Agricultores denuncian amenazas del gobierno y advierten posible extensión del megabloqueo

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), denunció presuntas amenazas del gobierno federal contra David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que un funcionario de la Secretaría de Gobernación, a quien identificó como Tonatiuh, llamó a Estévez la mañana de este lunes “para amenazarlo”.

Rodríguez responsabilizó al gobierno de cualquier acción legal o intimidatoria en su contra. Según relató, un funcionario identificado como Tonatiuh habría advertido la apertura de carpetas de investigación y otras medidas dirigidas a frenar la participación de transportistas en el movimiento.

Rodríguez advirtió que estas presiones forman parte de un patrón más amplio de descalificación. “Cuando el gobierno quiere hacer acusaciones no le faltan formas”, señaló, y sostuvo que las autoridades buscan “hacerse dueños también de la voluntad de los mexicanos”.

Aseguró que las amenazas no detendrán las protestas y cuestionó la congruencia de que, por un lado, se les convoque al diálogo y, por otro, se intente intimidarlos. “Si eso piensan… y luego por otro lado nos llaman al diálogo, pues están locos”, dijo.

Se refirió al comunicado de la Secretaría de Gobernación, en el que fueron convocados a una mesa de trabajo la mañana de este lunes, y que rechazó que “intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales”.

“Si ellos creen que detrás de nosotros hay otros intereses que nos están moviendo, nos acusan de que nos mueven los del PAN y los del PRI, eso es lo más alejado de la realidad”. Advirtió que esa postura impide cualquier acercamiento real, pues “si no hay un reconocimiento tácito de la organización, ellos desde ahorita nos están diciendo que no están de acuerdo en atender nuestras demandas”.

“Tope donde tope”

El dirigente reiteró que el movimiento mantendrá su postura pese a las presiones. Subrayó que seguirán adelante con las movilizaciones previstas y que no permitirán que las amenazas condicionen sus demandas: “Preferimos seguir nuestra lucha, continuar con nuestras demandas y pues tope donde tope”.

Rodríguez adelantó que el megabloqueo podría prolongarse varios días, “hasta que se resuelva esto, porque es la última llamada”. Explicó que las movilizaciones ya abarcan múltiples estados y que permanecerán en carreteras y aduanas mientras no exista “una invitación respetuosa al diálogo” y un reconocimiento pleno del movimiento por parte del gobierno.

Informó que tomarán aduanas y carreteras en varios estados del país y pidió comprensión a los automovilistas: “Yo les diría que nos disculpen por lo que tenemos que hacer. Nos vemos obligados a hacerlo. Todos quisiéramos estar en nuestros ranchos trabajando, pero no es posible seguir subsidiando el consumo nacional con nuestros propios recursos y permitir que el gobierno siga desistiéndose o siga haciendo caso omiso a su responsabilidad, que es lo que le marca la Constitución”.

Calculó que para el mediodía habría acciones en 28 estados de la República.

Cinco demandas centrales al gobierno federal

El dirigente expuso los puntos que la organización impulsa para rescatar al sector agrícola. Señaló que el primer objetivo es que el Estado implemente “una posición o un programa de agricultura nacional donde no dependamos de la bolsa de Chicago, donde no dependamos de una comercialización especulativa, sino que tenga una base fundamentada en los costos de producción y la utilidad que deben de obtener los productores”.

También demandó que “la salida de los granos básicos del tratado de libre comercio” sea una prioridad, pues aseguró que no existen condiciones equitativas para competir frente a productores estadounidenses altamente subsidiados. Recordó que, mientras en México prevalece la crisis, “en Estados Unidos se le inyectan millones y millones de dólares a la agricultura, de tal manera que nos dejan en un total estado de abandono y de desigualdad”.

El tercer punto es la creación de un banco de desarrollo específico para el campo, ya que “la banca comercial jamás nos va a atender a los agricultores que somos ejidatarios o que somos comuneros o pequeños propietarios”. Junto a ello, el FNRCM exige que los precios de garantía incluyan a todos los productores, no solo a los pequeños.

Subrayó la urgencia de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que respete derechos adquiridos y favorezca el desarrollo productivo.

Importaciones subsidiadas y concentración del mercado

Rodríguez afirmó que una parte central del conflicto actual proviene de “unas importaciones totalmente subsidiadas por parte del gobierno de Estados Unidos”, en un claro afán de “apoderarse del mercado interno y desmantelar la planta productiva nacional”. Denunció que los subsidios en ese país terminan concentrados en grandes corporaciones como Cargill, que intervienen de forma determinante en los precios del maíz, trigo, frijol y otros productos.

Criticó la disparidad entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor: “No es posible que a nosotros nos paguen el maíz a cuatro pesos y la tortilla la vendan a 27 pesos”. A su juicio, empresas como Maseca y Minsa mantienen márgenes desproporcionados que afectan tanto al productor como al consumidor.

Sobre el precio de garantía anunciado recientemente por el gobierno federal, el dirigente acusó que se trató de una maniobra para dividir el movimiento: “Fue un intento por fracturar el movimiento […] ofrecieron 950 pesos de apoyo para que el maíz se estuviera comprando a 6,900 pesos”. Sin embargo, aseguró que al día siguiente Minsa y Maseca bajaron mil pesos al precio, por lo que “se quedaron con todo el apoyo más 50 pesos de lo que ya teníamos”, mientras los productores siguieron perdiendo.

También denunció prácticas similares en el mercado de frijol, donde “nos compran el frijol a 12 pesos a los productores y lo venden en 35, 40 y hasta 50 pesos en el mercado”. Sostuvo que estas distorsiones explican la caída del consumo del frijol y el aumento de productos ultraprocesados.

Conflictos de interés en el sector agropecuario

El dirigente cuestionó el rol de empresas con influencia directa en las políticas del campo. Señaló a la propietaria de Minsa, Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de un conflicto de interés.

También afirmó que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, fue recomendado por el empresario Jesús Vizcarra, dueño de SuKarne: “Tenía 30 años que no vivía en México, vivía en Chile, y llega aquí curiosamente de Sinaloa, de donde es Chuy Vizcarra. Y la primera muestra de dependencia de Chuy Vizcarra es que se acepta la entrada de un barco con ganado de Nicaragua que posiblemente pudiera estar contaminado de gusano barrenador, y en la peor crisis del gusano barrenador le permiten a Chuy Vizcarra descargar ganado en Mazatlán”.