La industria criminal del tiempo compartido: cómo operan los fraudes ligados a cárteles mexicanos en EE.UU.

Por: Lilia Saúl Rodríguez

Alberto y Luisa son una pareja de estadounidenses, con más de 60 años de edad, que decidieron aceptar una oferta que no buscaron, pero que les ofrecieron, vía correo electrónico, para rentar, en un principio, su propiedad de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco.

Lo que comenzó con una oferta terminó en una estafa de más de 16 millones de pesos, ya que Alberto y Luisa depositaron diferentes cantidades en dólares a diversas empresas originarias de Jalisco, aunque ellos no lo sabían.

Los supuestos funcionarios de Estados Unidos y México les hicieron creer que el dinero se les devolvería, pero esto nunca ocurrió.

Así como Alberto y Luisa, desde que inició la pandemia (2019) y hasta 2023, el gobierno de Estados Unidos reportó, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) más de 6 mil víctimas que sufrieron pérdidas por casi 300 millones de dólares debido a los fraudes de tiempo compartido.

En 2024 el IC3 (Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI) recibió 900 quejas y pérdidas por 50 millones de dólares.

Aristegui Noticias conoció de testimonios de estas víctimas de fraudes por tiempos compartidos. El abogado Roberto Keoseyan compartió con este medio las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales.

El modus operandi de este fraude suele contar con expertos que conocen del sistema financiero en Estados Unidos. Ofrecen brokers o intermediarios especializados, ofrecen el pago de impuestos, depósitos en transferencias bancarias internacionales y les hacen creer que el dinero les llegará en algún momento, previo el pago de otras sumas importantes, para “liberarles” el dinero que se les pagará por la propiedad.

El abogado Keoseyan mencionó a Aristegui Noticias que ya están tan organizados los estafadores que falsifican documentos oficiales del gobierno federal, falsifican nombres de funcionarios, grabaciones, simulaciones de voz, en suma, fraudes cibernéticos.

Una de las empresas afectadas por estos fraudes es Vidanta, del empresario Daniel Chávez Morán, que cuenta con diversos centros turísticos y propiedades que ofrecen a sus clientes la compra de tiempos compartidos. También se han visto afectados en este modus operandi bancos que son utilizados para estas estafas, como BBVA o Santander y de aseguradoras como Mapfre. Los delincuentes también utilizan fraudulentamente incluso membrete y nombre de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o realizan llamadas, haciéndose pasar por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Keoseyan mencionó a este medio que incluso la voz del entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, fue supuestamente utilizada para uno de estos esquemas de fraude. Y empresas como Vidanta, son de las más afectadas, al igual que sus clientes, ya que el abogado considera que es evidente que alguien está filtrando la información de sus clientes.

Lo que dice Vidanta

Vidanta informó a Aristegui Noticias acerca de las denuncias penales que ha presentado como Grupo Vidanta contra terceros por fraudes cometidos mediante suplantación de identidad en perjuicio de sus clientes.

Algunas de las acciones realizadas han sido las siguientes: Se han presentado un total de 16 denuncias penales en contra de diversas personas tanto físicas como morales. La primera de ellas fue presentada el 20 de junio de 2019 y la más reciente el 21 de junio de 2025.

“Dichos procedimientos tienen como punto de partida los siguientes delitos:

– Suplantación de identidad: al hacerle creer falsamente a nuestros clientes que quien se comunica con ellos tiene una relación directa o forma parte de Grupo Vidanta.

– Uso indebido de marcas: para perpetrar el engaño los defraudadores utilizan indebidamente logotipos, imágenes, marcas y nombres comerciales propiedad de Grupo Vidanta”.

El Grupo Vidanta comentó a Aristegui Noticias sobre las medidas que la empresa ha implementado para prevenir fraudes, proteger a sus clientes y colaborar con las autoridades.

“Desde 2014, Grupo Vidanta ha mantenido una estrategia permanente de comunicación preventiva dirigida a clientes nacionales y extranjeros para alertar sobre intentos de fraude, suplantación de identidad y uso indebido de marcas. Estas acciones incluyen el envío frecuente de correos electrónicos, cartas postales, materiales impresos, videos y campañas digitales con recomendaciones específicas, así como una guía de prevención de fraude firmada por cada cliente durante el proceso de verificación. A partir de 2020, durante la pandemia, la empresa reforzó sus mecanismos de comunicación y control debido a un incremento global en los intentos de fraude que afectaron al turismo y otros sectores”, detalló Vidanta a Aristegui Noticias.

