R3D advierte que defensa de Morena sobre vigilancia del Código Fiscal es falsa 
Además, señaló que cruzando estos datos con otras leyes, como la Ley General de Población y la ley de inteligencia, podrían revelarse aspectos sensibles de las personas, como orientación sexual, salud o ideología política.
- Redacción AN / KC
Vladimir Chorny, abogado de R3D Red en Defensa de Derechos Digitales, en entrevista para Aristegui en Vivo, adviritó que “lo que se está construyendo es un sistema de vigilancia inconstitucional, paso a paso, con cada reforma”, respecto a la modificación al artículo 30B del Código Fiscal Federal.
El especialista cuestionó las declaraciones del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que la reforma solo obliga a las plataformas a compartir información fiscal y no datos personales de los usuarios.
Decir que la medida aplica solo a las plataformas y no a los usuarios es falso, porque la ley del IVA ya establece información personal de los usuarios.
Chorny explicó que la reforma, además de modificar el artículo 30B, se vincula con el artículo 18J, fracción 3, de la ley del IVA.
Este artículo, expuso, obliga a las plataformas extranjeras que operan como intermediarios a entregar mensualmente al SAT información que incluye nombre completo de las personas que realizan transacciones, CURP, dirección del inmueble en servicios de hospedaje y montos de operaciones.
Según Chorny, al combinarse con la nueva reforma, esta información podría estar disponible en tiempo real y de manera permanente.
El abogado advirtió que el acceso irrestricto a esta información representa una medida desproporcionada frente al derecho a la privacidad y otros derechos constitucionales.
No hay controles democráticos ni necesidad de autorización judicial.
Además, señaló que cruzando estos datos con otras leyes, como la Ley General de Población y la ley de inteligencia, podrían revelarse aspectos sensibles de las personas, como orientación sexual, salud o ideología política.
Te puede interesar>SAT vigilará impuestos, no a usuarios del comercio digital: Ramírez Cuéllar
Chorny también cuestionó el párrafo del 30B que permite el bloqueo de plataformas, calificándolo como una medida de censura previa prohibida por el artículo 7 de la Constitución.
Es similar a bloquear una televisora, una radiodifusora o un periódico, es así de grave.
El abogado recordó antecedentes de vigilancia y espionaje en México, señalando a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia.
Durante su gestión en la Fiscalía de la Ciudad de México, dijo Chorny, existieron indicios de abusos en el acceso a información protegida constitucionalmente.
“Es un buen ejemplo de cómo las autoridades han abusado en materia de acceso a información protegida constitucionalmente”, dijo y criticó además la vaguedad de la cláusula de “únicamente información fiscal”.
Según el entrevistado, esta redacción no garantiza qué tipo de datos se accederán ni bajo qué criterios, dejando la puerta abierta a que reglamentos o lineamientos posteriores amplíen la información a la que se pueda acceder.
La nueva redacción no resuelve el problema de fondo, es el mismo problema fraseado de otra manera.
El especialista también recordó que los conversatorios previos de la ley de telecomunicaciones fueron, a su juicio, instrumentalizados para dar legitimidad a reformas que luego permitieron profundizar sistemas de vigilancia.
“Pasaron unos meses, casi pareciera que dijeron espérense un ratito, dejen que se olviden y lo metieron en el párrafo segundo del artículo 30B”, comentó.
Chorny señaló que esta reforma se inscribe en un patrón de legislaciones conocidas como el “paquete de leyes espía”, que incluye la ley de inteligencia, la Ley General de Población y la ley de telecomunicaciones.
En su opinión, estas reformas permiten que autoridades como el SAT y la Agencia de Transformación Digital tengan control sobre la información fiscal, financiera y personal de ciudadanos, sin supervisión judicial ni controles democráticos.
Ante este escenario, el abogado recomendó a los senadores tres medidas antes de aprobar la reforma, abrir espacios de discusión serios y horizontales con participación de la sociedad civil, eliminar el acceso en tiempo real y permanente, y reconocer que la cláusula de “únicamente información fiscal” no protege los derechos de los usuarios.
“No se debe aceptar como un avance; es una cláusula vaga y ambigua que deja la puerta abierta a abusos”, concluyó.
