Estas son las fechas límite para implementar la Ley General sobre Desapariciones
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos dijo que es de vital importancia que la elección del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se realice, a más tardar el próximo 15 de febrero.
Foto: Cuartoscuro

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos demandó armonizar las estructuras de la ley general sobre desapariciones y detalló las fechas límite que tiene el estado para implementar las distintas etapas de la normatividad que entró en vigor la semana pasada. 

En un comunicado el movimiento señaló que para las familias es de vital importancia que la elección del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se realice de manera transparente y apegado al perfil establecido en el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A más tardar el próximo 15 de febrero tiene que implementarse la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano encargado de ejecutar y dar seguimiento a acciones de búsqueda.

El Consejo Nacional Ciudadano (CNC), órgano de consulta que tiene como función proponer acciones a las instituciones que conformen el Sistema Nacional de Búsqueda, debe entrar en funciones a más tardar el 16 de abril.

Las Fiscalías Especializadas (FE), unidades particulares para todas las procuradurías del país, especializadas en la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, que deberán coordinarse para garantizar en todo momento la búsqueda de las personas desaparecidas, tienen que entrar en vigor a más tardar el 15 de febrero. Y también las comisiones estatales de búsqueda y los diferentes registros y herramientas previstas por la ley.

El Movimiento sostuvo que en estos tres años impulsando la creación de una ley en materia de desaparición ha confirmado que para la construcción de una herramienta tan importante como esa, se requiere un diálogo entre los distintos actores involucrados, autoridades federales, autoridades estatales, expertos, sociedad civil, organismos internacionales y familiares de personas desaparecidas.

“Por ello, exigimos que esta etapa de implementación se construya con transparencia, diálogo y considerando en todo momento la participación de los colectivos de familias con personas desaparecidas, quienes hemos comprobado a pulso que nuestra experiencia en la búsqueda e investigación de nuestros familiares es indispensable”.








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