Detención de 'El Botox' da 'aliento' al campo: Consejo Nacional Agropecuario

La detención de “El Botox”, presunto operador de redes de extorsión en el sector agropecuario, es un golpe relevante contra el crimen organizado que ha encarecido los alimentos entre 10 y 20 por ciento, afirmó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons.

El dirigente explicó en Aristegui en Vivo que este grupo criminal operaba principalmente en Michoacán, donde mantenía un esquema de cobro ilegal contra productores de limón y aguacate, empacadores y transportistas, afectando tanto el mercado interno como las exportaciones.

Detalló que las extorsiones se aplicaban en varios niveles de la cadena productiva y se cobraban cuotas por hectárea a los productores, por caja a las empacadoras y pagos adicionales durante el traslado de la mercancía.

Había extorsiones en las fincas, en las empacadoras y también en el transporte.

Esteve Recolons sostuvo que estos costos ilegales se trasladaron al consumidor final, lo que provocó incrementos estimados de entre 10 y 20 por ciento en los precios de los alimentos que llegan a los centros de consumo.

Indicó que, aunque no se trata de un cálculo exacto, se trata de un impacto constante observado por los propios productores y empresas del sector.

El presidente del CNA reconoció el trabajo del gobierno federal en este operativo y agradeció la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como de la Guardia Nacional.

Aclaró que no es un motivo de celebración, pero sí un mensaje de aliento para quienes producen alimentos en el país.

Es uno de los objetivos más grandes que se han detenido y nos da esperanza de que la estrategia basada en inteligencia pueda dar resultados.

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Advirtió que la criminalidad no se limita a Michoacán y se ha extendido a otros ámbitos del campo mexicano, incluidos distritos de riego, donde los productores deben pagar cuotas incluso para tener acceso al agua.

Señaló que esta situación ha generado abandono de tierras, reducción de la supervisión en las parcelas y una caída en la productividad agrícola.

“El campo se fertiliza con la suela del zapato y la supervisión constante; cuando hay miedo, se va menos al campo y eso afecta la producción”, explicó.

Indicó que la extorsión funciona como un “impuesto criminal” que se suma a los costos de producción e involucra también a proveedores de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Al sumar todas las cuotas ilegales, dijo, el impacto económico puede ser equivalente o incluso mayor al de los impuestos formales.

En el mapa nacional, identificó focos rojos en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, y alertó sobre una normalización de la violencia en algunas regiones.

Aseguró que en algunos estados hay menos denuncias no por una reducción del delito, sino por resignación social frente al crimen organizado.

En el ámbito económico, explicó que los productores de granos enfrentan una caída significativa en los precios; como ejemplo, mencionó que el maíz pasó de casi ocho mil a alrededor de cuatro mil pesos por tonelada.

A esta situación se suma el incremento en los costos de los insumos y la desventaja frente a los subsidios agrícolas que reciben productores de Estados Unidos y Brasil.

Esteve Recolons defendió la permanencia de los granos dentro del T-MEC, al considerar que su importación permite producir proteínas a precios accesibles para la población.

Precisó que retirar estos productos del acuerdo encarecería alimentos como carne, huevo y leche, al tratarse de insumos clave para el sector pecuario.

No obstante, subrayó que es necesario fortalecer los apoyos a los productores nacionales de granos y recuperar instrumentos como la agricultura por contrato, créditos y seguros.

Reiteró que la seguridad alimentaria debe entenderse como un tema de seguridad nacional y recordó lo que consideró, las lecciones que dejó la pandemia por COVID-19 en el abasto de insumos estratégicos.

Finalmente, alertó sobre el avance del gusano barrenador del ganado y el ingreso ilegal de reses desde Centroamérica, fenómenos que, dijo, han incrementado los costos del sector pecuario.

Indicó que el trasiego ilegal supera las 800 mil cabezas de ganado al año y que esta práctica ha facilitado la propagación de enfermedades.

Llamó a reforzar la trazabilidad, las certificaciones independientes y la corresponsabilidad entre autoridades, productores y consumidores para enfrentar estos retos.