Diputados aprueban la Cuenta Pública 2023; oposición cuestiona deuda y observaciones de la ASF 
La oposición acusó opacidad, endeudamiento y corrupción en el manejo de los recursos públicos.
- Redacción AN / MDS
La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública Federal de 2023, con 335 votos a favor y 127 en contra, tras un debate sobre el manejo del gasto público, la deuda y la rendición de cuentas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 2,369 auditorías y determinó un monto de recuperación de 53 mil 741 millones de pesos, de los cuales ya se recuperaron 1 mil 762.23 millones, aunque aún faltan por aclarar o confirmar 51 mil 979 millones.
De estos recursos pendientes, 40 mil 801 millones corresponden a gobiernos estatales y municipales que manejaron gasto federalizado, lo que representa el 78.5% del total. Otros 7 mil 216 millones están vinculados al desarrollo económico (14%), 3 mil 802 millones al desarrollo social (7%), y apenas 160 millones (0.3%) al rubro de Gobierno.
La Comisión de Presupuesto señaló que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF, lo que permite que, quienes sean presumiblemente responsables, sean sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, presenten las aclaraciones o solventaciones correspondientes.
Por ello, se instruyó a la Auditoría para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2023, y envíe a la Cámara de Diputados la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.
Foto: Cámara de Diputados
El decreto aprobado señala que los ingresos del sector público ascendieron a 7 billones 39 mil millones de pesos, un incremento respecto a 2022, impulsado por mayores ingresos no petroleros y tributarios. El gasto neto total fue de 8 billones 162 mil millones, equivalente al 25.7% del PIB, con un crecimiento real de 2.9% frente al año anterior.
De acuerdo con el dictamen, el endeudamiento neto ejercido por el Ejecutivo fue de 1 billón 245 mil millones de pesos, menor al autorizado en la Ley de Ingresos, mientras que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 46.8% del PIB.
Durante la sesión, los partidos cruzaron acusaciones sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez afirmó que su bancada no podía respaldar una Cuenta Pública con “casi 52 mil millones de pesos bajo observación y bajo la corrupción”, y acusó irregularidades que, dijo, no pueden ser ignoradas.
En la misma línea, su correligionario Fidel Daniel Chimal García criticó que la Auditoría no habla de errores administrativos, no habla de pagos en exceso ni de contratos fantasmas, habla de obras sin terminar, de facturas duplicadas, de gastos sin comprobante. “Si ustedes manejaran una empresa privada seguramente esta ya estaría en quiebra”, remató.
La emecista Gloria Elizabeth Núñez Sánchez sostuvo que los resultados de la Cuenta Pública arrojan irregularidades en su ejercicio, deficiencias en la ejecución del gasto público y fallos en los mecanismos de control y supervisión del gasto, por lo que avalarla sería “un acto de irresponsabilidad”.
Por su parte, la diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo justificó su voto en contra al señalar que “lo que aquí se pretende no es una política fiscal responsable, sino el reflejo de una administración que ha hipotecado el futuro de México con un manejo riesgoso, discrecional y opaco de la deuda pública”. Según dijo, “al cierre de 2023 la deuda bruta del sector público federal alcanzó la cifra histórica de más de 15 billones de pesos”.
En contraste, los legisladores de la coalición oficialista defendieron el dictamen como muestra de estabilidad y honestidad en el uso de los recursos.
La diputada morenista Antares Vázquez Alatorre destacó que gracias a la austeridad se registraron “ahorros por 4 mil 443 millones de pesos, compuestos en su mayoría por la disminución del gasto de operación y servicios personales”.
Mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendió la aprobación de la Cuenta Pública bajo el argumento de que refleja una política de desarrollo con justicia social. El diputado Ricardo Astudillo Suárez afirmó que “cuando hay planeación hay desarrollo y cuando hay desarrollo hay justicia social”, y subrayó que más del 72% del gasto fue dirigido a programas sociales, infraestructura, educación, salud y medio ambiente.
La petista Nora Yessica Merino Escamilla calificó el documento como “la radiografía de un país en transformación, con estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y justicia social; un país donde los programas llegan, la recaudación crece y la deuda se mantiene bajo control”.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación y comunicarlo a la ASF y a la Comisión de Vigilancia.
