2016: la sociedad civil y el divorcio de la clase política - Aristegui Noticias
opinión*
2016: la sociedad civil y el divorcio de la clase política
Para la libertad por Alfredo Lecona

En el humor social se percibe que 2016 fue un año terrible en la arena pública y no es para menos: La violencia, los escándalos de corrupción, el Brexit, la elección en Estados Unidos, las crisis humanitarias y hasta la muerte de artistas entrañables.

Demasiados fueron los episodios en el mundo sobre el desencanto de la ciudadanía con la clase política, mientras las amenazas contra la libertades han avanzado en un terreno fértil para la demagogia y el autoritarismo, como peligrosamente está sucediendo en nuestro país.

Un año como 2016 es el ejemplo claro de lo difícil que es resistir y defender las causas democráticas frente a una agenda política saturada de amenazas constantes e intentonas de gobiernos y legisladores con imaginación autoritaria; mientras procesos electorales se desarrollaron y la sucesión presidencial, de facto, inició temprano.

En estos doce meses hemos sido testigos de más asesinatos y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; de la descarada corrupción de Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Guillermo Padrés de Sonora; de la negativa del gobierno de renovar el mandato del GIEI para continuar con el apoyo a las investigaciones del caso Ayotzinapa; de los delitos de Tomás Zerón y la siembra de evidencia en el Río San Juan que creó la hoy derribada “verdad histórica”; de los hechos de tortura del Ejército y la Policía Federal documentados en video; de las 22 ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato (confirmadas este año por la CNDH); de las 11 muertes de Nochixtlán; de las marchas de la Iglesia y los grupos conservadores contra los derechos humanos de la mujer y la comunidad LGBTTTI; de la absolución de la corrupción política del Partido Verde; de la discriminación de la Suprema Corte hacia los pueblos indígenas y sus medios comunitarios; del incremento de los feminicidios y la violencia en entidades como el Estado de México; de la tesis plagiada del Presidente; del deterioro de un Congreso que sigue designando cuates como al procurador Raúl Cervantes; de las persecuciones judiciales contra académicos y periodistas; de la evidencia de la vigilancia ilegal del Estado; y para rematar, de las órdenes del Secretario de Defensa para aprobar la Ley Cienfuegos, que legalizaría los excesos del Ejército, entre tantas otras cosas imposibles de atender cuando, muchas, convergen al mismo tiempo.

Pero frente a los agravios, reflejo de lo poco que hace el Estado frente a la grave crisis de derechos humanos que sigue sin reconocer, sobresalen los esfuerzos de la sociedad civil organizada, que más que nunca necesitan ser visualizados en la oscuridad a la que nos ha sometido una clase política que en cada coyuntura nos hace tocar nuevos fondos.

Las 634 mil firmas para la Ley 3 de 3, las incontables muestras de dignidad de las víctimas de la violencia como las de las mamás y papás de Ayotzinapa, la enorme labor de organizaciones que documentan y demuestran los excesos de la fuerza pública y los pueblos que resisten los proyectos de infraestructura que amenazan sus comunidades, son algunos de los baluartes que como sociedad debemos apoyar, reconociendo también a aquellos quienes definitivamente sienten el malestar, pero son pasivos ante la problemática que enfrentaremos con la Presidencia de Donald Trump y la capitalización del malestar y el divorcio con la clase política, para potenciar discursos de odio que amenazan con retroceder varios pasos en la conquista de derechos.

Ni más ni menos, 2017 empezará con la discusión en el Congreso sobre una normatividad para crear el estado de excepción ante la incapacidad y falta de voluntad para fortalecer las instituciones de seguridad. En el papel que la sociedad civil juegue para no permitir la legalización del exceso en el uso de la fuerza y la impunidad, deben sentarse las bases de una nueva resistencia al autoritarismo, que debe ser más proactiva para pasar de la denuncia a la acción.

¿O qué más necesitamos para hacer algo por evitar la llegada de ese o esos personajes que lucren políticamente con el malestar hacia el status quo en perjuicio de nuestras libertades, como está pasando en otros lugares en el mundo?

Ojalá que los retos y amenazas que iniciaron en 2016 sean el fondo y que 2017 sea el año en el que iniciemos la recomposición; y que si el divorcio con la clase política es evidente, no lo sea de la política misma, la cual hay que dignificar con una mayor participación, para que deje lo mezquino y vire a lo social.

Felices fiestas.

leconamartinez@gmail.com

Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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