Autoridades sabían del huachicol fiscal desde 2021: León Sáez
El investigador alertó que el delito requiere redes de protección y cooptación dentro de instituciones públicas.
- Redacción AN / KC

Autoridades federales detectaron desde 2021 y 2022 el ingreso masivo de combustible ilegal a México disfrazado como aceites y lubricantes, pero no tomaron acciones para detenerlo, reveló Samuel León Sáez, investigador especializado en mercados ilícitos de combustible.
El especialista señaló en entrevista para Aristegui en Vivo que, correos obtenidos por Guacamaya Leaks muestran que funcionarios del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y elementos de las Fuerzas Armadas ya discutían el ingreso de grandes cantidades de estos productos, que en realidad correspondían a gasolina y diésel.
El fenómeno ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda nacional de energía había disminuido; a pesar de ello, comenzaron a crecer las importaciones de aceites, lubricantes y otros productos que, de acuerdo con León Sáez, eran utilizados para introducir hidrocarburos ilegalmente al país.
Lo identificaron, sí sabían de ello, solo que no se detuvo.
León Sáez estimó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ingresaron ilegalmente unos 9 mil millones de dólares en diésel y que en 2021 el combustible de contrabando llegó a representar 30% de toda la demanda nacional.
El investigador explicó que el cambio ocurrió después de que el gobierno de López Obrador combatiera el robo de combustible en ductos, por lo que el mercado ilegal modificó su operación y trasladó buena parte del negocio hacia las importaciones marítimas.
Asimismo, consideró que un mercado de esa magnitud no puede existir sin la participación, protección o cooptación de funcionarios.
Un mercado negro no alcanza este tamaño sin la cooptación de funcionarios gubernamentales y representantes electos de todos los niveles.
León Sáez expresó su preocupación por que las audiencias de los hermanos Farías y otros involucrados sean reservadas, debido a la información que ya ha comenzado a surgir de las declaraciones ministeriales.
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Como ejemplo, mencionó el caso del buque Challenge Procyon, asegurado en Guaymas, y el testimonio de un integrante de la Fiscalía que refiere la intervención de Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, marino retirado señalado como articulador de la cooptación dentro de la red.
De acuerdo con lo expuesto por el investigador, Solano habría intervenido después del aseguramiento del buque para gestionar su liberación y habría mencionado que el asunto avanzaba porque estaba involucrado “Andy”.
La referencia aparece también en otras declaraciones relacionadas con la red, junto con menciones a funcionarios y mandos de la Marina, lo que León Sáez consideró que se trata de información con “implicaciones fuertísimas” que debería conocerse públicamente durante los procesos.
Mencionó que a pesar de que el sobrenombre de “Andy” ha sido relacionado públicamente con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, los testimonios no establecen que haya participado directamente en las operaciones, aunado a que la Fiscalía General de la República (FGR) también ha señalado que no existen datos de prueba con suficiente fuerza legal para investigarlo.
Finalmente, León Sáez, dijo que hacer públicas las audiencias permitiría conocer el contenido completo de esas declaraciones y determinar qué ocurrió realmente alrededor de los aseguramientos de combustible y hasta dónde llegaba la estructura de protección de la red.




