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El gabinete de la 4T: las tensiones, el debate y la cohesión | Artículo
por Rogelio Muñiz Toledo
Cuartoscuro / Archivo

Rogelio Muñiz Toledo

“La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean”: Nicolás Maquiavelo

En varias ocasiones he sostenido que el principal déficit en el proceso de cambio político que ha iniciado el presidente López Obrador es la ausencia de definición política e ideológica de la Cuarta Transformación (4T) y la falta de una agenda para el cambio de régimen.

Del contenido de la renuncia del exsecretario de hacienda Carlos Urzúa y de la entrevista que a los pocos días de salir del gabinete concedió a la revista Proceso, se desprenden elementos que confirmarían que los errores en la implementación del proyecto de la 4T tienen tres causas fundamentales: la 4T carece de solidez ideológica y de definición política y programática; existen importantes tensiones ideológicas y políticas al interior del gabinete y, como lo señaló el senador Ricardo Monreal en una entrevista publicada también en el semanario Proceso, “el gabinete no ha acompañado al presidente como debiera ser” y “la curva de aprendizaje ha sido más lenta de lo debido”.

Todos los gobiernos están sometidos a tensiones internas y externas y en ocasiones las que se generan al interior pueden tener altos niveles de complejidad y afectar significativamente la eficacia en la ejecución de los programas, en la implementación de las políticas y en el cumplimiento de los objetivos del gobierno.

En los regímenes democráticos, la deliberación pública sobre el programa y las acciones del gobierno es un elemento esencial para el funcionamiento del sistema político. Es la esencia de la democracia deliberativa. El debate y las diferencias de opinión en el gabinete sobre la implementación de algunas políticas y programas también forman parte de los mecanismos de la democracia deliberativa y cuando se procesan por los conductos adecuados, contribuyen al diseño de mejores políticas y a su eficaz implementación. Pero la cohesión del gabinete en torno al programa de gobierno es indispensable para el éxito del gobierno.

Cuando el programa de gobierno se orienta al cambio político y a la transformación del régimen, las confrontaciones al interior del gabinete por la definición del sentido, la orientación y la profundidad del cambio y las tensiones provocadas por diferencias de fondo sobre los alcances y la estrategia del cambio pueden afectar no solo la eficacia del gobierno sino frenar la transformación y convertirse en un factor que favorezca las resistencias al cambio, que de manera natural existen en el entorno del sistema político. En el mediano plazo todo ello puede minar la legitimidad del gobierno y del proyecto de cambio.

De lo señalado por Carlos Urzúa en la entrevista con Proceso se desprenden tres temas sustanciales para la 4T en los que habría diferencias importantes en el gabinete. Aunque en la entrevista Urzúa los plantea como diferencias entre él y el Presidente o de él con alguno de los integrantes del gabinete legal (Alfonso Romo, Irma Sandoval) o ampliado (Manuel Bartlett), pareciera que realmente se trata de tensiones al interior del gabinete, que trascenderían a la salida de Urzúa del gobierno.

El primer tema es la política fiscal que sustentaría la política de bienestar que impulsa el presidente López Obrador. Según se desprende de lo que dijo Urzúa, ahí estaría una de las diferencias fundamentales al interior del gobierno, porque aunque Urzúa considera que él y el Presidente son cercanos “en términos ideológicos” y “en cuestiones de redistribución del ingreso o combate a la pobreza” su postura y la del Presidente son similares, existe una diferencia fundamental entre ambos: el Presidente es “fiscalmente conservador” por lo que “no quiere hacer una reforma fiscal”, “quizás por no enfrentar a algunos empresarios, quizás por el costo electoral”, pero al mismo tiempo pone “un gran énfasis en los programas sociales” y Urzúa cree que hacer una reforma fiscal “es la única manera de abatir las desigualdades”. Pareciera que la posición del secretario Herrera es similar a la de Urzúa. ¿Qué hará el Presidente?

