Deportados a la ciudad cárcel: el periodista expulsado a la frontera sur de México | Especial Forbidden Stories
En Venezuela, Roberto Betancourt recibió amenazas de muerte por su trabajo como periodista. Tras vivir una década en Estados Unidos y una detención migratoria que se convirtió en un calvario, fue deportado a México, país en donde aún espera el desenlace de un laberinto administrativo digno de Kafka. Su caso está entre las cerca de 20 mil expulsiones a un tercer país hacia México bajo la segunda administración Trump.
- Redacción AN / MDS
Por Georgina Pease / Forbidden Stories*
María de Jesús Peters y Juan de Dios García Davish participaron en el reporteo
Con la asesoría de Susie Neilson, Eduardo García y el Programa de Reportajes de Investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley
Hallazgos Clave
– La administración de Trump ha deportado a decenas de miles de migrantes a ciudades ubicadas al sur de México, pese a que no tienen ningún tipo de conexión con ese país, todo esto bajo una política sin precedentes de expulsión a terceros países que viola el debido proceso, según lo denunciado por abogados migratorios.
– Al sur de México, los deportados quedan atrapados en puntos migratorios históricos, sin ninguna protección, estatus legal e información limitados, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el crimen organizado y redadas migratorias.
– Un periodista venezolano que llegó a Estados Unidos hace más de diez años, luego de enfrentar persecución relacionada con su trabajo en su país natal, fue deportado a la ciudad de Tapachula en enero y continúa en México.
El 26 de enero, una camioneta de ocho asientos del departamento de migración atravesó el desierto de Sonora, al sur de Arizona, para finalmente llegar al concurrido cruce fronterizo de Nogales. Desde la ventana, Roberto Betancourt observaba el oxidado muro fronterizo que ha mantenido dividida a la comunidad desde que fue levantado en los años noventa.
Desde su lugar, observó cómo los agentes de migración escoltaban a otros detenidos provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Centroamérica, para subirlos a tres autobuses blancos que los esperaban en el lado mexicano del puerto de entrada.
Betancourt no tenía ninguna intención de subirse a uno de los camiones. Recuerda que pensó: “Yo voy a negarme. Estoy en mi derecho”.
Para ese momento, Betancourt estaba acostumbrado a los caprichos de las autoridades de migración estadounidenses. El periodista venezolano fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 14 de julio del 2025, desde entonces, había sido transferido a 12 centros de detención diferentes y los agentes habían intentado deportarlo en dos ocasiones.
El primer intento fue a finales de diciembre del 2025, cuando agentes migratorios lo enviaron en camión a San Diego, en la frontera con Tijuana. Betancourt le dijo a los oficiales que no podían obligarlo a cruzar, México no era su país de origen y tenía miedo de lo que pasaría si lo enviaban allí sin ningún estatus migratorio, añadiendo que deportarlo sin el debido proceso era ilegal. Los agentes cedieron y lo regresaron a un centro de detención.
Un mes después, en el aeropuerto Mesa Gateway de Arizona, agentes de migración intentaron obligar a Betancourt a subir a un avión con destino a Venezuela. Les indicó que en 2024, una década después de que huyera por persecución política en Caracas, un juez le había otorgado protección para evitar ser deportado a su país de origen. ICE ignoró sus argumentos y un oficial del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos tuvo que intervenir a su favor.
En Nogales, recordó, las cosas fueron distintas. Ahí, cuatro agentes de migración armados subieron a la van para acorralar a Betancourt. “Te van a deportar a los golpes si es necesario”, expresó Betancourt.
Durante los seis meses que estuvo detenido, Betancourt vivió, lo que describió como un trato inhumano y deshumanizante, incluidos períodos de hasta 25 horas esposado, así como encierros prolongados con decenas de detenidos en salas de contención donde el hacinamiento los obligaba a turnarse para poder acostarse y descansar. Aún así, estaba determinado a continuar luchando por su caso y regresar a la vida que había construido durante la última década junto a su familia en Miami. Para hacerlo, era necesario que permaneciera en suelo estadounidense.
