“El INAH y la desamortización de los bienes culturales”, artículo de Hernández Navarro
La remoción del director del INAH y la oposición del sindicato de la institución al nombramiento de María Teresa Franco, como nueva directora, han abierto el debate sobre la protección de bienes culturales y defensa del patrimonio histórico, ante los proyectos privados en marcha, advierte el editorialista.
(Foto: Cuartoscuro)

A continuación un fragmento del artículo de Hernández Navarro, de este martes:

“El INAH y la desamortización de los bienes culturales”

Por Luis Hernández Navarro

La Jornada, martes 23 de julio, 2013

Un intenso debate sacude el mundo de la cultura en México. La remoción de Sergio Raúl Arroyo como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el nombramiento de María Teresa Franco al frente del organismo ha provocado polémicas y denuncias. Lo que está en juego no es un asunto de filias y fobias hacia funcionarios públicos, sino de la defensa del patrimonio histórico.

Reconocidas voces del medio aseguran que la destitución de Arroyo fue resultado de la resistencia del funcionario a autorizar tres proyectos que afectan bienes culturales: la construcción del Cuarto Museo del Cacao en Chichén Itzá, las obras del teleférico en la zona de monumentos de Puebla y la explotación minera canadiense en la zona arqueológica de Malinalco.

Asimismo, afirman que la designación de María Teresa Franco fue producto de su proclividad a autorizar proyectos privados que dañan monumentos arqueológicos. No les falta razón. Directora general del INAH entre junio de 1992 y diciembre de 2000, con frecuencia se abstuvo de aplicar la Ley Federal de Monumentos y Zonas. Sin el menor pudor, avaló –en medio de fuertes protestas– la construcción de tres plazas comerciales sobre terrenos que forman parte del Perímetro A de Teotihuacán.

No es cuestión banal. El pasado está de moda y es buen negocio. Se le venera igual que se reverencia el dinero. El turismo es el principal consumidor de lugares históricos, constantemente recreados para satisfacer sus demandas. La industria turística se ha convertido en el principal constructor de una visión de patrimonio histórico, de una disneylandización de la historia similar a la que se buscó difundir con el espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán. Para ella, el INAH y su legislación son un obstáculo. Necesitan tener al frente a alguien que les sea afín.

El INAH tiene como mandato de ley investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Parte de esta legislación es el decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1977, mediante el cual se establece que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.

El decreto fue promovido por el entonces director del INAH, Gastón García Cantú, para dotar a la institución de una cobertura jurídica que protegiera a los monumentos arqueológicos e históricos. En aquellos años era usual que políticos y empresarios usaran los edificios históricos, sin importar el daño que provocaran, para campañas políticas, bodas, celebración de quince años, eventos altruistas y conciertos de gala.

García Cantú contó en distintas ocasiones cómo los escandalosos reventones de la primera dama, Carmen Romano, en el Museo Nacional de Historia, lo llevaron entrevistarse con el mandatario para solicitarle que los impidiera. El historiador, junto a Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario de Educación Pública, explicó al jefe del Ejecutivo por qué era inadecuado dar el permiso para efectuar una recepción más que organizaba su esposa. El Presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no se podía cancelar el acto. García Cantú insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales. López Portillo aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada. El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.

Ir al artículo íntegro en La Jornada



Temas relacionados:
Cultura
Sociedad



Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]