Coparmex pide frenar reforma electoral; la ve 'riesgosa e inoportuna' ante inseguridad e incertidumbre
El organismo empresarial advierte que modificar las reglas electorales sin consenso ciudadano podría afectar la estabilidad institucional, la confianza de inversionistas y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México.
- Redacción AN / MDS

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que en el contexto actual del país no es oportuno impulsar una reforma electoral y advirtió que las prioridades nacionales deben centrarse en la seguridad, la justicia y la generación de condiciones para la inversión.
En un comunicado, el organismo empresarial afirmó que la reforma electoral más adecuada es aquella que “surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones”. En ese sentido, consideró que “la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país”.
La confederación señaló que México enfrenta un entorno de incertidumbre económica, tanto interna como externa, además de una necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz para propiciar condiciones favorables a la inversión. Bajo ese escenario, sostuvo que la discusión de una reforma electoral “resulta riesgosa e inoportuna”.
Indicó que la intención de abrir este debate institucional ocurre en un momento “especialmente delicado”, marcado por retos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y debilidades del Estado de Derecho. “Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división”, expuso.
El organismo también advirtió sobre posibles efectos económicos. Señaló que la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. En ese sentido, cualquier señal que sugiera un debilitamiento de la libertad democrática o de las instituciones “incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos”.
Asimismo, planteó que un cambio en las reglas electorales podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos en procesos de negociación como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. En este contexto, subrayó que “la legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social”.
En el comunicado, la Coparmex recordó que desde la década de los noventa el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas a través del diálogo y la construcción de consensos. Destacó que las reformas que otorgaron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la pluralidad “no fueron concesiones del poder, sino conquistas sociales”.
De acuerdo con la organización, este proceso permitió que México avanzara hacia un sistema electoral que ha proporcionado estabilidad política, alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Si bien reconoció que se trata de un modelo perfectible, afirmó que ha demostrado ser uno de los pilares del desarrollo democrático nacional.
No obstante, advirtió que el contexto actual es distinto y que, por primera vez en la historia reciente, una propuesta de reforma electoral “no nace del consenso ciudadano”, lo que, indicó, introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.
La organización sostuvo que las leyes electorales deben respetar cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente: la autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con independencia real y estructura profesional permanente; la pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social; una fiscalización sólida que garantice condiciones equitativas de competencia; la inclusión de minorías; y la certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles.
La Coparmex reiteró que una eventual reforma electoral debe surgir de consensos ciudadanos, diálogo democrático y respeto a las instituciones, y enfatizó que cuidar el sistema electoral “implica actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los desafíos urgentes que hoy afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país”.
Por lo tanto, expresó su disposición permanente al “diálogo respetuoso” y a la construcción de acuerdos que fortalezcan la democracia, “siempre con responsabilidad y visión de largo plazo”.