Para evitar ser golpeado, Betancourt cruzó la frontera con la intención de explicar su caso a las autoridades migratorias de México, tal vez escucharían. “No respondieron, se hicieron los locos literalmente”, dijo.
Los oficiales estadounidenses forzaron a Betancourt a subir al camión mexicano junto a aproximadamente otras 40 personas. Momentos después atravesaban la parte rural de Sonora con rumbo a un destino desconocido, en un país extraño.
La avenida Internacional en Nogales, corre de manera paralela al muro fronterizo del lado mexicano. Antes de que fuera construido el cerco, la calle marcaba la división fronteriza. (Crédito: Georgina Pease)
Automóviles y peatones cruzaran regularmente la garita de Nogales entre Estados Unidos y México, en donde agentes del ICE comenzaron a expulsar constantemente a ciudadanos no mexicanos en 2025. (Crédito: Georgina Pease)
México, en el centro de la estrategia de Trump para expulsar migrantes a terceros países
Casos como el que vivió Betancourt en Nogales eran aislados. Sin embargo, en el último año y medio se convirtió en algo cotidiano. Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2025, México ha recibido a cerca del 80% de los 25 mil 427 migrantes expulsados a países que no son sus lugares de origen. En gobiernos anteriores, este tipo de deportación, conocida como expulsiones a terceros países, sucedían de forma ocasional y bajo un estricto análisis caso por caso. Pero al cumplirse el primer mes de la segunda administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una directiva que convirtió este mecanismo en una pieza medular de su política antimigratoria.
Esta nueva política de migración con mínima supervisión, ha estado vinculada a graves vulneraciones del debido proceso y violaciones de derechos humanos en suelo estadounidense y en los países que reciben a los deportados. Durante seis meses, 72 periodistas de 24 medios de comunicación en 15 países, colaboraron en una investigación de Forbidden Stories que cuestiona esta práctica y su impacto.
La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos, ratificó el fallo de una instancia inferior que declara ilegal la política de remoción a un tercer país. La corte determinó que las autoridades no están notificando a los migrantes con suficiente antelación ni les están otorgando la oportunidad de oponerse al traslado.
La abogada en migración, Trina Realmuto calificó la decisión como una “gran victoria”, el abogado del DHS, James Percival, publicó en su cuenta de la red social X, que la resolución “actualmente no tiene efecto”y que ‘”la política de deportación a un tercer país continúa”. Abogados prevén que el DHS apelará ante la Suprema Corte.
La vocera de la Casa Blanca Lauren Bis respondió a Forbidden Stories que “las únicas personas ilegales que están siendo enviados a terceros países, son aquellas que sus países de origen no los aceptan, incluyendo criminales peligrosos o ciudadanos ilegales con ordenes de remoción que han solicitado no ser enviados a sus países de origen”.
En contraste con al menos 35 países que han firmado acuerdos para recibir a ciudadanos de de terceros países, desde los Estados Unidos, mientras tanto el trato realizado entre México y su vecino del norte para acoger a ciudadanos no mexicanos, es secreto y opaco. En marzo, John A. Schultz, alto funcionario del DHS, confirmó ante la Corte que el ICE ha “establecido un camino de deportación a terceros países hacia México”.
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado públicamente la firma de algún acuerdo que convierta a México en un tercer país. El gobierno mexicano contestó con este mismo argumento a un correo enviado por Forbidden Stories, en el cual, la autoridad no respondió otras preguntas.
Cansancio, ansiedad, incertidumbre
Mientras las horas en el autobús se transformaban en días, Betancourt se cuestionaba si su hermano, quien cuidadosamente había rastreado como ICE lo llevó a quince centros de detención diferentes en un periodo de seis meses, lograría descubrir su paradero. También se preguntaba cómo harían su esposa y padres para disimular la angustia ante sus hijos, de siete y diez años, en el momento en que su nombre desapareciera del sistema de búsqueda de detenidos del ICE.
