México, sin política criminal y con enormes deficiencias en procuración de justicia: informe
Las mujeres víctimas de violencia sufren particularmente por las fallas en la procuradurías, reveló la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
(Foto: Archivo Cuartoscuro).

México carece de visión sistémica de seguridad pública y justicia penal, sus instituciones tienen problemas estructurales y de recursos que les impiden tener capacidad de investigación y además utilizan una infraestructura tecnológica precaria y dispersa, de acuerdo con un informe sobre el tema.

El informe ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia fue presentado este miércoles. Cuenta con la participación de académicos, activistas y autoridades de distintos niveles, quienes nutrieron el reporte por medio de estudios y opiniones entre mayo y agosto de 2017.

Corrupción, ausencia de imparcialidad, violaciones de derechos humanos y enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías” son los factores que alimentan la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia mexicano, concluyó el informe.

Entre los problemas identificados a través de la consulta se encuentran los siguientes:

Las víctimas no son escuchadas por el ministerio público y las mujeres víctimas de violencia destacan especialmente por su vulnerabilidad. “En estos casos, el personal de las agencias del ministerio público suele ser poco receptivo con las denuncias de las mujeres y se les trata de disuadir o enviar a acuerdo reparatorio, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo prohíbe expresamente”, de acuerdo con el documento.

Las policías municipales y estatales tienen pésimas condiciones laborales y es urgente revisar dos documentos clave en su actuación: el protocolo de primer respondiente y el informe policial homologado.

En el sistema de justicia se utiliza ampliamente el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta a los agentes del ministerio público para dejar en libertad a los detenidos en flagrancia cuando no proceda prisión preventiva oficiosa. Esto resulta en que los detenidos son liberados, las investigaciones no avanzan y la tasa de impunidad se ve impactada negativamente, por lo que se requiere supervisión y rendición de cuentas de la función ministerial.

Los agentes del ministerio público tienen pocos incentivos para investigar, pues saben que es altamente probable que se les otorgue la prisión preventiva a los detenidos que presentan, esto puede significar problemas en el juicio oral por una investigación deficiente.

A todo esto se suma la ausencia de una política criminal. “La política criminal constituye la expresión de la política pública del Estado mexicano para el tratamiento de los delitos. Su ausencia, como una herramienta explícita de planeación y conducción de las acciones estatales, evidencia una deficiencia estructural en el sistema de justicia penal”.






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