Aunque en su momento no se dio a conocer vínculo alguno entre la red espía y Álvarez Puga, MCCI pudo comprobar que la firma Álvarez Puga & Asociados tenía sus oficinas en el piso 35 de la Torre Impulso, lugar desde donde habría operado el centro de espionaje.
Álvarez Puga & Asociados reportó ante el IMPI tener su domicilio en el piso 35 de la Torre Impulso, sitio donde habría operado el centro de espionaje clandestino.
Dos niveles arriba, en el piso 37, también se encontraban las oficinas de la Fundación Inés Gómez Mont Arena (FIGMA), constituida en 2016 con el fin de asistir a población vulnerable con orientación educativa, asistencia jurídica y hasta la ayuda para servicios funerarios.
En octubre de 2016, cuatro meses antes de firmar el contrato de espionaje con el gobierno de Aureoles en Michoacán, Integra Software SA de CV acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar su marca del mismo nombre.
En dicho registro, dio como uno de sus domicilios el piso 37 de la Torre Impulso, sitio donde se encontraba la sede de la Fundación FIGMA y donde tres años después el gobierno de López Obrador detectaría la existencia del centro espía en el piso 35.
Meses antes de firmar el contrato de espionaje con el gobierno de Michoacán, Integra Software dio como uno de sus domicilios el piso 37 de Avenida Santa Fe 443, sitio donde estaban las oficinas de la Fundación Inés Gómez Mont Arena.
De acuerdo con el diario Reforma, fuentes del gobierno federal confirmaron la validez de la denuncia anónima sobre el centro de espionaje y afirmaron que existía una investigación en curso por la que ya se había decomisado equipo tecnológico y archivos con llamadas telefónicas que fueron intervenidas ilegalmente, aunque no se precisó si dichos aseguramientos se llevaron a cabo en alguno de los pisos de la Torre Impulso.
Tras la publicación, Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Walter Meade negaron estar detrás de la red de espionaje, mientras que la administración de López Obrador y la FGR nunca informaron en qué derivó la indagatoria.
En julio de 2022, cuando la FGR ya tenía una orden de captura en su contra, Álvarez Puga solicitó sin éxito asilo al gobierno estadounidense bajo el argumento de que él y su familia son perseguidos en México por sus “posturas políticas conservadoras”.
En septiembre de 2025, el abogado y empresario fue detenido por agentes de ICE en Florida. ¿El motivo? Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía autorización para permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese mismo año; sin embargo, días antes de que venciera su estancia legal salió a Las Bahamas en avión y volvió a territorio estadounidense de manera irregular en barco, sin que su reingreso fuera aprobado y registrado por funcionarios migratorios.
Desde inicios de diciembre, el nombre de Álvarez Puga desapareció del registro público de detenidos de ICE, como informó el diario El País.
Actualmente, se desconoce el paradero y la situación jurídica de quien llegó a ser considerado como el “rey de las factureras” y del que, ahora se sabe, también habría estado involucrado en una presunta red de espionaje cuyos tentáculos operaron desde la Ciudad de México hasta Michoacán.