A lo largo de seis meses bajo custodia migratoria, Betancourt fue trasladado por una red de 12 centros de detención en el sur de Estados Unidos, previo a su expulsión hacia México. (Crédito: Georgina Pease)
“El cansancio te vence, la ansiedad, toda la incertidumbre te vence”, expresó.
Mientras Betancourt desviaba su mirada del árido paisaje desértico de la carretera hacia las docenas de personas en los frente a él, la curiosidad se abrió ganó sobre el miedo y duda. Frente a él había una mujer joven que parecía adolescente, y otros tenían el cabello lleno de canas.
El grupo parecía desaliñado, y el aroma de cuerpos sin bañar era un constante recordatorio de las condiciones que habían vivido en detención. Mientras estaban hacinados en hangares en el aeropuerto Mesa Gateway de Arizona, a muchos no les habían permitido bañarse ni cepillarse los dientes durante casi una semana. La preocupación era evidente en los rostros de los pasajeros, y Betancourt vio que algunos tenían lágrimas en sus mejillas.
Era la primera vez que Betancourt era trasladado sin esposas y aprovechó para recorrer el pasillo del camión y hablar con los otros detenidos. En ese momento se dio cuenta que muchos de ellos habían perdido sus permisos para vivir y trabajar en los Estados Unidos, cuando Trump canceló los programas de permisos humanitarios iniciados por su antecesor, Joe Biden.
Otros connacionales le dijeron que para escapar de las condiciones que vivían en los centros de detención, aceptaron la deportación voluntaria, pero no regresar a Venezuela. Le contaron que los agentes migratorios les habían dicho que los autobuses los llevarían a Ciudad de México y posteriormente serían llevados en avión a Caracas.
El camión atravesó Ciudad de México y continúo al sur.
Betancourt se rehusó a firmar el aviso de expulsión a México que le dio el oficial de deportación del ICE.
En la parte trasera del autobús, Betancourt se sentó junto a un hombre llamado Darwin Maldonado, con quien se turnaban el asiento del pasillo y la ventana mientras el sol se ponía, salía y se ponía de nuevo. Maldonado, quien había dejado Honduras cuando tenía ocho años para unirse a su madre en Estados Unidos, le contó a Betancourt sobre sus cuatro hijas en el sur de California. Betancourt también le habló a Maldonado de sus hijos, quienes nacieron en Florida después de que él se mudara a aquel país, para escapar de la intensa persecución política que vivía en Caracas.
“Todos teníamos años de esfuerzo que estábamos dejando atrás, desde los arraigos familiares hasta las cosas materiales que no te han regalado durante la vida sino que hemos trabajado por ella”, dijo Betancourt. “Para uno como ser humano es un shock bien impactante”.
Censura e intimidación
En los Estados Unidos, Betancourt trabajaba como periodista audiovisual y productor. Junto a la reconocida y también exiliada periodista venezolana, Patricia Poleo, producía un programa de análisis político sobre América Latina, para el medio digital Factores de Poder.
Como estudiante en la universidad de Santa María en Caracas, Betancourt no estaba tan involucrado en la política. Sería su abuela quien reconocería su carácter carismático, pasión por el béisbol y don para cuestionar, quien le dijo que sería un buen periodista deportivo y fue en lo que se convirtió.
En los años que siguieron al intento de golpe de Estado de 2002 que interrumpió el primer mandato del entonces presidente Hugo Chávez, Betancourt finalizaba su licenciatura y a la par narraba partidos de fútbol y béisbol para los fanáticos de Caracas. Disfrutaba el trabajo y parecía la carrera profesional que había visualizado.
No obstante, el plan cambió durante las elecciones del 2006, cuando fue asignado a cubrir la campaña del líder opositor Manuel Rosales. Recuerda que tras seguir la gira de Rosales por tres meses a lo largo del país “me quedé con esa espinita del periodismo político”.
