ONG’s rompen Alianza por el Gobierno Abierto, debido a espionaje
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral conformada por 75 países, que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura.
Foto: @article19mex

 

Organizaciones que junto con el gobierno federal y el INAI formaban parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, decidieron salirse del proceso de colaboración por “falta de condiciones de co-creación y diálogo”. 

En un comunicado, señalaron que en México “no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

Señalaron que el “espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno”. 

Indicaron que abrirán un expediente a través de la Política de Respuesta que “será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

“El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil destacó la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York Times el pasado 11 de febrero de 2017 acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México”, apuntaron.

“Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018. Ante dicha situación, el núcleo exigió al Poder Ejecutivo Federal (representado por la Secretaría de la Función Pública) y a los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de tres meses“, expusieron.

Las organizaciones consideraron que “esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

 

 



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