Vivos se los llevaron
A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la crisis por los desaparecidos en México desafía al nuevo gobierno en sus políticas de seguridad, atención a víctimas y derechos humanos.

Por Ernesto Núñez Albarrán
Twitter: @chamanesco

Que alguien me diga si ha visto a mi hijo
Es estudiante de pre Medicina
Se llama Agustín y es un buen muchacho
A veces es terco cuando opina
Lo han detenido, no sé qué fuerza
Pantalón blanco, camisa a rayas
Pasó anteayer…
Rubén Blades, ‘Desapariciones’

 

Se calcula que son más de tres mil cada año, de 2006 a la fecha. Alrededor de 40 mil 200 mexicanos que un día salieron de su casa y nunca nadie supo más de ellos.

Son los desaparecidos, los que no tienen un acta de defunción, una tumba, una esquela. Más de 40 mil familias, que no saben dónde quedó el hijo, la hija, el padre, la madre, el esposo, la esposa

En medio de una guerra con más de 120 mil asesinados, sería lógico pensar que ya no están. Pero cómo saberlo, si a esas familias nadie les ha entregado un cuerpo, un registro, ni siquiera un relato coherente sobre su partida.

¿Por qué resignarse a que se fueron, si nadie les pudo decir adiós?

El tema no es nuevo, pero sí más crítico que nunca.

El 2 de octubre de 1968, muchos –nadie sabe exactamente cuántos– no regresaron a su casa después de manifestarse en Tlatelolco; y no fueron a dar a la cárcel, al hospital ni a la morgue. Simplemente, se esfumaron.

Después fueron decenas, cientos, quizás miles, las víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Luis Echeverría, durante la llamada “Guerra Sucia”.

En los 70 y los 80, se hablaba de sótanos lúgubres en la Dirección Federal de Seguridad, la PGR, la Policía del Negro Durazo, la Judicial. Sótanos en los que se interrogaba y se torturaba, y de los que algunos ya no salían con vida.

Y después, cuando pensábamos que la transición a la democracia y la alternancia traerían tiempos mejores, Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narco” y, de entonces a la fecha, volvieron a desaparecer decenas, cientos, miles; algunos por cuenta del crimen organizado, otros a manos de policías coludidos con criminales.

Los reportes de extravío, las fichas de búsqueda y las denuncias por desaparición se fueron acumulando, una encima de otra, hasta formar inmensas pilas de papel mal acomodadas en archivos desordenados, registros inexactos, carpetas de investigación que se han ido empolvando, averiguaciones previas a las que nadie dio seguimiento.

Y, al mismo tiempo, se fueron reproduciendo los hallazgos macabros de fosas clandestinas con restos humanos maltrechos, despedazados, dispersos, desordenados. Los restos de vidas que fueron apagadas.

Obreros que no llegaron a trabajar, maestros que no llegaron al salón de clases, madres que un día no volvieron a casa, padres de los que no quedó más que el recuerdo, estudiantes que no pudieron graduarse…

De entre todos ellos, los supuestamente más buscados se fueron hace cinco años, en la noche fatal del 26 de septiembre de 2014, en las carreteras de Guerrero. Eran 43. Eran jóvenes. Creían en El Che y el marxismo. Estudiaban en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Según lo que se sabe, fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, y probablemente entregados a un grupo criminal, que los habría desaparecido después de golpearlos, torturarlos, asfixiarlos, matarlos.

Pero no hay restos más que de uno de ellos, y los presuntos asesinos acaban de recobrar su libertad. La PGR llevó mal el caso, torturó a los detenidos para obligarlos a firmar una confesión, inculparlos, presentarlos, condenarlos, encarcelarlos…

Todo, para que cinco años después tuvieran que soltarlos.

La PGR de Jesús Murillo Karam (experimentado político priista, exgobernador y exsenador), no sólo no acertó con su “verdad histórica”, sino que terminó por entorpecer las auténticas pesquisas, las que hubieran dado, quizás no con los culpables, pero sí con los muchachos.

Cinco años después, la FGR de Alejandro Gertz Manero (experimentado policía, ex colaborador de Cuauhtémoc Cárdenas y de Vicente Fox), no sólo ha desechado la “verdad histórica” que tanto cansancio provocó a Murillo Karam, sino que ha anunciado que empezará de cero.

Volver a empezar, un lustro después, aunque suene absurdo.

Empezar de cero, cuando se supone que ya fueron recorridos todos los caminos de búsqueda, no sólo por la PGR, sino por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Encontrar nuevos derroteros es el reto del nuevo gobierno, que ha hecho un compromiso especial con las madres y padres de los normalistas. Y, para ello, quizás la única ruta no explorada exhaustivamente es la de la presunta vinculación del Ejército en la noche de Iguala.

Pero… ¿se atreverá López Obrador a importunar a los militares con este caso?

La pregunta importa, porque Ayotzinapa es una herida abierta, el caso emblemático de la crisis de desaparecidos que enluta a México y porque, por cada uno de los 43, hay casi mil mexicanos más que no están y que nadie puede explicar cómo se fueron, quién se los llevó y por qué no volvieron.

Dice Karla Quintana, activista en favor de las víctimas de la violencia y hoy comisionada nacional de Búsqueda, que en lo que va del nuevo gobierno se han acumulado ya más de 480 reportes de desaparición, con sólo 15 personas localizadas.

Se han hallado 400 fosas; se han identificado 200 cadáveres y se han entregado 112 a sus familiares.

La labor es titánica, sobre todo cuando se tiene que empezar de cero; es decir, cuando el Estado tiene que empezar por reconocer, por primera vez desde que Calderón inició la “guerra”, que existe la desaparición forzada en México, y que es uno de los países donde ésta es más grave.

Un dato ilustra lo poco que le importó el tema a Enrique Peña: de los 400 millones de pesos que la Cámara de Diputado aprobó para la Comisión Nacional de Búsqueda en el Presupuesto de 2018, el gobierno de Peña sólo ejerció 8 millones.

En 2019, Quintana ha propuesto que los 400 millones destinados a la Comisión en este ejercicio fiscal sí se ejerzan, no sólo desde la Federación, sino creando y fortaleciendo las comisiones estatales.

Para 2020, el presupuesto crecerá en 200 millones.

El problema es grave, y no se resolverá sólo con dinero.

También será necesario que, efectivamente, haya una nueva política de seguridad, y que la “cuarta transformación” fortalezca –y no lo contrario– a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sería deseable que, algún día no muy lejano, la Comisión Nacional de Búsqueda dejara de ser necesaria.

Sería deseable que realmente el país pudiera serenarse. Sería mejor un México sin desaparecidos.








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