La PGR y CNDH encubrieron tortura de Carlos Canto Salgado
En un video difundido en YouTube, el profesor aparece indefenso, sentado en una silla, amarrado de manos y vendado de ojos mientras es asfixiado y electrocutado.

Las dos dependencias emitieron dictámenes tardíos y manipulados donde no reconocieron la tortura que el profesor de secundaria sufrió.

La CNDH afirma que “no se acreditaron lesiones símiles a un hecho de tortura, toda vez que no presentó hallazgos por asfixia, posición forzada, toques eléctricos, ni síntomas clínico psicológicos consistentes con su relato de hechos”.

El brutal video que circula muestra claramente que Canto Salgado fue asfixiado y electrocutado mientras estaba bajo custodia agentes del gobierno federal que lo arrestaron.

Por: Anabel Hernández

La Procuraduría General de la Republica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos encubrieron por años la brutal tortura sufrida por Carlos Canto Salgado el 22 de octubre de 2014 en instalaciones que la víctima afirma eran de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México a manos de al menos seis elementos de la Marina y la Policía Federal Ministerial (PMF) para obligarlo a firmar una confesión donde se auto incrimina en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Aristegui Noticias tuvo acceso a los dictámenes realizados por ambas dependencias para determinar si Canto Salgado había sido torturado como él y sus familiares denunciaron ante el Ministerio Público y la CNDH desde las primeras horas después de la detención.

Para desvirtuar las denuncias y encubrir los abusos, la dos dependencias que tenían autoridad para sancionar la tortura emitieron en 2016 y 2019 peritajes donde afirman que Canto Salgado no había sido torturado, aunque el video de setenta y dos segundos filtrado en You Tube prueba con crudeza lo contrario. En él, Carlos Canto Salgado aparece indefenso, sentado en una silla, amarrado de manos y vendado de ojos mientras es asfixiado y electrocutado cuando lo interrogan sobre el caso de los normalistas.

El encubrimiento de ambas dependencias permitió que los presuntos perpetradores en vez de ser investigados siguieran en sus cargos, tuvieran ascensos, y pudieran incluso ocupar otros cargos en áreas clave de seguridad pública, como es el caso de Carlos Gómez Arrieta quien aparece en el video torturando a Canto Salgado. En 2014 era director general de la PFM. En 2015 dejó su cargo y fue nombrado por el gobernador Silvano Aureoles como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán donde de acuerdo a diversos medios de comunicación locales había comenzado a acumular denuncias por nuevos abusos.

Ezequiel Peña Cerda era agente federal de investigación cuando arrestó a Canto Salgado y lo presentó 20 horas después lleno de golpes y quemaduras. Actualmente sigue en funciones en la Fiscalìa General de la República y hasta tuvo un ascenso. Ocupa el cargo de director de área en la Dirección General de Investigación Policial con un sueldo anual de 618 mil 151 pesos, el doble de lo que ganaba en 2014 según sus propias declaraciones patrimoniales.

El elemento de la Marina Ariel Castillo Reyes, también responsable de la custodia y protección de Canto Salgado, no aparece en el banco público de datos de declaraciones patrimoniales ni del portal de “nómina transparente”, pero en el website Linkedin se presenta como miembro activo de Semar.

“Me llevaron a un cuartel en la Ciudad de México. Desconozco la ubicación de ese cuartel pero ahora también ya se que es el cuartel de la Marina”, narró el horror vivido. “Y ya pues, ahí empezaron los golpes más severos, ahí empezaron con los toques, e igual golpes, la asfixia, atragantamiento con agua. Y pues cada vez iba subiendo de tono los golpes”, narró Canto Salgado en una entrevista realizada por la autora de este reporte vía telefónica el 15 de enero de 2017 desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, conocido como Noroeste, en Tepic, Nayarit.

“…de ahí comenzaron a darme toques, después toda la parte baja de la espalda, en la nuca porque me sentaron en una silla, una silla donde tenía descubierta la parte inferior de la espalda y en la nuca, después en las mejillas y en los labios”.

