opinión*
El desnudo y el espía: el Partido Pirata en las elecciones de Ámsterdam (Artículo)
A renglón seguido por José Carlos G. Aguiar

Por José Carlos G. Aguiar

H oy miércoles 21 hay elecciones municipales en diferentes ciudades de los Países Bajos, entre ellas Ámsterdam. Los ciudadanos escogen a quienes ocuparán el concejo municipal. Jelle de Graaf es un joven político de 28 años y líder del Piratenpartij (Partido Pirata) en Ámsterdam. El partido es el de más izquierda en el panorama político. Cuando el jefe de campaña le propuso a Jelle un póster con una fotografía de él en traje de Adán, le pareció una buena idea.

 

El poder del póster

El póster en cuestión fue pegado en diferentes puntos en las calles de Ámsterdam. La imagen presenta a un joven delgado, desnudo de frente, sosteniendo en las manos el mensaje “nada que ocultar”. La fotografía es natural, no tiene ninguna pretensión estética ni intenta representar el cuerpo masculino de una forma idealizada. Es contundente porque llama la atención: no es común ver la desnudez masculina, un miembro viril expuesto en el espacio público.

Al preguntarle al político, Jelle de Graaf, sobre cómo fue exponer su intimidad, dijo sentirse satisfecho con la respuesta. Jelle le mostró primero la imagen a su mamá; la quería proteger de las potenciales reacciones negativas. Pero la gran mayoría de los comentarios fueron positivos, aunque también hubo quien expresara su descontento. Algunas versiones censuradas del póster aparecieron en los medios de comunicación, donde se escondía el pene con pixeles aumentados.

El póster como estrategia de comunicación hizo el tema visible. La desnudez de Jelle aboga por la inocencia de los ciudadanos. No se trata de esconder, sino del derecho esencial a la privacidad y el ejercicio del poder para que la ciudadanía misma elija sobre los límites de su propia privacidad.

 

La pesca de datos

La discusión sobre la privacidad es un tema en la actualidad en los Países Bajos. Hoy, además de votar por los concejos municipales, los ciudadanos holandeses votan en un referendo sobre la nueva Ley de los Servicios de Inteligencia y Seguridad, llamada “Sleepwet” (la ley “de arrastre”, en referencia a las redes de la pesca industrial). La propuesta de ley ha sido ampliamente criticada por especialistas, organizaciones civiles y algunos políticos, porque limita el derecho a la privacidad.

La ley le permitiría a los servicios de inteligencia y policías, tanto como a las empresas involucradas en el almacenamiento de datos, acumular toda la información que haya sido transmitida por algún medio de comunicación. Las visitas a páginas web, el correo electrónico, pero también las redes sociales, mensajes y llamadas telefónicas. Es decir: el Estado y las corporaciones podrían pescar todos los datos de los ciudadanos con redes digitales de arrastre profundo.

Además, se extiende el plazo de almacenamiento de datos de 30 ó 60 días, a 3 años. La ley da base legal para almacenar los datos también de personas cercanas, la familia o amigos, pero también a aquellos que se encuentran físicamente en el entorno de un sospechoso. Y el broche de oro de la ley: la información que el Estado recabe puede ser compartida con servicios de inteligencia extranjeros. De momento sucede ya, pero la diferencia es la escala: la recolección masiva de todos los datos de todos, porque es técnicamente posible.

En la práctica, esta ley significaría que alguien puede ser espiado porque su vecino es musulmán. O que las comunicaciones con políticos o activistas en el extranjero pueden ser solicitadas por regímenes autoritarios. En el mundo digital de los smartphones y redes sociales, la “minería” de datos, la colección de meta-data, captura casi la totalidad de la vida diaria de cualquier ciudadano.

Las comunicaciones, desplazamientos geográficos, movimientos financieros, patrones de consumo, y la vida social tienen hoy en día un soporte digital. Y esos datos son oro para las corporaciones y gobiernos. Lo acabamos de ver justo en los Estados Unidos y la venta de millones de cuentas de Facebook a la empresa Cambridge Analytica.

 

La soberanía digital

En Ámsterdam, este debate es importante. La ciudad se perfila cada vez más como una “smart city”, donde todo se puede cuantificar y almacenar así más datos sobre la vida y trabajo de los ciudadanos. Pero, ¿de quién son esos datos? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Con qué propósito? Jelle de Graaf señala: “muchas de las empresas que almacenan esos datos, se encuentran en Silicon Valley.

Las empresas ofrecen ‘servicios gratis’ al municipio para guardar archivos, y en consecuencia cada vez se guarda más información de los ciudadanos de Ámsterdam en el extranjero, en California”. Las corporaciones también desarrollan los sistemas de análisis, y hacen que el municipio dependa de las empresas para interpretar su propia información.

Las empresas y gobiernos obtienen y quieren cada vez más información sobre la ciudadanía, la cual acumulan y explotan como cualquier otro capital. Pero también la oposición de la gente se hace más grande, piensa de Graaf. El Partido Pirata espera que una pequeña minoría gane en contra de la ley. Incluso si la ley pasara, diferentes organizaciones civiles por la privacidad y libertad en el internet han expresado que interpondrán todos los recursos legales disponibles para detener la ley.

 

La ciudad del futuro

El Partido Pirata es muy pequeño y cuenta con una curul de los 45 que componen el concejo. Luego de estas elecciones esperan contar con dos concejales. Además de la agenda digital, el partido se perfila como un movimiento progresista, incluyente, donde también los refugiados políticos, indocumentados e inmigrantes participen en la vida política de Ámsterdam.

El partido se ve como progresista porque también propone la renovación de la economía como la base de la ciudad del futuro, creando formas de propiedad comunales y cooperativas que participen en los sectores de la energía o supermercados.

Un tema interesante que apareció en los debates, es el derecho a un salario. En Ámsterdam, como en otras ciudades, se discute la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan derecho al ingreso. La intención sería que cada ciudadano de Ámsterdam tenga un ingreso base de €1500 al mes que equivale al salario mínimo, y que podría ser complementado por subvenciones.

La idea de un ingreso como derecho civil puede ser la base de una nueva economía sustentable y justa, diferente a la explotación de la mano de obra y recursos naturales. Que sean las ciudades las primeras formas de gobierno que nos lleven al futuro.

José Carlos G. Aguiar

Doctor en ciencias sociales. Antropólogo mexicano especializado en estudios urbanos, ilegalidad, legitimidad política, seguridad, propiedad intelectual, economías callejeras y la Santa Muerte. Profesor e investigador de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT. Cumbianchero por convicción, ciclista antes de la era hipster, y fotógrafo por amor a la estética callejera.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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