Archivan investigación sobre la 'Casita del terror' de Julio Iglesias por 'falta de jurisdicción'

La investigación que iniciaron para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

La querella, desechada por la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles, contempla la acusación contra el famoso cantante ante la probable comisión del delitos como acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

“A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible“. Así describió una extrabajadora la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, con la investigación con la que el Diario.es y Univision Noticias revelaron que las dos exempleadas acusaron al cantante de agresiones sexuales.

El Ministerio Público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

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Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

Estas acusaciones han sido negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

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El jueves 22 de enero, Julio Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente había recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual, con los que parece querer demostrar su inocencia.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad“, señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes.

Víctimas lamentan decisión de la Fiscalía

Por otro lado, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista, consideran “lamentable” la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anuncian que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es “lamentable” porque “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”.

Opinan que “no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes“.

“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, añade el comunicado.

Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul “obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio”.

Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia

Según Women’s Link y Amnistía Internacional, “Rebeca y Laura seguirán luchando por justicia” y “no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada”.

Así, exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “considere toda la información y evidencia presentada“, ya que hay tres escritos a los que no contestó, y destacan que, teniendo seis meses para investigar, haya tomado la decisión en menos de dos semanas.

“Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles que, tal como señala la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, les permiten garantizar sus derechos”, concluye el comunicado.

Con información de EFE