Betancourt pagó un alto precio tras involucrarse en la política. El 3 de junio de 2010, poco después de las ocho de la mañana y a escasos momentos de haber llegado a su oficina ubicada en la capital de Venezuela, dos personas armadas ingresaron a las instalaciones, lo amenazaron con un arma de fuego, amarraron de las manos y amordazaron, para posteriormente llevarse el equipo de cómputo del lugar.
Para ese entonces Chávez llevaba siendo presidente más de diez años. El régimen recurrió de manera sistemática a los colectivos, organizaciones comunitarias afines al gobierno y que surgieron de los movimientos guerrilleros de mediados del siglo XX, como grupo de choque para intimidar a la oposición política, activistas de derechos humanos y periodistas.
“Cállate la boca”, amenazaron los agresores. “Y la de Delvalle también”. Durante meses, Betancourt había trabajado en la producción de un programa radiofónico de análisis político junto a Delvalle Canelón, una reconocida periodista que constantemente criticaba como el régimen atentaba contra la libertad de expresión.
Cuando los atacantes se fueron, Betancourt forcejeó contra las cuerdas que amarraban sus muñecas hasta que pudo romperlas, la falta de circulación en sus manos generó que uno de sus pulgares perdiera la sensibilidad durante meses.
Su oficina fue nuevamente atacada y asaltada en 2012, ese mismo año, colectivos lo emboscaron y le dispararon. Betancourt no resultó herido, pero eso fue una advertencia clara de los aliados del régimen.
Delvalle Canelón entrevista a un invitado en el programa de radio que Betancourt produjo en 2012. (Crédito: cortesía de Roberto Betancourt).
Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y con él llegó un incremento en la violencia y represión. Ese año los colectivos amenazaron con quemar vivo a Betancourt en su automóvil. Luego, la comisión estatal de telecomunicaciones lo censuró y amenazó con encarcelarlo por “traición a la patria”, de acuerdo a su solicitud de asilo.
En febrero de 2014, durante la misma semana en que una oleada de protestas contra el régimen sacudió todo país desde la ciudad fronteriza de San Cristóbal hasta Caracas, Betancourt junto a su pareja se sumaron a la creciente diáspora de Venezuela en Miami.
Credenciales de prensa de Roberto Betancourt del 2006, año en que cubrió durante tres meses la campaña del candidato opositor Manuel Rosales para Radio Venezuela, una de las principales estaciones del país. (Cortesía de Roberto Betancourt).
En Florida, Betancourt profundizó su labor como comentarista político. El trabajo que realizaba con Patricia Poleo generó una ola de hostigamiento y amenazas en redes sociales provenientes de simpatizantes del oficialismo venezolano. (Poleo ha vivido en el exilio desde 2004, cuando el gobierno venezolano la acusó de cargos por terrorismo, lo que diversos organismos defensores de derechos humanos calificaron como fabricados).
“Creo firmemente que si regreso a Venezuela, mi vida estará en peligro, enfrentando la posibilidad de una muerte segura por los ideales políticos que represento y la profesión que he ejercido durante 13 años”, escribió Betancourt en su solicitud de asilo en 2014.
Pero en 2019, mientras su expediente avanzaba lentamente en el despacho de un juez migratorio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Betancourt estuvo involucrado en un accidente vehicular, en el cual falleció un motociclista. Condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario al conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, Betancourt perdió toda posibilidad de acceder al asilo político.
La convención internacional contra la tortura
Betancourt mencionó que después del accidente estaba aterrado. De lo que había hecho, de su propia conciencia y de la sentencia que enfrentaría. Hasta entonces, nunca había incurrido ni siquiera en una multa de tráfico.
“Cuando cometí el error que cometí”, dijo, “mi principal motivación fue ser responsable y congruente con mis valores, con los valores que mis padres me han inculcado durante toda la vida y sobre todo dar el mejor ejemplo a mi entorno familiar y a mis hijos principalmente”.
