SAT vigilará impuestos, no a usuarios del comercio digital: Ramírez Cuéllar

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la reciente reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación no implica ningún tipo de espionaje digital ni vulneración de la privacidad de los consumidores, sino que busca reforzar la fiscalización a plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu o Alibaba para evitar evasión fiscal.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Ramírez Cuéllar explicó que la polémica generada por la primera redacción del artículo, que fue duramente criticada por su ambigüedad, derivó en una “rectificación profunda” para dejar claro que la medida “únicamente tiene fines fiscales”.

La revisión en tiempo real de las plataformas de comercio electrónico es únicamente, y esta es la gran reforma, únicamente para la regulación fiscal. No tiene absolutamente otro motivo.

Ramírez Cuéllar subrayó que el objetivo es permitir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda revisar los ingresos y egresos de las plataformas, sin acceder a información personal de los usuarios ni a los contenidos de sus transacciones.

El diputado recordó que desde 2019 inició el proceso de regulación para empresas digitales dedicadas al hospedaje y transporte, y posteriormente, en 2024, se amplió a las plataformas de comercio electrónico.

Según dijo, estas empresas representaban “una fuente muy grande de evasión fiscal” y generaban “competencia desleal” con negocios nacionales.

“Regulamos Shein, Temu, Alibaba y otro tipo de plataformas en materia de comercio electrónico porque estaban estableciendo una competencia desleal, era una fuente muy grande de evasión fiscal y por eso decidimos establecer una regulación”, explicó.

En cuanto al alcance técnico de la reforma, el morenista indicó que el SAT podrá tener acceso en tiempo real a la información consolidada de operaciones de compra y venta que registran las plataformas, con el único fin de verificar el cumplimiento del pago y la retención del IVA.

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Ramírez Cuéllar señaló que muchas de las empresas digitales que operan en México no tienen establecimiento permanente en el país, lo que ha complicado su fiscalización.

Sin embargo, sostuvo que este tipo de reformas se alinean con los criterios internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El legislador agregó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir los “boquetes de evasión fiscal” y las redes criminales vinculadas al llamado “huachicol fiscal” y a la facturación falsa.

Es una lucha por tapar dos grandes boquetes de evasión fiscal, no solamente es un problema financiero, sino que apunta también a la destrucción de toda una red criminal de políticos, empresarios y malhechores que se han enriquecido a costa del erario.

De acuerdo con el diputado, los cambios aprobados en la Cámara de Diputados —y actualmente en revisión por el Senado— representan “un gran salto” en materia de justicia tributaria y fortalecimiento del Estado.

“Creo que hemos avanzado a pasos firmes, la recaudación por este concepto está aumentando y es un ejemplo que hemos tomado de muchísimas partes del mundo”, dijo.

Sobre el caso específico de Mercado Libre, Ramírez Cuéllar precisó que podría requerir un tratamiento diferenciado por su perfil orientado a pequeños y medianos vendedores, aunque aseguró que “las disposiciones generales no los afectan”.

Finalmente, insistió en que la modificación al artículo 30-B incorpora tres elementos clave, la fiscalización “en tiempo real”, el carácter “únicamente fiscal” de la supervisión y el “cumplimiento de obligaciones fiscales”.

No hay ninguna ley espía, lo que hay es una acción decidida del gobierno para terminar con la evasión y el saqueo que durante años ha debilitado al Estado mexicano.

Con estas precisiones, Ramírez Cuéllar buscó cerrar el debate que surgió por la llamada “ley espía”, tras la difusión de versiones que sugerían que el SAT podría acceder a datos personales de los usuarios.

El legislador reiteró que el propósito es transparentar el cumplimiento tributario de las grandes plataformas digitales y evitar que sigan operando al margen del fisco.