México cierra 2025 con el fin de la transición democrática, coinciden analistas

Alfredo Figueroa, Denisse Dresser y Edmundo Jacobo Molina advirtieron que México cerró 2025 con una profunda reconfiguración del Estado, marcada por la concentración del poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el fin de la transición democrática iniciada en los años noventa, durante una mesa de análisis transmitida en Aristegui en Vivo.

Los analistas coincidieron en que las reformas impulsadas por la autodenominada Cuarta Transformación han dado paso a un régimen con rasgos autoritarios, cuyos efectos políticos, económicos y de gobernabilidad se proyectan con mayor intensidad hacia 2026.

Durante el balance de fin de año coincidieron en que uno de los hechos centrales de 2025 fue la reforma y posterior elección del Poder Judicial, la cual, afirmaron, alteró de fondo la división de poderes.

Alfredo Figueroa sostuvo que este proceso no respondió a una lógica de fortalecimiento institucional, sino a un objetivo de control político al referirse al nuevo diseño del sistema judicial.

Hoy ni siquiera como condición de posibilidad puede considerarse un poder en sí mismo, sino un apéndice del poder ejecutivo en México.

Figueroa consideró que la reforma judicial se convirtió en “el símbolo más acabado de la destrucción institucional en México” y sostuvo que su aprobación fue posible mediante una sobrerrepresentación legislativa obtenida tras las elecciones de 2024.

“Fue posible mediante el fraude a la Constitución, mediante el fraude a la representación popular”, dijo, y resaltó que Morena utilizó su mayoría para consolidar un proyecto político que busca el control de los poderes del Estado.

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En su intervención, Denisse Dresser coincidió en que 2025 marcó el cierre definitivo del régimen de la transición democrática electoral, construido durante más de tres décadas.

Señaló que dicho modelo, aunque imperfecto, se basaba en contrapesos, descentralización, profesionalización del servicio público y transparencia.

Fue un régimen en muchos sentidos fallido, saboteado desde dentro por los propios partidos, pero que sí tuvo logros significativos.

Dresser explicó que ese régimen fue sustituido por lo que denominó “un régimen de autoritarismo competitivo”, el cual conserva las formas externas de la democracia, pero ha vaciado su contenido.

“Hay elecciones, hay prensa, permanece ahí el poder judicial, permanece ahí el Congreso, pero es una simulación de una democracia que en los hechos se ha vaciado”, sostuvo.

A su juicio, las instituciones han sido “colonizadas”, primero el Congreso, luego el Poder Judicial, y eventualmente la autoridad electoral.

La politóloga advirtió que la posible reforma electoral anunciada por el gobierno federal podría cerrar este proceso de concentración del poder.

Asimismo mencionó que, a partir de los antecedentes, se perfila “un esfuerzo muy deliberado por permanecer en el poder y eliminar todo aquello que pueda cuestionar ese poder”, incluyendo a los organismos electorales y a los medios de comunicación.

Por su parte, Edmundo Jacobo Molina afirmó que el rasgo que define al año que termina es “la materialización de la reconfiguración del Estado mexicano”.

Explicó que este proceso se apoyó en las reformas constitucionales aprobadas entre septiembre y noviembre del año anterior, como parte del llamado Plan C, las cuales se ejecutaron gracias a una mayoría legislativa sobrerrepresentada.

La Cámara de Diputados obtiene el 54% de los votos y tiene el 74% de los curules.

Jacobo subrayó que estas reformas no se limitaron al ámbito electoral o judicial, sino que incluyeron cambios a la Ley de Amparo, modificaciones en la Fiscalía General de la República y la desaparición o reducción de organismos autónomos.

Si no vemos estos elementos como una reconfiguración del Estado mexicano para volver a concentrar en el Ejecutivo Federal y controlar desde ahí el Congreso y el Poder Judicial, entonces no estamos viendo el cuadro completo.

Al abordar los escenarios para 2026, Jacobo advirtió que una reforma electoral impulsada desde la Presidencia podría ser regresiva y afectar la representación política.

Jacobo Molina dijo que este tipo de cambios suelen ser utilizados por regímenes autoritarios para garantizar resultados favorables.

“Una de las primeras cosas que buscan es cooptar a los órganos electorales para garantizarse artificialmente el resultado de unas elecciones”, afirmó, al citar ejemplos de otros países de la región.

Sobre ello, Denisse Dresser añadió que, mientras la Cuarta Transformación avanza sin obstáculos en el plano político, enfrenta un escenario cada vez más complejo en materia económica y en la relación con Estados Unidos.

Explicó que el crecimiento ha sido limitado, que empresas estratégicas como Pemex y la CFE enfrentan serias dificultades y que la falta de certidumbre institucional afecta la inversión.

No hay nada que la 4T pueda celebrar en términos económicos.

También advirtió que la relación con Estados Unidos estará marcada por mayores presiones en temas de seguridad, energía y combate al crimen organizado, y expuso que, el discurso de soberanía del gobierno federal contrasta con las concesiones que se están realizando.

No se puede presumir que somos un país absolutamente fuerte e independiente, cuando el gobierno cede en cada uno de los ámbitos que Donald Trump le exige.

Finalmente, Alfredo Figueroa declaró que el deterioro institucional no comenzó en 2018, sino años antes, aunque reconoció que en el actual periodo ese proceso se volvió explícito y acelerado; sin embargo, coincidió en que el país enfrenta un momento crítico.

Los tres analistas concluyeron que el balance de 2025 deja abiertas interrogantes sobre la vigencia del Estado de derecho, la calidad de la democracia y la capacidad del nuevo régimen para gobernar un país atravesado por crisis políticas, económicas y de seguridad.