Reforma electoral: el debate que importa no es el del ahorro, sino el de la calidad democrática | Miguel Carbonell

Por Miguel Carbonell, Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.

La iniciativa de reforma electoral presentada por el Gobierno de México el 25 de febrero de 2026 llega con una virtud política indiscutible: pone sobre la mesa una discusión que el país necesita. Pero también llega con un riesgo evidente: que el debate público se quede en slogans —“austeridad”, “menos gasto”, “más voto directo”— y no entre al fondo de lo verdaderamente decisivo: cómo cambian los incentivos del sistema político y qué efectos tendrá eso sobre la representación, la competencia y la confianza en las elecciones.

La iniciativa de reforma se articula en diez ejes: representación proporcional del Congreso, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo y no reelección. Ese listado, por sí solo, muestra que no estamos ante un ajuste técnico menor, sino ante una propuesta que toca varios de los nervios centrales del sistema electoral mexicano.

Y ahí está precisamente el punto: una reforma tan amplia exige un debate mucho más fino que el de la simpatía o antipatía política hacia quien la propone.

El corazón del debate: representación y equilibrio de poder

El componente más sensible de la iniciativa es el relativo a la integración del Congreso. La propuesta plantea una Cámara de Diputados de 500 integrantes y subraya la idea de “todos por votación directa”; mantiene 300 distritos de mayoría relativa y redistribuye las 200 diputaciones restantes con una combinación que incluye candidaturas no ganadoras con mejores resultados, espacios por circunscripción y escaños para mexicanos en el extranjero. También plantea un Senado de 96 integrantes (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría).

Dicho de forma clara: aquí se juega buena parte de la reforma.

Porque una cosa es vender políticamente la fórmula de “voto directo” y otra muy distinta es garantizar que el Congreso siga reflejando, con razonable fidelidad, la pluralidad del país. La representación proporcional no es un adorno ni una concesión burocrática. Es un mecanismo para corregir distorsiones del sistema mayoritario. Si se rediseña mal, el resultado puede ser un Congreso más simple de explicar en una conferencia de prensa, pero menos plural y menos equilibrado en la práctica.

No basta con decir que se conserva una “misma fórmula” de representación proporcional prevista en la legislación actual, mientras al mismo tiempo se introduce una nueva distribución política de esas 200 diputaciones. Lo relevante será el detalle: cómo se asignan, con qué criterios, con qué efectos sobre los partidos pequeños y medianos, y qué tanto se preserva la proporcionalidad real entre votos y escaños.

Ese debate no es técnico en el sentido peyorativo de la palabra. Es profundamente democrático.

La austeridad puede ser una meta; no debe ser una ideología constitucional

La reforma también propone un “decremento del 25%” en el costo de las elecciones (incluyendo INE, partidos, OPLES y tribunales electorales), reducir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, bajar gasto en congresos, eliminar duplicidades en órganos electorales y disminuir regidurías conforme a población, con tope de 15.

Es comprensible que estas ideas tengan tracción política. El costo de la democracia en México ha sido una fuente constante de crítica pública. Y sí, la iniciativa tiene razón: hay espacios para revisar excesos, duplicidades y estructuras sobredimensionadas.

Pero es necesario decirlo sin rodeos: la democracia cuesta. Cuesta organizar elecciones, fiscalizar campañas, resolver impugnaciones, capacitar funcionarios, operar sistemas y garantizar certeza. El problema no es que cueste; el problema sería pagar mucho por un sistema ineficiente. Son cosas distintas.

Por eso, el estándar de evaluación no debería ser “si gasta menos”, sino “si gasta mejor sin debilitar garantías”. Una reforma electoral que reduzca costos pero deteriore fiscalización, independencia institucional o equidad en la competencia no sería una victoria republicana; sería una mala inversión democrática.

Donde la reforma sí parece tocar problemas reales: fiscalización e influencia digital

Hay un apartado especialmente relevante: el de mayor fiscalización. La propuesta anuncia acceso oportuno del INE a operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohibición de aportaciones en efectivo y uso de tecnologías en fiscalización.

Este eje, bien diseñado, podría mejorar de forma importante la integridad del sistema. La trazabilidad del dinero es uno de los puntos críticos en cualquier contienda electoral. Limitar el efectivo y mover recursos al sistema financiero puede cerrar espacios de opacidad. Dar al INE acceso oportuno puede volver la fiscalización más útil —porque hoy muchas irregularidades se detectan cuando el daño político ya está hecho y los ganadores ya están sentados en las sillas del congreso o de las oficinas administrativas—.

