Amenazas y oportunidad | Columna de Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar

El aumento de las tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos se debe a que la política de seguridad del gobierno mexicano se resiste a enfrentar el fondo del problema: Procesar y castigar a los altos funcionarios de la administración pasada responsables de la complicidad con el crimen organizado.

El gobierno estadounidense reconoce todo lo hecho por las autoridades mexicanas en materia de combate al narcotráfico, pero lo considera insuficiente. Con razón, exige que los políticos y militares que han permitido el fortalecimiento de los cárteles sean detenidos, juzgados y sancionados.

Donald Trump sabe que esa decisión le atañe solamente a su homóloga, Claudia Sheinbaum. Por eso ha tratado de convencerla en todos los tonos, tanto en las quince llamadas telefónicas que han sostenido como en declaraciones públicas.

La negativa reiterada de la presidenta Sheinbaum a aceptar dicha “ayuda” —sumada a su crítica a la incursión militar en Venezuela, así como el apoyo al régimen de Cuba mediante el envío diario de decenas de miles de barriles de petróleo— propiciaron el endurecimiento de las comunicaciones oficiales de Donald Trump, así como del secretario de Estado Marco Rubio, quien debe haber percibido la ayuda a Cuba como una ofensa personal.

Sin duda, la improbable decisión del gobierno de Trump de emprender una acción militar unilateral en México sería inadmisible y contraproducente.

No obstante, el diagnóstico que sustenta la demanda de castigar y frenar la narcopolítica, no es equivocado. Las investigaciones y exigencias del gobierno de Trump están fundadas en evidencias comprobadas por las agencias de inteligencia civiles y militares, no en especulaciones. Los funcionarios mexicanos de alto rango coludidos con el crimen organizados están perfectamente identificados (allá y aquí).

Trump ha expresado su postura en sendos decretos presidenciales firmados el primer día de su segundo mandato. “Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas tienen una intolerable alianza con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.” Se trata de una prioridad irreversible basada en una realidad inocultable. El costo de no atenderla tendría efectos catastróficos para el país.

La invasión militar en Venezuela para apoderarse de su petróleo y detener a Maduro ha despertado un justificado terror en todo el orbe. A la política del odio y vocación guerrera de Trump se suma su desprecio por el derecho y las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Ello se agrava con la delirante convicción de que el único límite para imponer su poder en el mundo son su (aberrante) moralidad, así como su (primitiva y patológica) mente.

Donald, el depredador, es capaz de cometer cualquier barbaridad porque sabe que nada ni nadie puede frenarlo. En consecuencia, no se pueden ignorar sus amenazas.

Tampoco se puede ocultar la escandalosa corrupción política que ha propiciado el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico, la macrocriminalidad y la gobernanza criminal prevaleciente en amplias zonas del territorio nacional. Ya no hay cabida para la simulación.

En ese contexto, México parecería ser un blanco vulnerable de la arbitrariedad trumpiana. Sin embargo, las consecuencias de una incursión unilateral armada a su vecino del sur serían incalculables para ambos países. Podrían agravar el problema que se pretendería resolver, además de resultar contrarias al interés de los Estados Unidos en los ámbitos comercial, económico, migratorio e incluso social y político.

En un estudio publicado en la revista del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point, CTC Sentenial, el especialista Brian Michael Jenkins analiza la complejidad y los efectos impredecibles que podría ocasionar una acción militar de Estados Unidos en México para combatir a los carteles de la droga. El autor, ex miembro del grupo de los Boinas Verdes, considera que México es un aliado esencial. Por ello recomienda buscar estrategias basadas en intereses comunes.

Jenkins señala que el contrabando de drogas es en gran medida un problema de Estados Unidos debido a que cientos de miles de norteamericanos gastan más de cien mil millones de dólares al año en la compra de estupefacientes. El tráfico de drogas no es un problema de México o de la Unión Americana, es un problema mutuo. “Estados Unidos no puede reducir el problema del narcotráfico sin reducir la demanda de drogas en su territorio.”