Betancourt estaba en prisión cuando llegó su cita ante la corte de inmigración. En Estados Unidos, migrantes sentenciados por algún delito grave pierde el derecho a recibir asilo, la Convención contra la Tortura, tratado internacional incorporado al marco legal estadounidese impide que el gobierno repatríe a personas a territorios donde hay un riesgo fundado de sean torturados. Un juez bloqueó la deportación de Betancourt a Venezuela, otorgándole un amparo judicial denominado “Aplazamiento de la expulsión”.
De acuerdo con el abogado de migración Matt Adams, en las administraciones anteriores había una “expectativa general” de que las personas amparadas por esta protección podían permanecer en suelo estadounidense, aun cuando tenían órdenes de deportación definitivas. Sin embargo, esto fue revertido con la entrada en vigor de una directiva en febrero de 2025 dictada por el Departamento de Seguridad Nacional respecto a las expulsiones a terceros países, esta instruye a los oficiales de ICE a arrestar nuevamente a personas amparadas por la Convención contra la Tortura, catalogándolas como candidatas a la remoción a un tercer país.
Cuando Betancourt terminó su condena en julio de 2025, un agente del ICE ya lo esperaba en las puertas del penal para ponerlo bajo custodia migratoria. Dos meses después, el DHS difundió su ficha policial en un comunicado de prensa en donde lo acusaban erróneamente de “asesinato-homicidio”, catalogándolo a él y a otros 50 detenidos como “bárbaros extranjeros ilegales y criminales”.
Betancourt indicó que la publicación, la cual fue replicada sin cuestionamientos por diversos medios de comunicación en Estados Unidos, fue un punto de quiebre para él. El “sueño americano” perdió credibilidad, y el único motivo para permanecer en ese país era su familia. Tras asumir responsabilidad legal de sus actos y cumplir la condena, el escarnio público y la expulsión a México se sintieron como una doble pena. “Asumí las consecuencias de mis errores con entereza para devolver a la sociedad lo que corresponda devolver en base al error que cometí”, dijo.
“Vengo de un país donde hemos tenido 27 años de un régimen donde prácticas como esta son normales”, agregó. “Para mí, es inaceptable que el supuesto ‘país de la libertad’, la democracia más estable del mundo, esté actuando así”
Atrapado en la frontera sur de México
Al extremo de norteamérica, las colonias llamativas y el ajetreo callejero de Tapachula irrumpen la densa franja de bosque que divide México y Guatemala. Al límite de la carretera, en la periferia de la ciudad, sobresalen las enormes paredes de concreto en tonos rojo y blanco que delimitan la estación migratoria Siglo XXI, considerada el mayor centro de detención migratorio en Latinoamérica.
La oficina de migración Siglo XXI bordea la carretera en las afueras al norte de Tapachula. (Crédito: Georgina Pease).
Alrededor de las 7 de la tarde del 28 de enero, tres días y dos noches después de haber salido desde Nogales, los camiones cruzaron las rejas de la estación migratoria. Betancourt y el resto de los pasajeros descendieron con los pies adoloridos e hinchados por el tiempo que duraron sentados. Tras registrar sus nombres y huellas dactilares, los agentes migratorios les expidieron un documento que les permitía tramitar el estatus de refugiado en Tapachula o abandonar el país, en un tiempo máximo de diez días.
Ahí, Betancourt agregó, los oficiales simplemente le dijeron: “Váyanse de aquí. Resuelvan”.
De acuerdo con el activista local Luis Villagrán, Tapachula es el “centro neurálgico de la migración en América”, un territorio donde las rutas de personas en contexto de movilidad provenientes de todos los continentes se enfrentan a controles migratorios militarizados.
Por décadas, la ciudad de 400 mil habitantes ha servido como puerta de entrada desde el sur del continente hacía el norte, para ciudadanos de países Centroamericanos que huían de los conflictos armados de finales del siglo XX en y, en años recientes, de las sequías, precariedad económica y el asedio de las pandillas transnacionales. Tapachula también se convirtió en el punto de acogida para cientos de miles de migrantes de Sudamérica y alrededor del mundo, que a lo largo de la última década, han atravesado la selva del Darién para buscar refugio en los países del norte.
