opinión*
Crimen ambiental en el Parque Nacional El Tepozteco
Territorios Indómitos por Raúl Benet

Por Raúl Benet

Una fracción significativa del Parque Nacional El Tepozteco, incluyendo miles de valiosos árboles, así como la rica biodiversidad asociada a éstos y todo tipo de biodiversidad, fue arrasada en Tepoztlán el pasado fin de semana por una empresa contratista que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ampliación de la autopista Siglo XXI, en el trayecto que cruza por el Parque Nacional El Tepozteco. El derribo indiscriminado de árboles, justo a la entrada del pueblo, fue acompañado por patrullas de la policía estatal que hacían rondines y daban seguridad a los trabajadores de la empresa.

El pueblo tepozteco respondió el sábado a esta agresión a su territorio con una movilización que expulsó a las brigadas de motosierristas e ingenieros, quienes tuvieron que salir huyendo, dejando atrás un paisaje de desolación ambiental y un profundo enojo, además de tambos de gasolina que utilizaban para sus motosierras. A partir de ese momento, pobladores de la comunidad cerraron el acceso principal al pueblo y mantienen un plantón en demanda de que se detengan los trabajos de ampliación de la autopista y se resarza el grave daño ambiental causado al territorio.

Este conflicto lleva muchos años, en los que algunos comuneros interpusieron varios amparos que fueron sistemáticamente violados por las autoridades y las empresas. El territorio pertenece al núcleo agrario de Tepoztlán, considerado como comunidad indígena, y éste no ha otorgado un consentimiento o permiso a las autoridades para construir en su territorio. La SCT argumenta que los trabajos se realizan en terrenos federales que fueron expropiados al pueblo hace décadas, pero los pobladores consideran que ese proceso fue un despojo y que el territorio es parte de las tierras comunales de Tepoztlán.

Hace un par de años la policía estatal desalojó violentamente el campamento Caudillo del Sur, establecido por la población en el territorio comunal para tratar de detener el avance de las máquinas. Pese a los amparos y la movilización social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el decisivo apoyo del Gobierno del Estado y su Secretaría de Ecología, se han empecinado en destrozar el Parque Nacional para ampliar la mencionada autopista. Muchos opositores a la ampliación han sido criminalizados y sobre ellos pesa todo tipo de demandas, acusaciones y amenazas.

Durante estos años, el gobierno del estado, encabezado por Graco Ramírez, y las empresas contratistas, han instrumentado una campaña para dividir al pueblo, argumentando la necesidad de ampliar la autopista en un tramo de 24 kilómetros, para reducir el tiempo de recorrido a Cuernavaca y a la Ciudad de México. Esta campaña de división ha tenido relativo éxito, pues efectivamente el pueblo se encuentra hasta cierto punto confrontado entre quienes apoyan incondicionalmente la ampliación de la autopista y la consideran una necesidad asociada al progreso, principalmente familiares y dueños de las empresas transportistas locales que han obtenido importantes contratos, aunque también hay muchos pobladores que legítimamente apoyan la ampliación, y quienes se oponen rotundamente a ésta, preocupados por la destrucción ambiental y el despojo territorial que conlleva.

El pasado lunes 22 de mayo, como resultado de la reacción de la gente, generada por las imágenes de destrucción y despojo que son evidentes por doquier, se convocó a una sesión de Cabildo Abierto, que no se realizaba desde los tiempos de la lucha en contra del club de golf que se pretendía construir en la década de 1990. En esta sesión de cabildo los regidores y el propio presidente municipal manifestaron, ante una nutrida asamblea popular, que desconocían la situación y que carecían de la información más básica sobre la ampliación de la autopista. Ante la gran indignación de la población por el grave crimen ambiental cometido, el propio presidente municipal se vio obligado a manifestar que su gobierno no ha otorgado ningún permiso, y el cabildo finalmente, después de más de cuatro años de ignorar el problema, se sumó también a la exigencia de detener los trabajos de ampliación. Una de las resoluciones de esa sesión de cabildo fue interponer una demanda de hechos ante la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales. Mas tarde, el propio presidente municipal participó en el plantón que se mantiene a la entrada del pueblo.

Algunas voces han manifestado la necesidad de encontrar soluciones ante la grave situación creada por la secretaría y la empresas. Se propone que se revise el proyecto de ampliación, que en lugar de los seis carriles planeados sólo se construya un tercer carril de acenso en donde sea realmente necesario, como ocurre en muchas otras carreteras que funcionan bien. De esta manera se reduciría el impacto ambiental y se aliviaría, al menos parcialmente, el problema de tráfico. Sin duda el transporte de mercancías es una necesidad, pero la búsqueda de soluciones sustentables que no destrocen el ambiente, que no violen los derechos de las comunidades y que no enfrenten a la sociedad, es una obligación de las autoridades respectivas. Sin embargo, la SCT no parece tener la menor intención de dar marcha atrás en el inmenso negocio de transportar mercancías por autopistas de cuota, aunque para hacerlo tenga que seguir destrozando el único planeta que tenemos.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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