El especialista en el tema no cree que los cárteles mexicanos sean organizaciones terroristas sino empresas criminales interesadas en aumentar sus ingresos, no en agendas políticas. Destaca la necesidad de suspender el contrabando de armas hacia México y, sobre todo, de sancionar a los funcionarios mexicanos corruptos debido a que el crimen organizado ha logrado capturar al Estado a través de la corrupción y la violencia.

Jenkins concluye: El gran reto de los estrategas militares estadounidenses es reducir la amenaza de los traficantes de drogas mexicanos sin empeorar la situación actual. “Algunos consideran a México un narco estado; pero aun no es un estado fallido, y a Estados Unidos no le convendría que se convirtiera en uno de ellos.” (Confronting Cartels: Military Considerations South of the Border, CTCSENTINEL, September 2025, Volume 18, Issue 19.) https://ctc.westpoint.edu/feature-commentary-confronting-cartels-military-considerations-south-of-the-border/

De este lado de la frontera, ante la amenaza de Trump, la impunidad transexenal se ha vuelto insostenible. Ha fracasado el intento de embaucar al gobierno norteamericano para evitar la detención, juicio y castigo de los funcionarios y militares corruptos, cómplices del jefe máximo de la marcocriminalidad en México.

En consecuencia, la presidenta Sheinbaum está sumida en una profunda contradicción política y ética, derivada del doble acoso al que ha estado sometida por las amenazas de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador.

El dilema que enfrenta la mandataria parecería irresoluble debido a las graves consecuencias que podrían tener cualesquiera de las opciones que eligiera la Jefa del Estado Mexicano. La decisión es tan compleja como ineludible y, al parecer, ha llegado el momento de tomarla.

Coincido con el doctor Edgardo Buscaglia en que la dimensión política es la base de todo el problema del narcotráfico en México: “La presión de Trump, aunque polémica podría convertirse en una oportunidad histórica que le permitiría a la presidenta Sheinbaum “pasar a la historia como la más valiente y efectiva, como estadista, si inicia un proceso de purga política de la delincuencia organizada.” (Aristegui Noticias, 09/01/2025).

La presidenta Sheinbaum tendrá que diseñar una estrategia de alta precisión, permitiendo una mayor participación de las agencias de inteligencia y la tecnología militar estadounidense para aumentar la eficacia de las fuerzas armadas y autoridades de seguridad mexicanas, que mantendrían el mando de las operaciones.

Este nivel de colaboración exige una total confianza mutua, lo cual podría derivar en ajustes en las autoridades de seguridad militares y civiles. La información de María Idalia Gómez acerca de nuevos nombramientos en las Fuerzas Armadas de México con el aval del gobierno estadounidense encajaría dentro de este esquema. (Aristegui Noticias, 19/01(2025).

En cuanto al combate a la narcopolítica, la mandataria debe permitir que la Fiscalía General de la República continúe o inicie las investigaciones relacionadas con la mega corrupción del huachicol fiscal-Secretaría de Marina, con el caso Bermúdez Requena-Adán Augusto López, de gobernadores maleantes como Rocha Moya de Sinaloa o militares como Audomaro Martínez, entre muchos otros.

El mayor riesgo de estas investigaciones es el peligro de una fractura mayor dentro de Morena; incluso de potencial inestabilidad o ingobernabilidad promovida por el caudillo escondido en Palenque al ver amenazada su impunidad, así como la de sus allegados y socios.

Ante esa amenaza, la Jefa de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas tendría que distinguir entre la gratitud y fidelidad a su antecesor y mentor; frente a la complicidad ligada a los delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

En esa situación extrema, el factor Trump puede ser determinante. Como lo escribí en este espacio en septiembre del año pasado, todo indica que dicha impunidad sí tiene fecha de caducidad, debido al cúmulo de pruebas irrebatibles de presunta culpabilidad, así como por las exigencias del gobierno estadounidense.

Cierro con una cita de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la que debe verse siempre como lo que es: la traición a todos los valores, es deslealtad, por eso no tiene cabida en nuestras instituciones. La corrupción no sólo destruye las instituciones sino corroe el alma nacional”. (4/X/2025)
¡Hasta donde llegue, doctora Sheinbaum!