opinión*
El fracaso de las reformas a los sistemas de pensiones
por Araceli Damián

Por Araceli Damián

Las reformas a la seguridad social de 1997 y 2007 constituyeron una expropiación masiva de los ahorros de los trabajadores para su jubilación en favor del capital financiero. La sustitución de los planes de pensiones de beneficio definido por los de capitalización individual han permitido a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) obtener elevadas ganancias, mientras que el monto de las pensiones tiene una marcada disminución en relación con los planes anteriores.

A pesar de las reformas, en este momento aproximadamente la mitad de los trabajadores con derecho a jubilarse puede optar por los sistemas de pensiones anteriores. En fechas recientes y, bajo el argumento de la elevada carga fiscal que representa pagar las pensiones de la llamada “generación de transición”, la OCDE sugiere eliminar por completo estos esquemas y trasladar a todos a cuentas individuales. De aplicarse tal reforma resultará en una reducción drástica de los beneficios de la seguridad social, afectando a millones de trabajadores y sus familias.

Cabe resaltar que el informe de la OCDE carece de una reflexión crítica sobre el fracaso de los sistemas de capitalización individual. Tal crisis se hizo patente en todos los rincones de América Latina en los que se puso en marcha este tipo de sistemas, como Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. En ninguno de estos países se ha logrado un sistema de capitalización individual que garantice pensiones suficientes para escapar de la pobreza una vez que el trabajador se retira de la vida laboral. Por ello algunos han regresado a los sistemas de reparto administrado por el Estado, como sucedió en Argentina en 2008 y en Bolivia en 2010.

El informe de la OCDE no se atreve a mencionar que todos los gobiernos de esos países han tenido que aportar cantidades inmensas de recursos para financiar los complementos de las pensiones ante la baja tasa de reemplazo, la cual da lugar, en muchas ocasiones, a que ni siquiera se cubra la pensión mínima garantizada. La mayor preocupación manifiesta en el documento de la OCDE es el posible “desprestigio” en el que puede caer el modelo de capitalización individual en México, debido a que estamos muy cerca de que se empiecen a jubilar las primeras generaciones de este sistema, a la par de los que todavía pertenecen a la generación de transición, lo que provocará que trabajadores con el mismo número de años cotizados y nivel de ingreso tengan jubilaciones muy distintas.

Según los propios datos de la OCDE, mientras que un trabajador de la generación de transición que tenga 60 años de edad podrá tener una tasa de reemplazo de su salario promedio de los últimos cinco años trabajados, de entre el 56% y 100%, dependiendo de los años de cotización, el mismo trabajador en cuentas individuales tendrá una tasa de reemplazo de entre 26% y 33% (véase OCDE, 2015: capítulo 3). En fechas recientes funcionarios del PENSIONISSSTE hablan de posibles tasas de reemplazo menores a 20% en algunas Afores privadas.

A la OCDE le hace falta también reconocer que al hacer las reformas se subestimó el costo fiscal de la transición, error que no debe ser ahora pagado por los trabajadores. Además, el estado mexicano asumió la responsabilidad del pago de las pensiones de quienes optaron por quedarse en el sistema anterior. Por otra parte, curiosamente mientras que la OCDE atribuye el problema del ahorro a la falta de iniciativa de los trabajadores para aumentar sus contribuciones, no estima la gigantesca evasión de pagos a la seguridad social por parte de empleadores, incluyendo a universidades y gobiernos estatales y municipales.

De igual forma, el informe de la OCDE no reconoce que haber sacado al Estado de la administración de los ahorros de los trabajadores fue un gran error, porque las ganancias se han quedado en manos de la iniciativa privada, y el mismo gobierno tiene que pagar ahora intereses por el dinero que se le presta para sostener la deuda pública y realizar inversiones.

La OCDE propone “robustecer” el “pilar cero”, es decir, los programas de pensiones no contributivas para población sin derecho a jubilación, como el 65 y más del gobierno federal o la pensión alimentaria de la Ciudad de México. No obstante, esta propuesta no solucionará el problema de la pobreza, pues el primero sólo otorga 580 pesos al mes y el segundo mil tres pesos. La OCDE ignora también en su estudio que el programa de 65 y más es clientelar y se presta a la manipulación de la población con fines electorales. Lo anterior acaba de denunciarse en el Estado de México, donde se filtraron conversaciones de Whatsapp en las que se exhibe a un joven promotor del PRI apurar a sus compañeros de partido a inscribir a los adultos mayores en el módulo de afiliación del 65 y más a su cargo, a fin de garantizar el voto por ese partido.

Es cierto que enfrentamos un gran reto para financiar las pensiones, pero lo primero que se tiene que reconocer es que la economía mexicana no ha producido el número de empleos formales suficientes de acuerdo al ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar, que los salarios han perdido de manera significativa su poder adquisitivo, que existe una elevada inestabilidad laboral y que todo ello impide un mayor ahorro por parte de los trabajadores.

Una posible reforma, como la planteada por la OCDE, nos llevará a un país de pensionados empobrecidos, pero además nos encaminará hacia una trampa de falta de empleo, porque los que ahora lo tienen, preferirán trabajar hasta la muerte, antes de vivir en la pobreza extrema como consecuencia del retiro.

Es urgente iniciar una discusión amplia de las opciones para un sistema de seguridad social que permita el crecimiento de la economía y para beneficiar a los trabajadores, pensionados y sus familias.

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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