Frente a este flujo, los gobiernos de Estados Unidos y México respondieron con estrategias, cuyo objetivo es frenar el avance de las personas hacia el norte mexicano y la frontera estadounidense, convirtiendo a Tapachula en el muro de contención de lo que los especialistas definen como una “frontera vertical”. En 2014, México puso en marcha el Programa Frontera Sur, el cual multiplicó los retenes migratorios en los estados del sur del país e intensificó las deportaciones de centroamericanos, todo respaldado con presupuesto estadounidense.
Cuatro años después, la primera administración de Trump devolvió a casi 70 mil migrantes no mexicanos a territorio nacional mientras aguardaban sus audiencias de asilo en Estados Unidos, bajo el esquema conocido como “Quédate en México”. Washington también presionó al gobierno mexicano para acelerar las deportaciones bajo la amenaza de imponer aranceles comerciales.
“Ahí fue cuando comenzamos a ver por primera vez que personas de nacionalidades de terceros países eran devueltas a México”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. “Una vez que abres esa puerta, pueden pasar muchas cosas… empiezas a normalizarlo”.
El gobierno de Joe Biden suspendió el programa “Quédate en México”, argumentando graves violaciones a los derechos humanos, pero después de que los encuentros con migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron notoriamente a finales de 2023, las autoridades mexicanas comenzaron de manera repentina a transportar en autobús y de manera masiva a los migrantes aprehendidos en el norte de México a las ciudades ubicadas en la frontera sur, a los cuales los migrantes llamaron “ciudades cárcel”.
Actualmente, la administración de Trump condena a cientos de ciudadanos de terceros países a expulsiones mensuales, a la ya establecida infraestructura de confinamiento en la frontera sur de México.
A tan solo ocho kilómetros de la frontera entre México y Guatemala, Tapachula se ha transformado en un punto de confinamiento para miles de migrantes y deportados. (Crédito: Georgina Pease).
Escapando la ciudad cárcel
Varado a la orilla de una carretera oscura en las afueras de Tapachula y bajo la sombra de la mayor estación migratoria de América Latina, Betancourt recordó que los agentes del ICE habían difundido un rumor falso en el aeropuerto Mesa Gateway de Arizona, de que en México se les les otorgaría asilo, esto con tal de que aceptara su deportación a territorio mexicano.
“Al final le venden un sueño que no existe”, dijo.
Betancourt y Maldonado tomaron un transporte público al centro de la ciudad, donde las tiendas estaban cerradas y las calles desiertas.
Se refugiaron en un hotel de paso en donde dividieron la tarifa de una habitación económica. Mientras Betancourt sobrevivía gracias a los envíos de dinero que su esposa y sus hermanos enviaban, otros, que como él fueron expulsados, carecían de respaldo familiar o no podían recibir envíos internacionales porque no tenía documentos de identidad. (En el caso de Betancourt, sus familiares le enviaron por correo hasta Tapachula su documentación venezolana ya vencida).
“Hay quienes quedan en absoluta vulnerabilidad sin un centavo en el bolsillo, sin amigos, sin red de apoyo, sin tener que comer o dónde dormir”, expresó Betancourt.
Los días se convirtieron en semanas, mientras tanto Betancourt iba y venía a las oficinas estatales y federales en Tapachula, buscando una salida del laberinto burocrático.
“Las respuestas son todas esquivas, todas genéricas. No hay resolución, no hay compromiso, no hay respuestas específicas”, agregó Betancourt.
Las autoridades le ordenaron a tramitar la solicitud de refugio. Solo en caso de ser aprobada, lo cual tardaría más de un año, podría abandonar Chiapas, el estado más lejano del país. Si la aplicación era rechazada, estaría obligado a reiniciar todo trámite con la expectativa de obtener un fallo favorable.
Personas en contexto de movilidad hacen fila desde las 7 de la mañana. afuera de la oficina del Instituto de Migración en Tapachula el 25 de marzo. (Crédito: Georgina Pease)
Denisse Lugardo, directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo del Ayuntamiento de Tapachula, indicó que la dependencia notó las primeras transferencias de ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos en camión a comienzos de febrero, apenas unos días después del arribo de Betancourt.