Pese a que Carlos Canto Salgado presentó una denuncia ante el Ministerio Público dos días después de su detención “de la coacción física y moral del que fui objeto para emitir mi declaración ministerial…”, la PGR ordenó aplicar el protocolo de Estambul hasta el 24 de marzo de 2016, de acuerdo a copia del dictamen. Es decir 17 meses después de los hechos.

Resolvió que las lesiones que presentaba en el dictamen de integridad física “en alto grado de probabilidad fueron producidas por mecanismos de contusión presión y fricción al contacto de objeto activo, contra el sujeto pasivo o viceversa”. Argumentando que según el parte informativo “esta persona intentó darse a la fuga pero fue sujetado por el agente de la Policía Federal Ministerial, proporcionándole el apoyo el personal de la secretaría de Marina Armada viéndonos obligados a someterlo en el suelo”, señala el dictamen fechado el 29 de julio de 2016, cuando Arely Gómez era la titular de la PGR, y Tomás Zerón de Lucio, el titular de la Agencia de Investigación Criminal.

“Con base a la evaluación médico legal…no se encontraron hallazgos ni evidencias físicas de lesiones físicas, ni sintomatología crónica, tampoco secuelas que tengan relación con mecanismos de tortura y/o malos tratos”.

El dictamen fue firmado por el médico forense Edith Martínez Cruz y el psicólogo Gustavo Adolfo Aguilar Gómez, y afirmaron que su estudio “se realizó bajo los fundamentos y directrices que se señala en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Y aunque la madre de Carlos Canto Salgado presentó el 28 de octubre de 2014 una queja ante la CNDH cuyo presidente era entonces Raúl Plascencia Villanueva, fue hasta 2019 que la dependencia emitió un dictamen, señala Delia Salgado, madre de Carlos Canto. En las escuetas cuatro cuartillas relacionadas al expediente CNDH/1/2014/7641/Q se afirma que se logró acreditar “dilación en la puesta a disposición de la autoridad ministerial”, “detención arbitraria” y “trato cruel, inhumano o degradante”.

El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la inauguración del Congreso Internacional y la 19ª Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en octubre de 2014. (Foto: Cuartoscuro) 

En la ampliación de la Opinión Medica especializada para casos de posible tortura y/o maltrato ‘Protocolo de Estambul’…”se determinó que el agraviado presentó traumatismo durante su detención, sometimiento y/o traslado, descritas como esquimiosis rojas en ambas mejillas, laceración de lengua y cavidad oral, así como ambos carrillos bucales”. Pese a eso la CNDH aseguro que no se acreditó la tortura.

“En las opiniones Médico y Psicológica especializada para casos de posible Tortura y/o maltrato ‘Protocolo de Estambul’ no se acreditaron lesiones símiles a un hecho de tortura, toda vez que no presentó hallazgos por asfixia, posición forzada, toques eléctricos, ni síntomas clínico psicológicos consistentes con su relato de hechos”. Cuando el video que circula en You Tube prueba lo contrario a lo que afirma la Comisión.

“Sí vi el video y verlo de pronto te remueve todo el dolor, el coraje, la impotencia que has sentido durante estos casi cinco años y revives todo”, señaló en entrevista la señora Delia Salgado, madre del profesor, “uno piensa que ya lo trabajó suficiente, pero no es verdad, es muy fuerte, quisiera que nadie más en este planeta lo viva”.

“Al gobierno actual yo le pido que ante todas las evidencias que hay de la inocencia de mi hijo, que mi hijo sea absuelto totalmente y pido justicia, y que las personas que tuvieron que ver con esto, los responsables materiales y los responsables intelectuales sean castigados”.

