opinión*
“Reformar lo social”, artículo de Araceli Damián
por Araceli Damián
(Foto: Cuartoscuro)

Por @_AraceliDamian

En México el desarrollo social está supeditado a los criterios y las prioridades económicas de corte neoliberal: control de la inflación y del déficit, tasas de interés atractivas para el capital gaviota, entre otras. Sin embargo, el desarrollo social debería estar en el centro de las prioridades de un gobierno que se preocupe por la gente.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), desde sus primeras versiones buscó promover los derechos sociales, sin embargo, su aprobación estuvo sujeta a complicadas negociaciones entre los partidos, lo que provocó que quedaran vacíos conceptuales e inconsistencias, las cuales han sido aprovechadas para establecer criterios y mecanismos que reducen el desarrollo social a tener acceso a beneficios (no derechos) sociales de “segunda”.

En 2003 la LGDS se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Unión y fue promulgada en 2004. En esos años los programas de transferencias monetarias condicionadas y focalizados, como el Prospera (primero Progresa, luego Oportunidades, POP), estaban siendo defendidos a capa y espada por organismo internacionales y el gobierno mexicano, con la finalidad de promover la idea de que, para superar la pobreza extrema, no la pobreza a secas, sólo bastaba con que el gobierno otorgara apoyos monetarios mínimos y se mejorara la nutrición, salud y educación de los pobres extremos.

Si bien esos objetivos son deseables, los resultados del POP han sido muy exiguos, y, a veinte años de la aplicación de esta mal lograda “estrategia”, la pobreza total y la extrema continúan en niveles similares a los principios de los años noventa. Por ello, vale la pena reflexionar sobre cuáles deberían ser los alcances de la política social y, por ende, el contenido de la LGDS.

Entre las limitaciones de la LGDS se encuentra: deja sin definir lo que se entiende por desarrollo social, no establece los umbrales que permitirían evaluar si la población tiene acceso efectivo a los derechos sociales, no define con precisión que se entiende por gasto social, establece órganos de coordinación del desarrollo social que no funcionan y, finalmente, aunque crea el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), no previó mecanismos para la designación de los consejeros académicos estuviera ajena a intereses partidistas ,y al no otorgarle autonomía plena, lo dejó sujeto a las presiones del Ejecutivo, al tomar decisiones sobre la medición de la pobreza; por ello el método y los umbrales adoptados por el Coneval no revelan la magnitud real y evolución de la pobreza en México.

En un intento por superar las limitaciones de la LGDS, el académico Julio Boltvinik, especialista en temas de pobreza y política social, en su calidad de Diputado Federal, presentó ante el Congreso de la Unión, en agosto de 2006, una Nueva Ley General de Desarrollo Social la cual propone avances importantes en la materia, pero que desafortunadamente no fue dictaminada.

En esa propuesta se plantea claramente que el desarrollo social es un “proceso intencional y planeado de cambio que hace efectivos los derechos sociales, eleva el bienestar de la población, permite la superación de la pobreza y del riesgo de pobreza de manera sostenida y sostenible, y disminuye la desigualdad social, apoyándose tanto en la política económica como en la social”.[1]

En cambio, en la LGDS vigente se establece en el Art. 1º fracción I que ésta tiene por objeto: “Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social”. Pero al sólo plantear que a través de la Ley se “garantizará” el pleno ejercicio de los derechos sociales, sin establecer acciones específicas, deja los derechos sociales con carácter retórico, como sucede en la Constitución, lo que provoca que muchos de ellos sean letra muerta o que presenten serias limitaciones, sin obligar a los agentes encargados de la política social y económica al logro de tales objetivos.

Por otra parte, la LGDS vigente, en su Art. 6º define como derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están ausentes los derechos al agua, al tiempo libre y a la cultura.

Por ello, es importante que la LGDS incluya en su cuerpo la definición de lo que debe considerarse acceso efectivo a los derechos sociales. Para reflexionar sobre ello retomemos la Encuesta de Umbrales Multidimensionales de Pobreza (EDUMP), que el CONEVAL pagó en 2007, para supuestamente apoyarse en la determinación de las normas para medir la pobreza multidimensional y que sencillamente decidió ignorar, con argumentos engañosos.[2] En la EDUMP se les preguntó a los mayores de edad en el país: “para que una persona, hoy en día pueda vivir bien ¿cuál es el nivel mínimo de educación que requieren?

El 1.4% consideró como adecuado el nivel de primaria, 10.7% secundaria y, la inmensa mayoría, 88%, preparatoria o más. No obstante, el CONEVAL estableció, como norma, para todos los nacidos antes de 1982, contar con educación primaria para “no” presentar carencia y secundaria para los nacidos a partir de este año, con el argumento de que así lo establece la Constitución y que fue hasta 1982 que se incluyó la secundaria. Lo que el CONEVAL omitió decir es que el derecho a contar con primaria se estableció en México en 1917, lo que ha quedado ampliamente rebasado un siglo después.

Los derechos sociales incluidos en cualquier legislación, cuando han sido superados por la realidad y las expectativas actuantes en la sociedad, dejan de tener vigencia, por lo que la LGDS debe ser revisada a la luz de lo que requieren los mexicanos para no ser pobres.

[1] http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/ago/20060831-VIII.html#Ini20060831Boltvinik

[2] Véase http://www.coneval.org.mx/Medicion/FI/OE/Paginas/Encuesta-de-Umbrales-Multidimensionales-de-Pobreza-(EDUMP).aspx

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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