opinión*
Vigilancia ilegal: expresión rabiosa de autoritarismos corruptos
Alegatos por Miguel Pulido

En solidaridad profunda por el cobarde ataque a su intimidad.

Una vez más, el gobierno de Peña Nieto está sentado en un volcán y juega a que es un hormiguero. Frente a las sólidas acusaciones de espionaje retomadas por el New York Times, han mostrado abiertamente sus cartas: el desprecio por las libertades y cualquier forma de control democrático.

Fuera máscaras.

La infantil respuesta que dieron al editor del NYT los retrata por completo. Evasivas balbuceadas por un funcionario menor, publicadas en una hoja sin número de comunicación oficial, sin membrete y sin firma calígrafa.

¿En realidad pensaran en Los Pinos que este escándalo es apenas un “tête-à-tête” con un reportero internacional?

Delirante.

Las actividades de vigilancia ilegal e invasiva se han convertido en esos puntos de inflexión en los que las democracias modernas se juegan su sentido de equilibrio. Por eso más de un responsable azota. Estos escándalos son consustanciales a los de corrupción.

Y la experiencia comparada no deja lugar a dudas: la vigilancia ilegal no es sino una expresión rabiosa de autoritarismos corruptos. Con la evidencia de que nos espían, como dice Walter Kirn, influyente periodista de The Atlantic: si no estás paranoide, estás loco.

En el gobierno de EPN deberían tomarse este asunto bastante en serio.

Podrían asomarse a los espejos de las renuncias en el gabinete de Perú, la caída de una treintena de personas del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, el proceso judicial contra el ex Presidente Martinelli de Panamá, los aparatosos resultados de la investigación parlamentaria que terminó en la renuncia de todo el gobierno de Luxemburgo o la dimisión de alguien del subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Michael Morell que pensaba espiar demasiado.

La evidencia es contundente, cuando se hace con propósitos políticos: nunca se espía poquito y no se respeta a nadie.

Pero los escándalos de espionaje no sólo dinamitan el campo político de su entorno inmediato, fácilmente se judicializan y brincan fronteras. Aunque los casos sucedan en un país terminan por resolverse en otros.

Ahí están como muestra las demandas que la Electronic Frontier Foundation ha logrado hacer avanzar en tribunales de Estados Unidos, el caso Qosmos que la International Federation for Human Rights (FIDH) y la Ligue des droits de l’Homme (LDH) litigaron en Francia o la durísima resolución de la Investigatory Powers Tribunal del Reino Unido en contra del Government Communications Headquarters de ese mismo país.

Por eso no cuadra la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Porque no se hace cargo de que la intrusión ilegal revienta la normalidad política y abre múltiples y complejos laberintos judiciales.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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