Durante los últimos cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto su gobierno negó rotundamente que la tortura hubiera sido un método utilizado para ‘resolver’ el caso del ataque contra los estudiantes Los abusos físicos y psicológicos perpetrados por servidores públicos de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Policía Federal Ministerial contra los detenidos fueron sistemáticos para obtener confesiones que hasta ahora no han dado con el paradero de los estudiantes.

Desde diciembre de 2014, la autora de este reporte hizo público en base a documentos de la averiguación previa del caso Ayotzinapa que Carlos Canto y muchos otros detenidos presentaban lesiones que mostraban claros signos de tortura. En 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que más del 80 por ciento de los detenidos presentaban señas de tortura.

En 2016 el propio Visitador General de la propia Procuraduría César Chávez Flores emitió un informe donde hablaba de posibles actos de tortura y ordenaba investigaciones contra más de 55 servidores públicos de la Marina, PF y PFM, hombres y mujeres que participaron en detenciones arbitrarias o casos con indicios de tortura en detenciones relacionadas al caso de los 43. Y hasta el final refutó el informe “Doble injusticia” realizado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018 donde determinó que “la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos sí había elementos de convicción de actos de tortura”, respecto a Canto Salgado y otras 33 personas.

“La inadmisibilidad de la prueba obtenida bajo tortura es una de las salvaguardas más importantes contra el abuso en los sistemas de justicia penal”, afirmó el Alto Comisionado.

Cadena de torturas.

Desde hacía 13 años Carlos Canto Salgado era profesor de la escuela secundaria técnica “Leyes de Reforma” y tenía un negocio llamado “La Perinola Bar”. Su detención fue el resultado de una cadena de torturas.

El 4 de octubre de 2014 la Policía Federal Ministerial detuvo a Miguel Angel Rios Sanchez, quien la Visitaduría señala fue ilegalmente detenido y ordena se investigue su presunta tortura, mientras que en el informe de la ONU también incluye en la lista de personas torturadas.

En su declaración ministerial firmada por Ríos Sánchez habría quedado escrito que Raúl Núñez Salgado alias “La Camperra” quien tenía ganado y carnicerías en Iguala trabajaba para el grupo criminal Guerreros Unidos.

El 14 de octubre la marina detuvo a Núñez Salgado en Acapulco, Guerrero. Al momento de declarar, Núñez Salgado presentó una denuncia contra los marinos que lo detuvieron, por infligirle lesiones; al mismo tiempo quiso levantar una queja ante la CNDH. De acuerdo con el propio dictamen médico de la PGR, cuando los marinos presentaron a Núñez Salgado tenía más de 26 lesiones en diversas partes del cuerpo, entre ellas derrames en los ojos, golpes en el cuello, rostro, brazos, manos, pecho y región renal. Según el informe de la ONU, él también esta en la lista de personas torturadas.

En la declaración que firmó en estas condiciones Núñez Salgado habría dicho que el día de los hechos se encontraba en “La Perinola Bar” que le había comprado a Carlos Salgado Canto, y que ahora el profesor administraba.

Según la puesta a disposición de Canto Salgado, firmada por el marino Ariel Agustin Castillo Reyes y Peña Cerda en la declaración ministerial del policía de Cocula, Ignacio Aceves Rosales, -también con dictámenes médicos que presentaban lesiones múltiples- policías municipales de Iguala y Cocula habían entregado a los estudiantes de la normal en Lomas de los Coyotes a un sujeto apodado “El Pato”. Según el escrito del marino y Peña Cerda Canto “fue la persona que recibió de los policías municipales de Iguala y Cocula a los 43 estudiantes…”.

Ellos afirmaron que a las 13:00 horas del 22 de octubre detuvieron a Carlos Canto Salgado mientras caminaba por la calle. En realidad, fue detenido ese día a la 3:30 de la madrugada y presentado ante la PGR más de 20 horas después.

