Borgia sin zorra | Artículo de Roberto Lara Chagoyán

Por Roberto Lara Chagoyán* / Observatorio de la Justicia**

Los Borgia envenenaban con elegancia. Antes del cardenal muerto, había banquete; antes del banquete, conversación; antes de la conversación, la sonrisa. La copa llegaba al final, casi como una cortesía. Cinco siglos después, en México, la mano que vierte el veneno tiembla y derrama media copa sobre el mantel. Y luego anuncia, en conferencia matutina, que esa copa hay que rellenarla.

Los Borgia lo practicaron y Maquiavelo lo teorizó: para dominar no basta el poder, hace falta astucia. El príncipe debe ser león para espantar a los lobos y zorra para reconocer las trampas. La fuerza desnuda, sin la zorra que la envuelve, se delata sola. Eso es exactamente lo que ocurre con la iniciativa de reforma constitucional que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes en su conferencia matutina y que su consejera jurídica Luisa María Alcalde entregó al Senado dos días después, lista para discutirse fast track. Mover de 2027 a 2028 las elecciones judiciales, simplificar la boleta, crear una Comisión Coordinadora: el paquete se presenta como una corrección técnica madura.

Pero lo que llega al Congreso no tiene la forma de un estudio jurídico salido de una deliberación seria entre expertos; tiene la forma de un trabajo apresurado de un mal estudiante de Derecho. Y eso, en este régimen, no es descuido: es marca de la casa. Se ufanan de no hacer las cosas como antes —con técnica, con argumentos, con cuidado— sino como las haría el “pueblo”, es decir, de forma rústica. La rusticidad se exhibe como virtud democrática.

La reforma judicial de 2024 es uno de los errores más graves de la historia institucional mexicana, y este nuevo intento lo confirma. No creo que la presidenta Sheinbaum o la consejera Alcalde busquen realmente enmendar el yerro. No buscan corregirlo: lo dan por bueno. Lo que pretenden es perfeccionar su funcionamiento, “mejorar” la concentración del poder que aquella maniobra de López Obrador consumó.

Más que una corrección, esta iniciativa es un refrendo. Y aquí asoma lo que les falta: a este gobierno le sobra león —mayoría aplastante, control del Congreso, fast track, micrófono abierto cada mañana— pero le falta zorra. Le falta la astucia de disimular el zarpazo, de envolverlo en una forma que no delate la sustancia. Por eso la maquinación se delata sola, y el refrendo se ve como lo que es.

Nunca será suficiente insistir en que la raíz de este suicidio institucional está en la mal llamada democratización del Poder Judicial. Ese movimiento no fue otra cosa que una proyección del populismo sobre una dimensión —la de la judicatura— técnica por naturaleza y que, consecuentemente, no puede quedar a expensas de las mayorías. Es tan grave como imaginar que a los neurocirujanos los eligiera el pueblo por voto, y para colmo de entre los recién egresados, porque eso —dirían— los acercaría a la gente. La operación más grande de López Obrador ha sido convertir la competencia técnica en sospecha moral. Quien acreditaba años de estudio se volvió “tecnócrata”; quien defendía el rigor se volvió “élite”; la palabra “experto” se cargó de connotaciones casi delictivas.

Es un movimiento retórico viejo —el del demagogo que necesita desprestigiar a quienes podrían contradecirlo con argumentos— y eficaz precisamente porque parece anti-elitista cuando, en realidad, es anti-ciudadano: priva a la ciudadanía del derecho a ser gobernada por personas competentes. Por lo demás, ni siquiera ensayaron un modelo serio de elección judicial —porque para eso también hace falta zorra— sino que lo simplificaron con tómbolas y acordeones.

Insisto: nada del daño de fondo parece importarle al régimen. Lo que sí le importa —y lo que verdaderamente está detrás de esta intentona— es el desastre operativo del nuevo Poder Judicial. Las pifias en las discusiones del Pleno de la Corte, sobre las que he escrito en este mismo espacio, son apenas un síntoma. Lo alarmante es lo estructural: el rezago, la falta de preparación de al menos algunos titulares, la acumulación del trabajo, la eliminación de las Salas y de dos ministros revela, nuevamente, la falta de astucia.

¿En qué cabeza cabe achicar un tribunal que ya estaba rebasado? En la de López Obrador. Hoy sus seguidores —al menos los que tienen que resolver el día a día en el máximo tribunal— notan el error y claman a los que realmente mandan —que no es el pueblo, sino la cúpula de Morena— que les ayuden a salir del desastre, aunque sea con mecanismos fifís y neoliberales. Eso sí: ya no se llamarán “salas” sino “secciones”, no vaya a ser que se note el regreso.

Detrás de todo lo anterior hay un vicio más profundo, y conviene nombrarlo con su nombre clásico: el despotismo. Montesquieu definió el despotismo como el gobierno de uno solo que, sin ley ni regla, lo arrastra todo por su voluntad. Kant, en La paz perpetua, añadió el matiz decisivo: el despotismo no se distingue por quién gobierna, sino porque la voluntad pública es manejada como si fuera la voluntad privada del gobernante. Una democracia puede ser despótica —y lo es, precisamente, cuando invoca al pueblo para gobernar sin contrapesos—. En el caso de Morena estamos ante un despotismo plebiscitario: se gobierna de espaldas a la ciudadanía al tiempo que se la proclama como única voz legítima. “Somos el pueblo”, “el pueblo ya habló cuando nos eligió”, “quien no está de acuerdo con nosotros está en contra del pueblo”.

No nos engañemos. Este no es un gesto de humildad que pretenda “acercar aún más la justicia al pueblo”; es un golpe sobre la mesa para reiterar la intención de controlarlo todo, de eliminar los contrapesos naturales de una democracia. Lavarle la cara al cadáver no servirá de nada: seguirá siendo un cadáver al que nadie se atreve a enterrar.

Si de verdad se preocuparan por ese pueblo que tanto mitifican, revertirían la reforma en lo esencial: restituir la carrera judicial, devolver al mérito, al estudio y a la experiencia su lugar como únicas credenciales para aspirar a la judicatura, restablecer la autonomía del Poder Judicial y las condiciones institucionales que permiten a un juzgador cumplir con su deber de independencia. Y, sobre todo, reconocer el error. Pero el déspota no reconoce errores: solo impone voluntades. Y a los Borgia, al menos, los recordamos porque sabían disimular.

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* Roberto Lara Chagoyán forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones.Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 2) y profesor-investigador en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Correo: @rolarch

** Aristegui Noticias, medio independiente multiplataforma, contribuye con la difusión de las actividades del Observatorio de la Justicia.