“Los deportados extranjeros no estaban en el panorama de México”, dijo Lugardo en una entrevista realizada en marzo. “Tampoco Comar, ni migración han hecho nada por ellos”, agregó, refiriéndo a las autoridades federales.
“Los dejaron aquí abandonados”, declaró el activista local Villagrán, quien ha pasado largas horas en el Parque Central de Tapachula brindando información a los refugiados y ayudándolos con los trámites.
“Y Tapachula es una de las ciudades más pobres de México. Carece de la infraestructura básica para atender siquiera a sus ciudadanos en materia de salud, educación y seguridad”, agregó. “La migración ha rebasado todas las expectativas de atención a los migrantes”.
“Estamos hablando de 70 mil o 75 mil migrantes varados aquí contra su voluntad”, declaró. En 2014 estos números habían alcanzado las 100 mil personas, más de una cuarta parte de la población residente de Tapachula, añadió.
El gobierno mexicano indicó a Forbidden Stories que cualquier extranjero puede aplicar para obtener una residencia legal mediante las autoridades federales de migración, así como las agencias que ayudan a los refugiados, o, buscar a sus gobiernos para solicitar regresar a sus países de origen.
Aún con esta opción, en el último año muchas personas retornadas que enfrentaron a la burocracia, sus largos tiempos de atención y falta de respuesta, recurrieron a vías informales y a menudo peligrosas para escapar de la ciudad.
Los grupos criminales que se dedican a la trata de personas, difundieron los costos para expedir documentos falsos o trasladar de manera irregular a las personas hacía el interior del país: mil 200 dólares estadounideses por el trayecto a Querétaro; mil 600 con destino a Cancún y mil 800 para llegar a Ciudad de México. Los montos aumentan si no cuentan con documentos, porque deben dar una cuota extra al crimen organizado. “Tengo que pagar a la maña para sacarlos de Tapachula”, admitió un pollero en una grabación de voz.
Quienes intentaban emprender el viaje rumbo al norte son detenidos y regresados a la estación migratoria Siglo XXI, o bien deportados a países centroamericanos que mantienen acuerdos de repatriación con México, como Guatemala y Honduras.
Humberto García, ciudadano cubano deportado tras vivir 35 años en Estados Unidos, intentó viajar a traves de la sierra para evadir los retenes del Instituto Nacional de Migración (INM). En el trayecto fue interceptado por tres personas armadas, quienes lo despojaron de sus pertenencias y le dispararon en el torso en dos ocasiones. Tras caminar durante casi una hora tambaleándose, llegó a una carretera donde oficiales lo trasladaron al hospital más cercano. Los impactos de bala no lesionaron sus órganos vitales y tras solo tres días internado, regresó a Tapachula.
“Tuve que regresar a Tapachula y quedarme en el parque, sin nada para comer, sin lugar donde dormir, la misma historia”, relató García.
Gran parte de los venezolanos a quienes se les indicó que un avión los llevaría desde México a Caracas, terminaron emprendiendo el trayecto en sentido inverso: atravesaron Centroamérica y el archipiélago panameño de Guna Yala para alcanzar el litoral norte de Colombia. El 10 de febrero, una embarcación en la que viajaba un compañero de deportación de Betancourt, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, naufragó cobrándose la vida de dos mujeres venezolanas y un ciudadano colombiano.
Mientras Betancourt acudía día tras día ante las autoridades en busca de un conducto legal para abandonar la ciudad, observaba a otros deportados arriesgarse mediante las vías informales. “No sé cuál será la suerte de ellos, si llegarán a su destino con tranquilidad o no, pero no deja de ser al final una situación de absoluto peligro”, consideró.
Deportadas desde los Estados Unidos caminando junto a personas en tránsito que vienen desde centro y suramérica en una caravana que dejó Tapachula el 25 de marzo, con destino hacía el norte del país.
