Cómo evitar dispendios exorbitantes en propaganda electoral | Artículo
Miguel Eraña propone poner a discusión si el mazacote de propaganda inútil debe ser sometido a una nueva racionalidad y controles.
Fotos: Cuartoscuro

Miguel Eraña Sánchez *

¿Cuántos ciudadanos levantarían hoy la mano en respaldo a los gastos de los partidos y a su financiamiento público?

Por eso vale llamar la atención que, de la gran bolsa del financiamiento oficial que esas organizaciones disponen, i) un tercio aproximado se escurre en gastos fijos de cada organización por compra-uso de (in)muebles, salarios de comités nacionales-estatales y programas específicos; ii) otro tercio en adquisiciones legales de productos utilitarios que reparten entre adherentes y ciudadanos en periodos electorales; y iii) un último tercio, en lo que aquí identifico como el mazacote de propaganda inútil y descomunal, acaba pagándose en diseño y renta de espectaculares, pendones y pinta de bardas o anuncios partidarios tan impertinentes como sufridos en los intermedios de salas de cine.

Con el texto de hoy, pongo a discusión si ya es hora de ver que dicho mazacote, o sea el último rubro en particular, sea sometido a una nueva racionalidad y controles. A través de un diseño creativo y austero de regulaciones en la propaganda que podría estrenarse en los comicios de 2021. Pensándose a nivel de constitución, leyes y protocolos reglamentarios en características como estas:

1. Cambio a reglas como las del art. 41 constitucional, párrafos últimos del Apartado A), que si bien ya prevén que “Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”, dicha prohibición igual debería extenderse a “la cinematografía” y a que tampoco “vulneren el catálogo de espacios con fines de propaganda que competa administrar como prerrogativas a las autoridades electorales” (INE-Oples).

2. Con lo anterior quedarían proscritos los contratos entre partidos-candidatos y compañías que operen cines o publicidad panorámica de uso exprofeso o improvisado en bienes muebles o inmuebles. Por lo que este aparente prohibicionismo empujaría en automático un cambio de paradigma sobre las maneras de promocionarse frente al electorado, en tutela directa y positiva del interés público.

3. Y no me refiero aquí a cambios en el modelo comunicacional ya en marcha dentro de la web (por demás irregulable), sino a un nuevo modelo prerrogativista sobre propaganda semi o estática que dote a la autoridad electoral (INE-Oples) de competencias como administradora y dispensadora legítima de espacios que difundan propaganda e imágenes panorámicas de candidatos y partidos, condicionándola a que garantice la simetría y equidad entre contendientes.

Para entender mejor esta atribución, repiénsese en cuántos sitios ya hay disponibles en múltiples oficinas, bodegas y paredes en posesión de instituciones públicas y electorales (nacionales, locales, distritales, municipales), las cuales deberían reacondicionarse de forma gradual y estratégica con otros espacios permanentes, para así distribuirlos entre partidos y candidatos en lisa, siguiendo aspectos del ejemplar modelo electoral francés, también afamado por su moderación de costos comiciales.

4. Lo anterior, clausuraría de tajo un rubro tragón de recursos de partidos con destinos insípidos (vastos impactos mínimos del mazacote en elecciones previas y últimas). Se libraría así al sistema electoral de ciertos contratistas ventajosos, quiénes, en la urgencia propagandista y con operaciones opacas, acaban esquilmando a contendientes y ciudadanos; y en muchos casos, degradando también el entorno y medio ambiente saludable.

5. Una bondad más del diseño propuesto es que abriría posibilidades de que las y los contendientes involucren a seguidores con formas interactivas y creativas que nutran su imagen y oferta política. Sin duda esto beneficiaría mucho a los partidos (y todavía más a los árbitros), en tanto que decrecerían esas brechas que los distancian del electorado (recuérdense falencias con jóvenes y el lúgubre ambiente de oficinas del INE), una vez conseguida con una buena administración arbitral no sólo los espacios para logos y plataformas identitarias de los partidos, sino otros escaparates configurables de forma más libre y festiva por seguidores de las facciones que vaciarían así la riqueza pluralista, plástica y digital habida en el país y sus regiones (no sería extraño, inclusive, ver hasta cierta institucionalización de un graffitismo de causas representativas).

Aunque restaría largo trecho en opinar sobre esta temática, confío en que hoy existen fuerzas políticas -y tal vez autoridades electorales- sin renuencia para replantear cambios de raíz en el sistema electoral mexicano.

Y si aún no es posible tener acuerdos en la Legislatura LXIV vigente que acoten impopulares recursos y prerrogativas de los partidos, las propuestas aquí deslizadas coinciden en lo fundamental. Pero vale subrayar que éstas en particular no buscan el menoscabo sino potenciar el partidarismo al refrescarlo; viendo especialmente que toda fuerza política sea capaz de asumir el imperativo cívico y ético de racionalizar sus actuaciones, en tanto que habilitan árbitros electorales verdaderos y no meros floreros que den fe notariada de sus excesos posibles.

En mi parecer, ambos líderes de las bancadas mayoritarias en una y otra cámaras del Congreso poseen sensibilidad y liderazgos clave para empujar iniciativas que repongan discusiones sobre la transformación del régimen electoral, ya de suyo impostergables en una nación de agravios sociales evidentes.

Que partidos y pseudoárbitros sigan como Nerones del siglo XXI quemando cerros de propaganda inútil frente a necesitados, es anomalía de lesa democracia con obligado destierro en tiempo de cambios.

*Abogado potosino, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde imparte asignaturas del ámbito del Derecho Constitucional como Derechos Humanos, Parlamentario y Electoral.








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