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Tribunal Colegiado revoca suspensión que impedía la detención del copropietario de Miss Universo

En paralelo un juez federal de Nuevo León negó la suspensión definitiva solicitada por el empresario, por lo que la FGR ya no está obligada a reconocerlo como testigo colaborador.

  • Redacción AN / MDS
23 Dec, 2025 05:32
Tribunal Colegiado revoca suspensión que impedía la detención del copropietario de Miss Universo
Imagen: IG (@raulrocha777)

Un Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió revocar la suspensión provisional que protegía al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, frente a actos de la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que quedó sin efecto la medida que impedía su detención y se mantiene la revocación del criterio de oportunidad que le había sido otorgado como testigo colaborador.

Rocha Cantú es investigado por las autoridades federales por su presunta relación con una organización criminal dedicada al tráfico de armas y combustible. La investigación es conducida por la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Medios nacionales dieron a conocer que la resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver un recurso de queja presentado por la FGR contra la suspensión provisional que había concedido un juzgado federal en Nuevo León. Por mayoría de votos, el tribunal determinó revocar dicha suspensión.

En la discusión del asunto, los magistrados Carlos Alberto Flores Alamilla y Víctor Hugo Alejo Guerrero sostuvieron que existe un criterio obligatorio que exige la comparecencia presencial de los testigos cuando se trata de técnicas de investigación.

En contraste, la magistrada Sara Verónica Siller Morquecho votó en contra de revocar la suspensión, al considerar que la entrevista podía realizarse de forma remota y que la FGR no había justificado otros actos adicionales.

Imagen: IG (@raulrocha777)

La protección judicial revocada había sido otorgada en el marco de un juicio de amparo promovido por Rocha Cantú, con el objetivo de no comparecer físicamente ante las autoridades, evitar su detención y frenar la revocación del criterio de oportunidad que le permitía colaborar como testigo.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León admitió la demanda y concedió una suspensión provisional que impedía obligarlo a comparecer, evitaba su detención y prohibía imponer sanciones o revocar el criterio de oportunidad por su inasistencia.

Sin embargo, la FGR impugnó esa determinación mediante un recurso de queja, el cual fue resuelto por el tribunal colegiado.

Juez le niega suspensión definitiva

De manera paralela, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León negó la suspensión definitiva, por lo que la FGR ya no está obligada a reconocer a Rocha Cantú como testigo colaborador, pese a que el mismo juzgador le había concedido previamente la suspensión provisional.

El juez negó la suspensión definitiva porque Rocha Cantú no probó los actos que reclamó y porque concederla impediría que la FGR continúe una investigación penal, lo que afectaría el interés público y el acceso a la justicia.

El amparo fue promovido el 12 de diciembre contra actos de la FEMDO; la queja de la FGR se presentó el 17 de diciembre y se fijó el viernes 26 de diciembre a las 10:20 horas como fecha para la audiencia incidental.

Foto: IG (@raulrocha777)

El pasado 15 de diciembre el juez de control federal en Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, ordenó nuevamente la captura de Rocha Cantú, ante la imposibilidad de la FGR de localizarlo y debido a que no asistió a dos citas programadas por la Secretaría de Seguridad los días 8 y 12 de diciembre, ni a una diligencia programada ante la FEMDO el pasado 12 de diciembre.

Rocha Cantú se negó a acudir de manera presencial ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y solicitó comparecer por videoconferencia, bajo el argumento de que existía un riesgo para su “seguridad personal”.

El 12 de diciembre tampoco se presentó a una diligencia programada ante la FEMDO, donde debía ser entrevistado por la defensa de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, fiscal encarcelada y procesada por presuntamente vender información al grupo delictivo vinculado a Rocha. La fiscalía presume que Rocha Cantú realizó pagos por millones de pesos a Jacobo ‘N’, alias ‘El Yaicob’, ‘El Lic’ o ‘El Licenciado’ -actualmente procesado-, con el objetivo de obtener información desde la FEMDO.

El pasado 10 de diciembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó la revocación del criterio de oportunidad otorgado al empresario, al considerar que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre los requisitos para acceder al criterio de oportunidad se establece que el imputado debe aportar información esencial y eficaz para perseguir un delito de mayor gravedad, así como comprometerse a comparecer en el juicio.

Para intentar obtener este beneficio legal, Rocha habría entregado únicamente un testimonio escrito, sin mayor ampliación, en el que habría reconocido ante la FGR su participación en el contrabando de combustible desde Guatemala, minimizando su grado de involucramiento y afirmando que “únicamente” participó en dos operaciones ilícitas. Según su versión, citada por Reforma, habría invertido 4.2 millones de pesos, obteniendo ganancias por 1.2 millones de pesos.

Con la revocación de la suspensión provisional por parte del Tribunal Colegiado y la negativa de la suspensión definitiva, Rocha Cantú quedó sin la protección judicial que le impedía ser detenido y sin la garantía de conservar el criterio de oportunidad. La FGR queda así en posibilidad de ejecutar la orden de captura y continuar el procedimiento penal en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, Rocha Cantú ejercía un rol de liderazgo dentro de una organización criminal desde, al menos, el 15 de diciembre de 2024, ejerciendo funciones de dirección y realizando inversiones millonarias que generaban ganancias proporcionales a su participación.

Esta red criminal presuntamente importaba combustible ilegalmente desde Guatemala y Estados Unidos, y se dedicaba presumiblemente al tráfico de armas de grueso calibre desde Guatemala hacia México para su venta a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o la Unión Tepito.