Aquí, sin embargo, también hace falta precisión jurídica: qué significa “acceso oportuno”, bajo qué controles, con qué límites y con qué salvaguardas de debido proceso. Pero, en términos de diagnóstico, el tema parece ser correcto.

Algo semejante ocurre con la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales. La iniciativa me parece atinada en cuanto al problema que quiere atender. Hoy la conversación pública electoral ya no se decide sólo en plazas y spots, sino en ecosistemas digitales donde operan automatización, manipulación de tendencias, contenido sintético y campañas de desinformación.

El problema en este tema es que el reto es monumental: si se regula con conceptos vagos, se produce una norma inútil; si se regula con exceso, se abre la puerta a restricciones indebidas a la libertad de expresión. Pero sería un error negar que el problema existe. En este punto, la reforma toca una preocupación contemporánea real.

Voto en el extranjero y democracia participativa: buenas direcciones, detalles pendientes

La propuesta también señala que se facilitará el voto a la diputación migrante para mexicanos residentes en el extranjero. En principio, la dirección es correcta. La diáspora mexicana tiene peso económico, social y familiar en el país, y su participación política ha sido históricamente subaprovechada.

Lo mismo puede decirse de la intención de ampliar instrumentos de democracia participativa (referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato) a estados y municipios, así como permitir tecnologías como voto electrónico en esos mecanismos.

Ambos temas, sin embargo, están formulados todavía en un nivel programático. Y ahí está la diferencia entre una buena idea y una buena reforma: en el diseño. En cuanto al voto en el extranjero importan los mecanismos de registro, identificación, seguridad y cómputo. En la cuestión de la democracia participativa importan los candados contra el uso faccioso, la captura gubernamental y la banalización de instrumentos excepcionales. En el asunto del voto electrónico importa, sobre todo, la confianza.

Radio, televisión, cómputos y no reelección: medidas con efectos menos obvios de lo que parecen

La reducción de tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral suena, para muchos, a medida de sentido común. Menos saturación, menos spots, menos desgaste. Pero también puede afectar la visibilidad de actores con menor presencia mediática o menor estructura territorial. La pregunta no es sólo si se reducen minutos, sino cómo se redistribuyen y a quién beneficia políticamente esa reducción.

Los cómputos distritales al término de la jornada electoral podrían agilizar resultados. Bien. Pero en elecciones, la rapidez nunca debe desplazar la verificabilidad. Si esta medida se acompaña de salvaguardas, puede servir; si se usa para empujar una lógica de “celeridad” por encima de la auditabilidad, puede generar más conflicto que certeza.

Y luego está uno de los temas con mayor potencia simbólica: la no reelección consecutiva inmediata a partir de 2030, junto con la reiteración de la prohibición de “heredar” cargos a familiares. El no nepotismo tiene una legitimidad política casi automática: conecta con una demanda social genuina contra la patrimonialización del poder. Pero la no reelección merece más reflexión de la que suele recibir en el debate público.

La reelección consecutiva puede generar abusos, sí. Pero también puede mejorar rendición de cuentas directa ante el electorado y profesionalización legislativa. Eliminarla no es automáticamente un avance democrático; depende de qué incentivos produce en los partidos, en las élites y en la relación representante-elector.

La prueba de fuego no está en la presentación, sino en la letra fina

El mayor problema de una discusión pública sobre reformas electorales en México es que suele polarizarse antes de entenderse. Se decide primero si se “apoya” o se “rechaza”, y sólo después —si acaso— se revisan las consecuencias institucionales.

Esa es exactamente la ruta que habría que evitar ahora.

La propuesta pone en evidencia que se trata de una reforma ambiciosa, con temas pertinentes y otros polémicos. El verdadero juicio sobre esta propuesta no puede hacerse con eslóganes. Tendrá que hacerse con preguntas incómodas y concretas:

-¿se preserva o se deteriora el pluralismo legislativo?
-¿se abarata la democracia o se abaratan sus garantías?
-¿se fortalece la fiscalización real o sólo se anuncia?
-¿se regula la IA con inteligencia jurídica o con reflejo punitivo?
-¿se combate el nepotismo sin afectar derechos políticos con reglas mal diseñadas?
-¿la no reelección mejora la representación o refuerza el control de las cúpulas partidistas?

Una reforma electoral puede cambiar mucho más que reglas de campaña. Puede cambiar la forma en que se distribuye el poder durante años. Por eso, el debate que importa no es si la iniciativa le “pega” políticamente a tales o a cuales partidos, sino si mejora la calidad democrática del Estado mexicano.

Y esa respuesta, por ahora, sigue abierta.