Nicaragua: muerte, corrupción y secuestros en el territorio miskito
El tráfico de tierras en la costa Caribe de Nicaragua, en el que están implicados funcionarios públicos ligados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al partido indígena YATAMA, le ha costado la vida a 28 indígenas desde septiembre de 2015. Al gobierno de Daniel Ortega se le cuestiona su inacción.
Foto: Carlos Herrera/Confidencial Nicaragua

Por Wilfredo Miranda para Confidencial / Nicaragua

La invasión del territorio miskito en la costa Caribe Norte de Nicaragua por “colonos” (ganaderos, madereros y agricultores) ha desatado una oleada de muerte, heridos y secuestros, que no ha sido atendida por las autoridades del país.

La corrupción a través de la venta ilegal de tierras es una de las raíces de este drama, reproducido por la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS

Funcionarios públicos ligados al FSLN -cuyo líder es el presidente Daniel Ortega- y al partido indígena YATAMA están involucrados en este tráfico de territorios ancestrales, pese a que está prohibido tajantemente por la ley 445, llamada “Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maiz”. Por lo pronto, la lucha en suelo miskito (grupo indígena centroamericano mayormente asentado en Nicaragua) le ha costado la vida a 28 comunitarios desde septiembre de 2015.

El otorgamiento de avales y escrituras que benefician a terceros con tierras del pueblo miskito es una de las prácticas irregulares que posibilita el tráfico. El Coordinador del Gobierno Regional, Carlos Alemán Cunningham, y los concejales Waldo Müller y Adrián Valle Collins –todos sandinistas–, aparecen como firmantes de estos documentos, recogidos en Corrupción y muerte en territorio miskito”. 

Esos terceros favorecidos son llamados “colonos” por el pueblo miskito, que los acusan de desatar una violencia desmedida para sacarlos de sus terrenos ancestrales.
El apellido más repetido en las comunidades y en los documentos de la discordia es Müller, actual presidente del Territorio Tasba Pri y concejal regional por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aunque nadie puede dar avales en territorios indígenas, Müller y Collins entregaron el certificado más reciente el 6 de septiembre de 2015, a favor de un sujeto identificado como Justo Linares Obando.

La incesante violencia, reseñada en El infierno de los miskitos es la consecuencia de que el gobierno de Daniel Ortega no haya completado la última etapa para reordenar y delimitar los territorios, un proceso clave conocido como “saneamiento” y establecido en la ley 445.

Las comunidades de Wisconsin, Santa Clara, Francia Sirpi y Esperanza son las más afectadas por la crueldad de esta guerra por el territorio, y son las que más han demandado la atención del Estado de Nicaragua: extrañan a los familiares que mueren o desaparecen, y sufren por los heridos y mutilados.

Ilegalidad sin veto estatal

Fuera de los territorios indígenas, en el Triángulo Minero de Nicaragua, abogados crean escrituras ilegales para los colonos sobre territorios indígenas. A través de un intrincado proceso legal le dan forma a lo irregular. El procedimiento cuenta con la “no objeción” del Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien avaló la entrega de seis mil manzanas de tierras en terreno indígena.

La documentación establece que los beneficiarios con la “no objeción” del procurador Estrada adquirieron la propiedad bajo un título gratuito de reforma agraria, entregado por el entonces ministro Jaime Wheelock Román en 1988. Sin embargo, este trámite raya en lo ilegal porque la ley 445 establece que solo podrán estar en las tierras comunales con un título entregado hasta 1987.

“Nosotros tenemos conocimiento de muchos documentos que han sido avalados por las autoridades municipales, regionales y también por la Procuraduría General de la Republica. La ley establece que estos documentos que tienen vacíos no tienen validez”, explicó Lottie Cunhingahm, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

Este compendio de irregularidades y violencia ha provocado la huida de familias enteras hacia Honduras en busca de refugio y seguridad. El Éxodo de los miskitos es poco conocido en Nicaragua y no ha recibido atención de sus autoridades.

Francisco Taylor es apenas un ejemplo de desplazamiento forzoso: huyó de la comunidad miskita de El Cocal el 10 de octubre de 2015 porque casi lo matan. Taylor dejó sus tierras junto con otras cuatro familias. Tomaron botes con algunas de las pertenencias que pudieron sacar y navegaron hasta la comunidad de Pranza, en la orilla hondureña del Río Coco, en el Caribe Norte. Hasta el día de hoy, 280 indígenas viven en esta aldea miskita en champas construidas con algunos materiales que donó el gobierno de Juan Orlando Hernández al enterarse de la existencia de los refugiados.

Los conflictos por la tierra no son exclusivos del Caribe nicaragüense. En este Hangout CONNECTAS se señalaron las intensas luchas por el territorio que han sufrido Colombia, Honduras y Nicaragua.

Organizaciones como Global Witness hablan de más de tres mil desplazados desde septiembre de 2015, cuando la violencia arreció. Pero en las comunidades hay quiénes rehúsan a huir a Honduras. Se han armado para defender las tierras porque están en guerra contra los colonos. Una historia que recién comienza a documentarse.

Esta investigación fue realizada por Wilfredo Miranda de Confidencial, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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