Violencia: atmósfera y experiencia | Artículo de Mario Luis Fuentes
Aunque los indicadores muestran una disminución relativa en la proporción de personas que se sienten inseguras, el dato de que más del 61% de la población urbana experimente temor en su propio entorno revela una magnitud que desborda cualquier normalización estadística.
- Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes
La violencia se instituye en la experiencia social como una atmósfera que impregna la vida cotidiana y la reconfigura desde dentro. La percepción de la inseguridad no es un fenómeno menor; antes bien, puede leerse como una forma de acción social cargada de sentido: una interpretación sedimentada del mundo que orienta conductas, retrae libertades y redefine los horizontes de lo posible. Desde una perspectiva más cercana a la constelación de Walter Benjamin, podría decirse que la violencia, incluso cuando no se manifiesta en su forma material inmediata, subsiste como una presencia espectral, una suerte de amenaza latente que organiza la experiencia del tiempo y del espacio.
Los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) confirman esta condición estructural de la percepción: aunque los indicadores muestran una disminución relativa en la proporción de personas que se sienten inseguras, el dato de que más del 61% de la población urbana experimente temor en su propio entorno revela una magnitud que desborda cualquier normalización estadística. Se trata, y no es exagerado decirlo así, de un umbral civilizatorio. En términos comparativos -aun sin precisar aquí una taxonomía internacional exhaustiva-, una sociedad en la que seis de cada diez personas perciben su entorno como amenazante no puede considerarse como garante de la dignidad.
El análisis de esta percepción muestra, además, que no se distribuye de manera homogénea. La inseguridad se territorializa, se condensa en ciertos espacios y se disipa en otros, generando una geografía emocional del miedo. Sin embargo, esta geografía no es estática; está atravesada por eventos que irrumpen con violencia simbólica y reorganizan de manera abrupta las representaciones colectivas. El caso de Puerto Vallarta, tras los episodios vinculados al abatimiento del líder criminal conocido como “El Mencho”, ilustra con claridad esta dinámica: un acontecimiento de alta intensidad puede reconfigurar en cuestión de semanas o de días la percepción de seguridad en territorios previamente considerados relativamente estables.
No obstante, una lectura apresurada de estas variaciones corre el riesgo de incurrir en lo que Weber denominaría una “comprensión insuficiente” del sentido de la acción. La pregunta crucial no es sólo si la percepción cambia, sino qué tipo de temporalidad encarna ese cambio. ¿Se trata de una oscilación coyuntural, una reacción afectiva ante un evento excepcional que eventualmente se diluye? ¿O estamos frente a la emergencia de nuevas configuraciones de la criminalidad que se inscriben de manera más permanente en el tejido urbano? La ENSU, por su propia naturaleza, capta el pulso inmediato de la percepción, pero no necesariamente permite discernir la duración profunda de los procesos que la generan.
Esta limitación remite a un problema más amplio: el de la representatividad territorial del instrumento. La encuesta recoge información en 91 áreas urbanas, lo cual constituye un esfuerzo estadístico potente y metodológicamente robusto. Sin embargo, en un país cuya complejidad urbana desborda con mucho ese universo de observación, surge la pregunta: ¿qué ocurre con las ciudades y municipios que quedan fuera del radar? Existen localidades de más de cien mil habitantes donde la violencia alcanza niveles extremos, pero que no son captadas por este dispositivo de medición. Podría decirse que estas zonas quedan sumidas en una suerte de “oscuridad estadística”, donde la violencia carece de inscripción en el registro público del conocimiento.
La consecuencia de esta invisibilización es doble. Por un lado, se limita la capacidad del Estado para reconocer la totalidad del fenómeno y, por tanto, para intervenir de manera eficaz. Por otro, se produce una forma de injusticia cognitiva: aquello que no se mide, pareciera no existir en el horizonte de la política pública. La violencia, entonces, no sólo destruye cuerpos y erosiona comunidades, sino que también borra su propia huella en los sistemas de información.
Aún con lo anterior, la ENSU ofrece un conjunto de datos que, interpretados con rigor, podrían constituir la base de políticas públicas diferenciadas, sensibles a las particularidades territoriales y a las dinámicas cambiantes de la percepción. Sin embargo, en la práctica, estos datos suelen permanecer en el nivel descriptivo, sin traducirse en estrategias concretas a nivel estatal y municipal. Esto implica una ruptura entre el conocimiento y la decisión. El aparato público dispone de información que le permitiría orientar su intervención, pero no la incorpora de manera sistemática en sus procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas. La violencia, en este sentido se instaura como un campo donde se evidencia la insuficiencia de las estructuras institucionales para procesar el conocimiento disponible.
La crítica de la violencia sugiere que no toda violencia es visible en su forma directa; existe también una violencia inscrita en las mediaciones, en las omisiones, en las estructuras que permiten que ciertos fenómenos persistan sin ser transformados. La persistencia de altos niveles de percepción de inseguridad, la volatilidad territorial de esta percepción y la parcialidad de los instrumentos de medición configuran, en conjunto, un escenario en el que la violencia se reproduce no sólo en las calles, sino también en las formas en que la sociedad la conoce.
Así, la tarea más difícil se encuentra en transformar las condiciones que hacen posible que la violencia se experimente como una constante de la vida urbana. Esto implica, en primer lugar, ampliar y perfeccionar los sistemas de información, incorporando territorios y variables que hoy permanecen fuera de la mirada institucional. Pero implica, sobre todo, reconfigurar la relación entre conocimiento y acción: convertir los datos en decisiones, las percepciones en diagnósticos operativos y los diagnósticos en políticas públicas diferenciadas y efectivas.
En última instancia, la percepción de la inseguridad es una forma de “verdad social”, una forma de verdad vivida, que orienta la conducta y define los límites de la libertad cotidiana. Comprenderla en toda su complejidad exige un esfuerzo hermenéutico que articule una nueva fenomenología del miedo con el análisis estructural de la violencia, y que, a partir de esa comprensión, abra la posibilidad de una transformación real.
Investigador del PUED-UNAM
