La amnistía que propone AMLO excluye a presos políticos (Artículo)
"Si Nestora Salgado —senadora por el partido oficialista Morena y antes comandante de un grupo de autodefensa en el estado de Guerrero— siguiera encarcelada hoy por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, no podría obtener esta amnistía", detalló Laura Castellanos.
Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Por Laura Castellanos/ The Washington Post

La Ley de Amnistía que impulsa el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), excluye a las personas procesadas por razones políticas a las que les imputan delitos graves.

La propuesta ofrece amnistía a personas procesadas por delitos como sedición u otros que alteren el orden público, pero no por homicidio, secuestro, delincuencia organizada, terrorismo o posesión de armas de fuego. Los casos de delitos graves, dijo AMLO, seguirán siendo atendidos “por procedimientos normales de desistimiento de quienes acusan y de las autoridades”.

De hacerlo de esa forma, no solo se perpetuará la prisión para personas acusadas de delitos graves por motivos políticos, sino que también se excluirá a las casi 4 000 víctimas de detenciones arbitrarias, por esos mismos motivos, en los últimos dos sexenios.

Es necesario que se considere a las personas procesadas por delitos graves, que han sido o son perseguidas políticamente, como parte de una política de Estado de justicia transicional.

Los presos políticos no son cualquier tipo de preso, y menos en México. Ha sido el país con el mayor número de expresiones subversivas y guerrilleras en Latinoamérica en los últimos 50 años: una treintena de guerrillas actuó de 1965 a 1975, lo cual está documentado en mi libro México Armado. 1943-1981. El país ha sido, a su vez, espacio de luchas comunitarias por la autonomía y en defensa del territorio, de policías comunitarias, autodefensas, células anarquistas y guerrillas.

Tiene también una historia de movimientos beligerantes campesinos, magisteriales, sindicalistas, indígenas, estudiantiles y urbano-populares.

En este momento, en México, no hay presos políticos que pertenezcan a grupos insurgentes. El Comité Cerezo estima que la mayoría de los casos son de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Agrega que es usual que se les procese o persiga judicialmente por delitos graves, y se ha documentado que son fabricados.

Por ejemplo, si Nestora Salgado —senadora por el partido oficialista Morena y antes comandante de un grupo de autodefensa en el estado de Guerrero— siguiera encarcelada hoy por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, no podría obtener esta amnistía.

Salió de prisión tras la presión internacional. Después, el actual gobierno le pidió crear un listado de presos políticos que fueran candidatos a la amnistía. De los 199 que la integraban, 46 han sido liberados nueve meses después.

Artículo completo en The Washington Post



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