Piden a México reactivar investigación sobre red CLAP ligada a Alex Saab
Transparencia Venezuela recordó que compañías mexicanas participaron en la venta de alimentos con sobreprecio y baja calidad para los programas CLAP, y pidió reactivar en México las investigaciones sobre corrupción transnacional y lavado de dinero vinculadas con Alex Saab.
- Redacción AN / MDS

Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó que el caso de Alex Saab rebasa una “irregularidad comercial” y constituye un esquema de “gran corrupción transnacional” vinculado con sobreprecios, lavado de dinero y distribución de alimentos de baja calidad en Venezuela, en el que participaron empresas mexicanas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que Saab fue uno de los principales operadores financieros ligados al gobierno de Nicolás Maduro y recordó que las denuncias en su contra se remontan a programas impulsados desde los años del entonces presidente Hugo Chávez.
“Este personaje es un protagonista de parte de las denuncias de corrupción que hemos tenido en Venezuela desde hace muchos años”, señaló. Agregó que Saab no sólo estuvo relacionado con la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino también con operaciones para comercializar petróleo venezolano sancionado y cobrar esos recursos pese al bloqueo financiero internacional.
De acuerdo con la activista, las operaciones alrededor de los CLAP derivaron en “sobreprecios, opacidad empresarial, legitimación de capitales, distribución de alimentos de baja calidad”, además de un fuerte impacto social durante los años de mayor crisis económica en Venezuela.
Población “perdió dos tallas” entre 2015 y 2017
“La población venezolana perdió en promedio dos tallas”, dijo al referirse al deterioro alimentario registrado entre 2015 y 2017, periodo que vinculó con la ola migratoria venezolana. “Él fue uno de los operadores más importantes de toda la corrupción que se robó el dinero y que ese robo masivo se transformó en el drama de Venezuela”, añadió.
Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de lavado de dinero y fraude, así como de encabezar una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios sin licitación mediante la venta de alimentos a sobreprecio al Estado venezolano.
Sobre el proceso judicial en Estados Unidos, De Freitas aseguró que fiscales estadounidenses están convencidos de contar con pruebas sólidas contra Saab. Recordó un encuentro en Washington con el fiscal encargado del caso y relató que éste afirmaba: “Tenemos las pruebas, la evidencia de todo lo que ha hecho este delincuente”.
La directora de Transparencia Venezuela cuestionó además el manejo que hizo el gobierno venezolano del regreso de Saab a Estados Unidos, luego de que anteriormente fuera recibido en Caracas como “héroe”. Según explicó, primero se le presentó como diplomático venezolano y posteriormente se le retiró la nacionalidad para enviarlo nuevamente a territorio estadounidense.
“Iba por la autopista o por cualquier calle y había letreros inmensos en los ministerios, en la justicia, en la fiscalía. Había letreros, la campaña de free Alex Saab recorrió el mundo”, afirmó.
Empresas mexicanas y sobreprecios en alimentos CLAP
Parte de los proveedores involucrados en la red de alimentos CLAP eran empresas mexicanas asentadas Nuevo León, Guanajuato y Ciudad de México. Varias de esas compañías habrían vendido productos con sobreprecio y de baja calidad destinados a programas de asistencia alimentaria en Venezuela.
En ese contexto, De Freitas pidió que las autoridades mexicanas retomen las investigaciones abiertas sobre el caso. Indicó que Transparencia Venezuela presentó en abril de 2024 una denuncia formal ante la fiscalía anticorrupción mexicana.
“La fiscal la recibió con cierto entusiasmo”, relató, al señalar que el caso podía representar un precedente en materia de combate a la corrupción transnacional, uno de los compromisos asumidos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Explicó que meses después recibieron una respuesta en la que se les informó que la investigación ya estaba en manos de la fiscalía de crimen organizado. “Nunca más supimos del caso”, dijo.
La activista expresó su expectativa de que el nuevo contexto judicial en EE.UU. permita reactivar las pesquisas mexicanas. “A lo mejor la justicia mexicana se pueda interesar nuevamente y empiece a investigar”, señaló.
También destacó que la investigación realizada por Transparencia Venezuela se apoyó en información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del la Secretaría de Hacienda y en datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia dirigidas a las aduanas mexicanas.
“Acudimos al INAI y el INAI obligó a las aduanas a que entregaran la información”, explicó. Con esos registros, dijo, pudieron comparar facturas y precios internacionales para documentar los sobrecostos en las exportaciones hacia Venezuela, por lo que lamentó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De Freitas defendió además la cooperación internacional entre fiscalías para perseguir redes de corrupción transnacional. Citó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y afirmó que existen mecanismos para integrar equipos conjuntos de investigación entre distintos países.
“No puede haber verdad, justicia, no puede haber paz, hasta que no sepamos qué fue lo que pasó, y que los culpables reciban sanción”, sostuvo.
Sobre el futuro de Venezuela, cuyo gobierno se encuentra bajo el tutelaje estadounidense tras la captura de Maduro el 3 de enero de este año, la directora de Transparencia Venezuela advirtió sobre el riesgo de que el país avance hacia un modelo de estabilidad económica sin apertura democrática. “Nosotros no podemos caer en la trampa de la estabilización”, afirmó. “Hay un peligro inmenso de convertirnos en Vietnam, un país donde todas las empresas invierten, pero hay una dictadura de partido único”.
Insistió en que la salida para Venezuela pasa por la realización de elecciones “libres, justas y competitivas”, con garantías para todos los actores políticos y participación de los venezolanos dentro y fuera del país.