En paralelo a la notificación a los clientes, Grupo Vidanta ha promovido denuncias penales contra personas y empresas involucradas en suplantación de identidad y fraude. Estas acciones han resultado en cateos y desmantelamiento de call centers apócrifos en Puerto Vallarta, órdenes de aprehensión contra imputados, aprehensión de responsables (incluyendo la deportación de un extranjero), congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas, y cancelación de folios mercantiles utilizados por empresas fraudulentas. Los procedimientos se encuentran en distintas etapas, con algunos casos concluidos, según señaló Vidanta.

La empresa enfatiza que sus contratos de tiempo compartido son para uso personal y familiar, y que Vidanta nunca contactará a los clientes para rentar, revender o comercializar sus semanas.

“Esta política se comunica claramente y se firma en la guía de prevención de fraude. Se advierte a los clientes que verifiquen la autenticidad de las comunicaciones a través de canales oficiales y que reporten ofertas sospechosas”, detalla Vidanta.

Los fraudes no terminan

Los fraudes con relación a los tiempos compartidos han escalado a tal nivel que desde el año pasado el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, impulsó una campaña para que las personas que fueran propietarias de un tiempo compartido denunciaran si eran estafadas e incluso les alertaban de varias “red flags” o banderas rojas de alerta por si acaso, después de haber sido estafados, les ofrecían recuperar su dinero.

Recientemente el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio a conocer un esquema de fraudes en tiempos compartidos que vinculaba directamente a integrantes del crimen organizado, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En redes sociales, tanto en Estados Unidos como en México se ofrecen estos tiempos compartidos pero promocionados por páginas web de terceros.

En el caso de Luisa y Alberto, ciudadanos estadounidenses y mexicanos, nunca ofrecieron su tiempo compartido en renta ni venta. Ni siquiera entraron a redes sociales a buscar impulsar la renta o venta del suyo.

El fraude consistió en una serie de solicitudes de pago bajo diversos pretextos, incluyendo “cuotas de uso“, pagos del “Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras” (FBAR), “impuesto sobre declaraciones”, “impuesto de alojamiento del IVA”, “reincorporación de fideicomisos bancarios”, “cuotas de cierre de venta”, “impuesto sobre ganancias de capital” y “cuotas por servicios de instituciones financieras”.

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Estos pagos fueron solicitados por entidades como Title Works Services (Montana, EE. UU.), National Real Estate Investors, Logística AIC SAS de CV, ISR Tax Administration SAS de CV, Tax Offices and Solutions IUF SAS y Depsa Operadora de Inmuebles y Servicios Turísticos SAS de CV.

La pareja realizó varias transferencias electrónicas a estas entidades entre el 10 de septiembre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024. Pero todas estas empresas tenían su origen en México, no Estados Unidos y exactamente, estaban ubicadas en Jalisco.

Lo que hacen los gobiernos de México y Estados Unidos

En agosto de este año, el gobierno de Estados Unidos alertó de este fraude y que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás.

Al menos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reporta que esto comenzó desde 2012 y que cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación están detrás de estos fraudes.

Uno de sus comunicados más amplios del gobierno de Estados Unidos fue el publicado en julio de 2024, donde se señala lo siguiente:

“Según los informes al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3, por sus siglas en inglés) y la Base de Datos de la Red de Centinelas de Consumidores de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), aproximadamente 6,000 víctimas en los EE. UU. informaron haber perdido un total de casi $300 millones entre 2019 y 2023 debido a esquemas de fraude de tiempo compartido en México. Según el FBI, esta cifra probablemente subestima las pérdidas totales, ya que se estima que el 80 por ciento de las víctimas eligen no denunciar la estafa debido a la vergüenza, la falta de recursos u otras razones”.

El FBI incluso lanzó un video el año pasado también para promover la denuncia entre sus ciudadanos.

De las últimas noticias que se dieron a conocer sobre el tema está la revelación del 22 de septiembre de este año en el que se dio a conocer una acusación formal en contra de Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro, entre otros, por estar vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a las estafas que se realizan con los tiempos compartidos. Sin embargo, desde 2024 ya se les había vinculado con esta estafa.

Adicionalmente, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos hace varias recomendaciones a sus usuarios, para no caer en estas estafas.

Por su parte, el gobierno mexicano realiza recomendaciones, entre ellas, no aceptar cualquier oferta y comprobar que efectivamente la entidad existe al menos en el sistema financiero mexicano. Y la Cancillería ha intentado que las personas en particular de la tercera edad, no caigan en este delito.