De acuerdo a una investigación realizada por la Visitaduría General de la PGR en 2016 en el certificado médico se concluyó que presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida y tardaban en sanar menos de 15 días. Pero después el 23 de octubre se hizo un nuevo dictamen con folio 77178 en el que “se le apreciaron lesiones sin embargo queda pendiente de clasificación en virtud de que debe ser valorado por un médico traumatólogo para realización de placas radiográfica de tórax, además de valorar las lesiones que presenta en cuello y torax”. En un nuevo dictamen pericial número 77371 de medicina forense se señala de nueva cuenta “pendiente clasificación de lesiones hasta tanto sea valorado por especialista en traumatología y ortopedia”.

Quedó constancia que un día después de su detención Carlos Canto envió un escrito en el que solicitó se dé fe de las lesiones que presenta “inferidas por el personal actuante coaccionándolo física y moralmente para rendir su declaración”. Días después a raíz de los fuertes dolores que tenía como secuela de la tortura que sufrió fue enviado a la llamada “Torre Médica” de la PGR.

Se tiene copia de la receta médica fechada el 25 de octubre de 2014 en la que la doctora Alondra Aquilar de “Grupo Torre Médica”, que da servicio a la PGR, recetó a Canto Salgado una serie de medicinas y analgésicos para atender el dolor crónico que sentía en el torax. Pese a las lesiones el 26 de septiembre el doctor Mauro Castillo emitió un dictamen donde determinó que Carlos Canto tenía lesiones “que no ponían en peligro su vida y tardan en sanar menos de quince días”

Ese mismo día la Ministerio Público Lourdes López Lucho elaboró el pliego de consignación contra Canto Salgado “como probable responsable en la comisión del delito e Delincuencia Organizada, contra la salud”. De acuerdo a la investigación de la Visitaduría López Lucho debía ser investigada por múltiples irregularidades cometidas como MP en la indagatoria de la desaparición de los 43,

El 29 de octubre de 2014 en audiencia publica ante el juez Jorge Guillermo García Suárez, Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Carlos Canto narró la tortura de la que fue objeto.

PGR, juez y parte en caso de los 43.

No sólo el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal fueron las únicas autoridades federales en estar en las calles de Iguala y en las escenas del crimen mientras los normalistas eran atacados y desaparecidos.

Aunque en su momento el Procurador Jesus Murillo Karam aseguró que ninguna autoridad federal había estado presente o activa esa noche la realidad es que la PFM estuvo en las calles a la hora de los ataques y en las diversas escenas del crimen de acuerdo a reportes contenido en la averiguación previa abierta por la entonces PGR y a la auditoria practicada a esta por el Visitador General Chávez Flores en 2016.

En el oficio 1185/2014 fechado el 26 de septiembre de 2014 del cual se tiene copia el agente del ministerio público federal Cesar Iván Pilares Viloria afirmó que del C4 habían recibido información de “un enfrentamiento a balazos” entre los normalistas de Ayotzinapa y la Policía Federal, e inició un acta circunstanciada por “violación a la ley federal de armas” asumiendo que los estudiantes habían atacado y no a la inversa.

Según otro documento, los agentes de la PFM, Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo y Enrique Ramírez Hernandez, encargados de la Federal Ministerial en Iguala hicieron recorridos en las calles de iguala cuando ocurrieron los ataques. Los agentes afirmaron que hicieron recorridos por la carretera federal Iguala­-Chilpancingo y vieron el autobús Estrella de Oro 1531 con los vidrios rotos y las llantas ponchadas, del cual desaparecieron al menos 20 de los 43 estudiantes.

“Por obvias razones se corroboró que efectivamente el día 26 de septiembre del presente año se realizaron desmanes por supuestos estudiantes”, dice uno de los reportes. Luego se trasladaron a la calle Juan N. Álvarez, donde vieron tres autobuses también con las llantas ponchadas, “así como a varios jóvenes que al parecer eran estudiantes […] por lo que procedimos a retirarnos del lugar con la finalidad de no tener algún altercado con individuos que iban en el autobús”.

