opinión*
Agenda de víctimas: señales positivas pero insuficientes
Caronte por Jacobo Dayán
Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

Por @dayan_jacobo

El 24 marzo se conmemora el Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Naciones Unidas decidió colocar ese día como reconocimiento al trabajo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero quien fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980.

Con buen tino, este domingo se realizó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Es uno de los pocos anuncios concretos para atender la agenda de víctimas en su entera dimensión.

Comenzaré por reconocer los avances que se han dado en este gobierno. La creación de la Comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, el Subsecretario Encinas ha estado presente en distintos Estados atendiendo el trabajo en fosas clandestinas, se han realizado disculpas públicas para algunos casos, el anuncio de la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, el nombramiento de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda es muy positivo, este domingo se confirmó que se destinará el presupuesto necesario para las búsquedas y que habrá un seguimiento frecuente a los avances de todo el sistema. Sin duda son avances en comparación con el desastre heredado por dos administraciones.

Sin embargo, la agenda de víctimas es mucho más compleja y amplia. Si no se atiende de manera integral, las señales y avances serán insuficientes y la crisis humanitaria no será resuelta. Al parecer el gobierno se centra en casos concretos, algunos de ellos emblemáticos, y en la búsqueda de personas desaparecidas.

La dimensión del horror ha desbordado a las instituciones ordinarias. Es necesario emprender medidas extraordinarias en materia de verdad, justicia y reparación. Es urgente un modelo de seguridad que garantice la no repetición. La Guardia Nacional no es esa solución.

El gobierno tiene una estrategia de caso a caso. Eso no dará resultados ante la masividad de la violencia. Atender casos emblemáticos no producirá la verdad que requiere la sociedad y las víctimas. Es necesaria una gran Comisión de la Verdad que arroje luz sobre las violencias del siglo XX y las actuales. Estas comisiones tienen un tiempo de maduración importante. Es imperativo que se inicie la discusión de esta comisión.

La justicia es el otro gran ausente. Al reiterado “perdón y olvido” se suma la nueva Fiscalía que carece de la autonomía necesaria. Adicionalmente la reestructuración y fortalecimiento de esta institución, por décadas olvidada, demorará un tiempo importante. En los Estados las fiscalías se encuentran en situación similar. Hace unos días en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Estado mexicano aceptó una serie de recomendaciones entre las que se incluye el establecimiento de un mecanismo independiente para combatir la impunidad en materia de crímenes atroces, violaciones a derechos humanos y corrupción.

La Comisión de la Verdad y el Mecanismo internacional contra la impunidad podrán iniciar el desmantelamiento de las redes criminales, las de corrupción y las de protección política. Las instituciones ordinarias con que cuenta el Estado no lo podrán hacer.

En materia de búsqueda y reparación tenemos casos similares. A pesar de contar con un Sistema Nacional de atención a víctimas y otro de búsqueda de personas desaparecidas, los avances en los Estados son magros o casi nulos. A nivel federal, aparentemente, los recursos económicos están dispuestos pero no la cantidad de recursos humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene asignadas poco más de 40 personas. A todas luces insuficiente.  A nivel estatal no están listas las comisiones de búsqueda ni de víctimas. Las comisiones estatales de atención a víctimas tienen años de retraso. Se requieren modelos nacionales o presión política suficiente para empujar a gobernadores. De lo contrario el modelo federal descarrilará el trabajo de búsqueda y reparación.

Se menciona que hay la intención de volver a reformar la Ley General de Víctimas. Debe hacerse pensando en esquemas de justicia transicional y no en el modelo asistencial que hoy se tiene. Buscar modelos administrativos de reparación que no eliminen la reparación por vía judicial, privilegiar la reparación colectiva y colocar a distintas instancias del gobierno (salud, vivienda, trabajo, educación, etc.) en armonía con los paquetes de reparación. Ya se han hecho dos versiones de esta ley, que no se cometa el mismo error por tercera vez.

Sin verdad, búsqueda, justicia, reparación y garantías de no repetición no habrá transformación alguna. Caso a caso será imposible.

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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