El gobierno no está obligado a lo imposible; tampoco el pueblo | Por Alberto Vizcarra Ozuna

Por Alberto Vizcarra Ozuna

La presidenta Sheinbaum, ha hecho suya la vieja sentencia jurídica de que “el Estado no está obligado a lo imposible”. La usa como escudo ante los reclamos sociales que ponen en cuestión los criterios de la política presupuestal y un ejercicio fiscal que se mantiene sometido al sector financiero y de espaldas a las necesidades de crecimiento de la economía nacional.

Con esta sentencia, la presidenta condicionó el diálogo con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen incremento salarial, basificación de personal, aumento del pago a médicos residentes y la atención al desabasto de insumos médicos, entre otras demandas.

No mucho antes, ella es había dicho algo parecido ante los reclamos de los productores agrícolas, que durante los últimos cuatro años entraron en un tobogán de pérdidas como resultado de la falta de precios de garantía y de las crecientes importaciones alimentarias, libres de arancel, que afectan a los productores nacionales.

A los productores les dijo que el presupuesto tiene límites. Una forma de pintar la raya y advertir que el gobierno mantendrá a toda costa la austeridad en el gasto público, aunque esto tenga consecuencias negativas sobre sectores estratégicos como la salud y la producción de alimentos.

Pero no a todos les dice que el presupuesto tiene límites y que “el Estado no está obligado a lo imposible”. Apenas el 4 de septiembre, desde Zacatecas, reconoció que la deuda del FOBAPROA “es impagable” y que “nunca se va a acabar de pagar”, pero al mismo tiempo aceptó y comprometió el presupuesto y al pueblo de México a seguir pagando esa deuda impagable.

Al parecer, ante las exigencias del sector financiero -que ya consume el 15 por ciento del presupuesto, tan solo en pago de intereses- el gobierno de México sí hace lo imposible y pone al pueblo, a los trabajadores de la salud pública, de la educación y a los productores nacionales en una situación insostenible.

El sistema de paridades flotante asociado al dólar, sostiene una demanda creciente de flujos de liquidez para rendirle servicio a una deuda global, también impagable, que compromete los presupuestos de las naciones, vía el incremento en las tasas de interés e impone condiciones cambiarias y de acumulación que desfavorecen a la mayoría de los países impulsando una economía de guerra. Esto es lo que subyace en la irrupción de manifestaciones de protesta en todo Europa y en algunos países de Asia y América Latina, donde estudiantes, obreros, agricultores, trabajadores de la salud y empresarios, han salido a las calles a exigir que los gobiernos modifiquen las prioridades y criterios de política presupuestal .

México está sometido a tales políticas de ajuste fiscal y el gobierno tendrá que resolver de la mejor manera las demandas y protestas sociales que cobrarán mayor extensión e intensidad en las próximas semanas y meses. La responsabilidad principal para que las movilizaciones no tengan una deriva caótica, es del gobierno.

La presidenta no debe seguir usando la expresión de que “el Estado no está obligado a lo imposible”, cuando las demandas sociales ponen en cuestión los criterios de política económica que rigen el ejercicio presupuestal. La expresión se la merece el sector financiero que usa la deuda como instrumento de una política neocolonial para impedirle a México su bienestar, el desarrollo industrial y la autosuficiencia alimentaria. A ellos hay que ponerles límite.

Desde el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón Sonora, 20 de octubre 2026