Organizaciones acusan 'protección política' detrás del nombramiento de Garduño en área de la SEP
Aseguraron que la designación envía un 'mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas', en alusión al incendio de la estación migratoria de Juárez en 2023.
- Redacción AN / MDS
Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023 manifestaron su preocupación e indignación por el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A través de una publicación en la cuenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, las organizaciones señalaron que el funcionario “continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”.
Apuntaron que el nombramiento “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, al tratarse de un funcionario cuyo proceso penal sigue abierto por hechos relacionados con una tragedia que dejó 40 personas migrantes muertas.
Las organizaciones subrayaron que resulta “especialmente grave” que el nombramiento no esté respaldado por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo, lo que, advirtieron, refuerza la percepción de que la decisión responde “más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo”, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“Recibimos este nombramiento con indignación”, aseguraron, al advertir que para las víctimas y sus familias la designación puede interpretarse “como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que costó vidas”.
Foto: X (@mario_delgado)
“La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, concluyeron.
El nombramiento de Garduño fue dado a conocer el pasado lunes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo designó como titular de la DGCFT, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior encargada de normar y operar la capacitación laboral en el país.
En su cuenta de X, Delgado calificó a Garduño como “un funcionario ejemplar” y afirmó que su participación será “fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”.
De acuerdo con el titular de la SEP, la designación se inscribe en un proceso de actualización de la oferta educativa, alineado con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar.
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es la instancia federal responsable de normar, operar, coordinar y evaluar el servicio de capacitación para y en el trabajo. Opera principalmente a través de 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) de carácter federal y 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) estatales, que en conjunto administran 282 Unidades de Capacitación y 133 Acciones Móviles. El subsistema ofrece 31 campos de formación profesional, 55 especialidades y 207 cursos.
Francisco Garduño se desempeñó hasta mayo de 2025 como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cargo que entregó el 1 de mayo de ese año al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Su gestión estuvo marcada por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas.
En septiembre de 2025, Garduño ofreció una disculpa pública por estos hechos, como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial dentro del proceso en su contra. En abril de 2025, un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la suspensión del proceso penal por 18 meses, condicionada al cumplimiento de diversas medidas cautelares, entre ellas mantener una residencia fija, realizar cursos en derechos humanos y protección civil, ofrecer la disculpa pública, garantizar el cumplimiento de indemnizaciones a las víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.
La Fundación para la Justicia, que representa a ocho víctimas de lesiones y a nueve familias de personas fallecidas, impugnó la suspensión del proceso al considerar que contravenía resoluciones previas y que no existió una negociación adecuada para la reparación del daño. También cuestionó que las indemnizaciones, por un monto de 300 millones de pesos pagados por el Estado, fueran consideradas atribuibles a Garduño, al tratarse de recursos públicos.
No obstante, el tribunal avaló la decisión judicial al argumentar que, dada la magnitud del monto, “difícilmente podrían ser cubiertas por una sola persona”, por lo que se priorizó, según la resolución, la reparación integral del daño.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, han criticado la resolución judicial, al considerar que refuerzan un patrón de “impunidad y justicia selectiva” en el caso.
