Respuesta de México a la ONU por Rancho Izaguirre es retórica y no atiende desapariciones: especialista

La respuesta del Estado mexicano a los cuestionamientos de Naciones Unidas por los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no aporta información sustantiva ni enfrenta de fondo la crisis de desapariciones que vive el país, advirtió Michael Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria SC y experto certificado por Justice Rapid Response.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que la constatación de la existencia de un centro del crimen organizado en Teuchitlán y lo que allí presuntamente ocurrió provocó una reacción inédita de varios órganos independientes de la ONU, entre ellos el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales.

Señaló que esta preocupación no surgió de un caso aislado, sino de un seguimiento de largo plazo a la situación en México. “Tienen muchos años siguiendo la situación en México y saben que el caso de Teuchitlán no es un caso aislado, que hay una situación, un problema bastante grave sobre desapariciones en México”, afirmó.

El especialista detalló que estos mecanismos enviaron una carta al Estado mexicano a mediados de este año para solicitar información específica sobre las investigaciones en el Rancho Izaguirre, las medidas de resguardo del lugar, la atención a las víctimas y las acciones para enfrentar la crisis forense. La respuesta gubernamental, fechada el 4 de agosto pero conocida públicamente apenas hace dos semanas, consta de 20 cuartillas.

De acuerdo con Chamberlin, el contenido del documento es fundamentalmente declarativo. “Es una respuesta más bien de carácter retórica, en donde reitera el compromiso de la presidenta para llevar a cabo acciones a favor de las víctimas de desaparición”, pero sin incluir datos, cifras ni plazos concretos.

Añadió que se mencionan el fortalecimiento de instituciones como el del Centro Nacional de Identificación Forense y la Comisión Nacional de Búsqueda, “pero sin decir cómo, cuándo ni dónde”.

Compromisos oficiales y recursos disponibles

El experto subrayó que existe una contradicción entre esos compromisos y los recursos disponibles. Al contrastar el discurso oficial con el presupuesto, señaló, “no tenemos un match entre esa disposición y lo que realmente hay para poder, por ejemplo, identificar cuerpos o darle más capacidades a la Comisión”.

Uno de los ejes reiterados en la respuesta oficial es que las desapariciones son cometidas por la delincuencia organizada y no por el Estado. Chamberlin indicó que esta postura no resuelve el problema central. “Realmente no tenemos un diagnóstico en México de por qué suceden las desapariciones o por qué han venido sucediendo a lo largo ya casi de veinte años”, sostuvo, al tiempo que recordó que las acciones gubernamentales para detenerlas no han dado resultados y que la impunidad persiste.

Desde su perspectiva, la preocupación de los órganos especializados de la ONU se centra en la falta de investigación y búsqueda. “Lo que sí sabemos hoy es que el Estado no investiga los casos y sabemos que tampoco busca”, lo que impide conocer qué ocurre entre la privación de la libertad de una persona y su destino final. En ese contexto, explicó, se ha planteado la existencia de una “permisividad del Estado” que configura una responsabilidad por aquiescencia.

Chamberlin recordó que tanto comités de la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han señalado que, frente a contextos generalizados de violaciones, corresponde al Estado demostrar que no se trata de desapariciones forzadas o de tortura, debido a la falta de investigación efectiva y de protección.

Respecto al debate sobre si el Rancho Izaguirre fue solo un campo de reclutamiento forzado y adiestramiento del crimen organizado o si también fue un campo de exterminio, Chamberlin consideró que el enfoque es insuficiente. “Lo importante no es si el extermino ocurría en el Rancho Izaguirre o no, porque el fenómeno no se limita al Rancho Izaguirre y tampoco se limita a Teuchitlán”, afirmó.

Expuso que el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado ocurre de manera generalizada en distintas regiones de Jalisco y otros estados, y recordó operativos previos en los que jóvenes reclutados fueron presentados como detenidos por otros delitos.

Indicó que existe una solicitud de acción urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas para esclarecer el manejo e identificación de posibles restos encontrados en el rancho, ante la preocupación de familias de diversos estados del país. Señaló que muchos jóvenes fueron captados mediante ofertas de trabajo difundidas en redes sociales y trasladados desde distintas entidades. “México es el país que más acciones urgentes tiene ante el comité por desapariciones, más que lugares como Siria, por ejemplo”, indicó.

Chamberlin sostuvo que el fenómeno incluye ejecuciones como parte de los mecanismos de control del reclutamiento y que algunos sobrevivientes han señalado traslados a otros estados para niveles posteriores de adiestramiento. Por ello, insistió en que las investigaciones deben abarcar todo el entramado y no limitarse a un solo predio.

“No podemos negar que estos hechos ocurren, que estos contextos se viven en México”, apuntó, al subrayar que la prevención y erradicación de estas prácticas pasa necesariamente por el esclarecimiento pleno de la verdad sobre lo que está ocurriendo.

El artículo 34 de la ONU como mecanismo de presión y protección

Recordó que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU activó para el caso de México y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU.

El especialista señaló que, aunque el Estado mexicano ha implementado algunas reformas, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y modificaciones al Código Penal, estas medidas “no detienen las desapariciones, no brindan justicia a las víctimas, y son claramente insuficientes”.

Por ello, el comité recurrió al artículo 34 como último recurso: “Cuando hay indicios de una situación generalizada o sistemática, el comité podrá acudir, en calidad de urgencia, a la Asamblea General, a presentar el asunto mediante el secretario general”.

Chamberlin enfatizó que existe evidencia de que las desapariciones se cometen de manera sistemática. “Si volteamos a ver situaciones como las de Teuchitlán y otros, nos damos cuenta que sí hay una sistematicidad, de hecho, la impunidad misma es sistemática”, afirmó.

Añadió que, aunque la delincuencia organizada está involucrada, también hay indicios de participación y corrupción de autoridades. “El comité lo único que está haciendo es devolverle a la Asamblea, que es la que creó la convención y la aprobó, y decirles, ‘oigan, aquí tenemos un problema que está más allá de nuestras posibilidades, atiéndanlo’”.

Sobre el alcance de esta acción, el especialista aclaró que no se trata de juzgar, sino de establecer un diálogo y medidas concretas para atender la problemática: “Debe haber justicia, evidentemente, pero en este momento no se trata de juzgar, se trata de ver qué pasos vamos a dar junto con el Estado mexicano para poder atender este problema que no acaba, que sigue creciendo y que no se atiende como debería ser a las víctimas, tanto la desaparición como a sus propios familiares”.

Destacó el papel de la sociedad civil en este proceso y la expectativa de un acompañamiento internacional efectivo. “El artículo 34 debe servir para proteger a las víctimas […] estamos en un punto en donde México debe ya, más allá de decir promesas, tener un acompañamiento de un órgano internacional para atender, como debe ser, la problemática de México, y ya detener de una vez por todas la desaparición forzada de personas”, concluyó.