Incertidumbre en la capital mexicana
Un mes después de llegar a Tapachula, tras repetidas visitas a la oficina federal de migración y enviar correos electrónicos al gobierno mexicano y venezolano, Betancourt consiguió la autorización para viajar a la embajada de Venezuela en la Ciudad de México. A las autoridades les indicó que necesitaba renovar su pasaporte para volar de regreso a Venezuela, pero en cuanto llegó a la Ciudad de México solicitó refugió.
“Fue la única manera para salir de Tapachula de forma legal”, afirmó Betancourt. Esperaba que su caso dejara algún precedente para otros que también han sido enviados a Tapachula. Pero seis meses después, no ha escuchado de nadie haya podido seguir el mismo camino.
En la Ciudad de México, Betancourt ya no está al centro de las políticas que atrapan a personas en tránsito en la frontera sur, aún así la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le exige permanecer mientras espera el fallo de su caso.
“No tengo libertad realmente”, dijo Betancourt. “En Estados Unidos, en donde supuestamente me habían dado una protección para mis derechos humanos, me los violaron. Y aquí también me los están violando, simplemente por falta de celeridad en un proceso que me ponen una cantidad de trabas en mi día a día que no me hacen sentirme en libertad plena”.
Personas en contexto de movilidad que solicitaron refugio, acuden a revisiones cada dos semanas a las oficinas de la Comar en Ciudad de México, el 14 de agosto. (Crédito: Georgina Pease)
Pese a la incertidumbre, Betancourt ve su paso por la Ciudad de México como una “nueva oportunidad para recomenzar”.
Durante el verano, mientras los ojos del mundo estaban sobre los juegos de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, y los ríos de aficionados que llenaban el Ángel de la Independencia, Betancourt lanzó un canal de periodismo deportivo enfocado la económica que gira en torno a los deportes profesionales.
“He podido reconectar con el periodismo deportivo de una manera diferente”, confesó Betancourt.
Su objetivo es establecer un trabajo estable y remoto, con la flexibilidad de moverse a dónde sea que las políticas migratorias le permitan reunirse con su esposa, hija e hijo. Además de su trabajo como periodista, realiza servicios independientes de marketing y comunicación.
“Tengo que buscar la manera de garantizar la estabilidad de mi familia, de mis hijos”, sentenció.
Betancourt en la Ciudad de México en el mes de marzo, después de haber abandonado Tapachula (Crédito: Georgina Pease)
En agosto, Betancourt revisó en su celular las fotografías que le habían enviado del primer día de clases de sus hijos. Sin certeza sobre cuándo o dónde podrá reencontrarse con ellos, confesó que contemplar esas imágenes le provocaba una mezcla de amor y dolor.
“Hemos trabajado mucho para permanecer unidos, porque los primos y los niños se críen juntos para que puedan disfrutar de eso que nosotros disfrutamos como niños, independientemente que no sea nuestro país de origen”, comentó Betancourt. “Es un proyecto en el que hemos trabajado y que mis padres nos han transmitido mucho y es su mayor sueño, el que todos de alguna manera permanezcamos siempre lo más unidos posible”.
“Me siento frustrado porque al final me doy cuenta que el tratamiento que le dan al migrante es un tratamiento de personas de segunda categoría”, lamentó Betancourt. “Esa es mi verdad”.
Betancourt enfatizó que mientras él ha podido comenzar a reconstruir una vida, hay cientos de personas atrapadas en las políticas Trump de enviarlos a un tercer país, y continúan en un limbo legal en Tapachula.
“Otros están en situaciones vulnerables sin poder acceder a la banca, sin poder acceder a trabajo formal, sin poder acceder a la salud, sin poder acceder a una cierta cantidad de cosas lógicas que deberían ser parte innegociable de la libertad”, comentó. “Andan atemorizados”.
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* Forbidden Stories continúa la labor de periodistas que han sido asesinados, encarcelados o amenazados.
Forbidden Stories lideró el “Deportation Project”, coordinando a más de 72 periodistas de 24 medios de comunicación.