De acuerdo con la Visitaduría, “la primera autoridad que tuvo conocimiento de hechos relacionados con los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa fue la delegación de la PGR en el estado de Guerrero, autoridad que el día 26 de septiembre de 2014 inició el acta circunstanciada AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 a las 21:45 horas”. Según la auditoría , “debió existir una actuación inmediata de las autoridades locales y federales encargadas de la procuración de justicia, ya que los elementos de prueba obtenidos en las primeras horas posteriores al hecho delictivo tendrán mayor importancia dada la eficacia probatoria”.

La Visitaduría General de PGR determinó que los policías federales ministeriales Ortiz Valenciana, Dirzo y Ramírez Hernández “incumplieron su obligación de investigación minuciosa de los hechos” al igual que el MP César Iván Pilares Viloria.

El titular de la PFM en ese momento era Vidal Diaz Leal Ochoa, cuyo jefe directo era Tomás Zerón de Lucio director de la Agencia de Investigación Criminal. Hasta ahora no se sabe el nivel de participación de la PFM en los hechos. Tras la desaparición de los estudiantes a principios de octubre de 2014 la Agencia de Investigación Criminal y la PFM tomaron el control de la indagatoria para esclarecer el caso y fueron ellos quienes fabricaron la falsa “Verdad histórica” construida en parte con prácticas de tortura como lo demuestra el caso de Carlos Canto Salgado y otros.

Antes de trabajar en la PGR, Carlos Gómez Arrieta trabajó en la Dirección General de Resguardo y Seguridad en donde ocupó cargos desde subdirector operativo, director de área hasta director general. El 1 de julio de 2013 entró a trabajar a la PGR y fue nombrado director de la Policia Federal Ministerial. El Procurador era Jesús Murillo Karam.

En 2015 luego de la salida de Murillo Karam, Gómez Arrieta fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. Cargo que ocupaba hasta el 22 de junio, un día después de que fue difundido el video de la tortura contra Canto Salgado masivamente por los medios de comunicación y redes sociales.

En tanto que Ezequiel Peña Cerda ingresó a la PFM antes AFI en 2003 cuando Genaro García Luna era el titular. Tuvo una carrera ascendente

Tomás Zeron de Lucio tuvo que renunciar a la AIC en septiembre de 2016 luego de que el GIEI probara irregularidades cometidas durante los peritajes al río San Juan, donde supuestamente se habían encontrado restos de los estudiantes. Pero nombró como sucesor a Omar García Harfuch quien era Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes según oficios fechados ese día que le envió Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la Policía Federal en Iguala. A través del C4 de Chilpancingo e Iguala, al cual estaba conectado directamente la PF estuvieron monitoreando a los estudiantes desde antes de que iniciaran los ataques y estuvieron activos en las calles de Iguala cuando los estudiantes fueron atacados y desaparecidos.

Y hay testigos que aseguraron que al menos dos policías federales habrían participado en la desaparición de los normalistas: Emmanuel Pérez Arizpe y Victor Manuel García Colmenares. Ninguno de los dos fue removido de su cargo, solo fueron reubicados a otras bases de la PF. Después de los eventos en Iguala García Harfuch fue elevado de puesto y fue nombrado Jefe de la División de Investigación de la PF.

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Pese a los señalamientos de tortura en su contra y que el Visitador General de la PGR había ordenado iniciar una investigación contra Peña Cerda en abril de 2018 fue ascendido a director de área en la Dirección General de Investigación de la Policía Federal Ministerial siendo García Harfuch el titular de la AIC. Bajo el mando de García Harfuch la “Verdad histórica” del caso Ayotzinapa quedó inamovible y nunca se hizo una investigación. Apenas la semana pasada García Harfuch fue removido de la Agencia y fue nombrado titular de la Policía de Investigación y coordinador de inteligencia del gabinete en el gobierno de la Ciudad de México.

Han pasado casi cinco años después de que Canto Salgado haya sido torturado pero ni Gómez Arrieta ni Peña Cerda han sido procesados.








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