opinión*
Política social y pobreza en la Ciudad de México
por Araceli Damián
Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Por @_AraceliDamian

La Ciudad de México es la entidad con el mayor producto interno bruto por persona. Aun así, una proporción importante de su población vive en pobreza. Conscientes de ello, los gobiernos de izquierda (excepto los de Cárdenas y Mancera) en la Ciudad de México se han caracterizado por impulsar una política social basada en el universalismo, tomando distancia del gobierno federal, cuyo principal programa de “lucha” contra la pobreza, el Prospera lleva 20 años administrando la miseria de nuestro pueblo, convirtiéndolo en clientela política.

El Prospera se ideó bajo la premisa de que el Estado sólo debía ayudar a los que padecen pobreza extrema, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Como hemos explicado en colaboraciones anteriores, a pesar de que el Prospera opera bajo el principio de la focalización, tiene enormes errores de exclusión, ya que casi el 60% de los pobres extremos por ingreso identificados por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social) no reciben el beneficio.

En cambio, los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México (sin que entre en esta categoría el de Mancera) desarrollaron una política social basada en los derechos humanos y el principio de universalidad. Los esfuerzos iniciaron en el área educativa, con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, quien estableció la primera preparatoria pública de la ciudad. Este programa se amplió con Andrés Manuel López Obrador a 15 planteles más y se fundó la Universidad de la Ciudad de México. En este mismo gobierno se creó el programa de atención a la salud y acceso a medicamentos gratuitos, así como la pensión alimentaria universal para adultos mayores. Aunque durante el gobierno de Marcelo Ebrard se crearon las becas a estudiantes de bachillerato y el seguro de desempleo, se inició un viraje hacia la focalización. El paso más importante fue el abandono gradual y silencioso del programa de atención a la salud y acceso a medicamentos gratuitos, que se reemplazó por el Seguro Popular.

Miguel Ángel Mancera abandonó por completo la vocación de mejorar las condiciones de vida de los capitalinos y, por el contrario, inició una política de afectación a la clase media y sectores de bajos ingresos: el precio del boleto del metro aumentó en 65%; introdujo el doble no circula, que no reduce los niveles de contaminación pero que sí afecta la economía de los trabajadores que dependen de su auto para llevar a cabo su actividad económica; estableció las foto-multas con tarifas exorbitantes, etc. Al mismo tiempo, ha permitido un crecimiento urbano desordenado, ha reducido el área de circulación para automóviles sin ofrecer un transporte público eficiente y seguro, haciendo más difícil la movilidad; ha recortado el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y no ha destinado los recursos suficientes para ampliar la cobertura de la pensión alimentaria para adultos mayores, quitándole así la universalidad al programa (1).

El próximo gobierno tendrá el reto de mejorar las condiciones de vida de los capitalinos, el cual deberá considerar que la pobreza es un fenómeno multidimensional cuya atención requiere la implementación de diversas políticas de índole económico y social. En 2014, un tercio de su población vivía en condiciones de pobreza extrema, según el MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza, véase cuadro anexo, 2). Quienes padecen esta situación tienen un ingreso bajo, carecen de tiempo libre, no tienen acceso a los servicios de salud y seguridad social, tienen viviendas hacinadas y precarias, además de un bajo nivel educativo.

Por otra parte, 45.5% de la población de la ciudad tenía en 2014 un nivel de satisfacción de sus necesidades, en promedio, alrededor de los umbrales del MMIP (3). Lo anterior implica que no sólo se requiere de una política hacia los más pobres, sino que se debe evitar el deterioro en las condiciones de vida de un importante sector de la población y, para lograrlo, se requiere la universalidad de los programas.

El MMIP tiene dos indicadores compuestos: 1) el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que incluye acceso a los servicios de salud y seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios de agua y drenaje, educación, etc., y, 2) el de Ingreso-Tiempo, que representa la combinación de estas dos dimensiones del bienestar.

Como se observa en el cuadro anexo, la carencia más generalizada se presenta en el indicador de ingreso-tiempo (42.6%), debido, en primer lugar, al elevado porcentaje de trabajadores con jornadas mayores a 48 horas, los cuales aun cuando tengan un nivel adecuado de ingreso, lo obtienen a costa de su tiempo libre. Asimismo, este indicador refleja el proceso de envejecimiento de la población, siendo por tanto urgente abordar el cuidado de adultos mayores de manera institucional en la ciudad. Ambas problemáticas se profundizan por las dificultades en la movilidad (expuestas arriba), por lo que también se necesita ampliar y mejorar la calidad del transporte público.

Otro aspecto que requiere ser atendido con urgencia es el del acceso a los servicios de salud y seguridad social. Aquí será fundamental retomar el programa de atención a la salud y acceso a medicamentos gratuitos. Por otra parte, para hacer frente a la carencia de seguridad social es conveniente iniciar la exploración para hacer efectivo el derecho al mínimo vital, que fue aprobado en la Constitución de la ciudad, tema que abordaré en la próxima entrega.

  1. A 2015 la administración de Mancera sólo había incorporado a 20 mil beneficiarios (4% del padrón), teniendo un rezago de 53 mil solicitantes de la pensión http://www.milenio.com/poligrafo/Llegamos-beneficiarios-pension-alimentaria-Mancera_6_597000295.html. En términos de cobertura, también se muestra un gran rezago, en 2014 había casi 700 mil adultos mayores de 68 años y más en la ciudad, mientras que el padrón en 2016 apenas alcanzó los 500 mil.
  2. Población cuyo nivel de satisfacción está por debajo, en promedio, 66% del umbral en los indicadores.
  3. Población cuya satisfacción es igual o mayor a 66% y hasta 10% por arriba del nivel de satisfacción óptimo.

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.
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