En los alcances e implementación de la política de austeridad estaría otra de las diferencias importantes al interior del gabinete. A juicio de Urzúa, “la reducción extra del gasto” que se planteó con el memorándum presidencial de marzo -que según él fue “impulsado por la Secretaria de la Función Pública”- “fue excesiva”. Seguramente este es uno de los asuntos a los que se refiere en su renuncia cuando señala que “en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

El tercer asunto particularmente importante para el destino de la 4T, a la vez que preocupante por la implicaciones jurídicas y políticas de actualizarse el potencial conflicto de interés planteado por Urzúa, es el de la permanencia en el gabinete de personas con posiciones ideológicas contrarias al proyecto de la 4T -proyecto que según Urzúa debiera llevar a México a ser “una socialdemocracia en el sentido nórdico del término”- o con potenciales conflictos de interés. Y aquí Urzúa se refiere expresamente al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, a quien aludió en su renuncia cuando habla de “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés” y al que califica como “un hombre de extrema derecha”, por lo que Urzúa no puede entender “que López Obrador lo tenga en su gobierno”.

En estas tensiones al interior del gabinete puede estar parte de la explicación de la ineficacia en la implementación de algunas de las políticas fundamentales para la 4T: austeridad, combate a la corrupción, bienestar, infraestructura y desarrollo económico; así como de la deficiente actuación del gobierno en política interior: acuerdos políticos y consensos sociales, vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, relaciones del Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión y con los órganos constitucionales autónomos, política migratoria, garantías para mantener el carácter laico del Estado y cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Esta ineficacia ha causado afectaciones al ejercicio de derechos y ha propiciado la confrontación del Presidente con el Poder Judicial y con algunos órganos constitucionales autónomos (destacadamente con la CNDH), erosión en la evaluación presidencial y, en relación con el tema del gabinete, diferencias con las oposiciones que se han reflejado en los procesos de ratificación de los secretarios de Estado.

Solo para ejemplificar: la ratificación de los secretarios de Relaciones Exteriores y de la Función Pública en el Senado y de Hacienda en la Cámara de Diputados, en diciembre pasado, fueron aprobadas todas por unanimidad; la ratificación del nuevo secretario de Hacienda, el jueves pasado, se aprobó por 341 votos a favor, 74 en contra y dos abstenciones, no porque hubiera discrepancias sobre el perfil del secretario sino por diferencias del PAN con el gobierno.

De cara al inicio del segundo año de trabajos de la actual legislatura del Congreso de la Unión en septiembre próximo y para contar con un gabinete cohesionado que lo acompañe eficazmente en las siguientes etapas de su gobierno y del proyecto de cambio del régimen, el presidente López Obrador debiera considerar la reestructuración de su equipo de gobierno para realizar ajustes que le permitan, por un lado, dar por terminados compromisos derivados en la campaña electoral -que tal vez expliquen el porqué de la permanencia en el gobierno de personajes ajenos al proyecto de la 4T y a su posición ideológica y política- y, por otro, la salida del gabinete de personas con potenciales conflictos de interés, con proyectos políticos o intereses económicos o financieros contrarios a la 4T o que no han dado los resultados esperados durante esta etapa del gobierno. Esto significaría un cambio en la 4T -no de la 4T- que permitiría mantener la legitimidad de la propuesta de cambio.

Actualmente de un total de 18 integrantes del gabinete legal, solo 7 son mujeres -el 38%- y en las 41 subsecretarías solo hay 9 mujeres -el 22%-. En el equipo de la Presidencia de la República, integrado por ocho funcionarios, no hay mujeres. La reestructuración del gobierno también sería una oportunidad para que el presidente López Obrador ajustara la composición de su gabinete al mandato constitucional de la paridad entre géneros, pues aunque en términos del régimen transitorio de la reforma constitucional en la materia a él no le resulta obligatorio, sería una excelente señal para impulsar la implementación de la reforma.

* Diplomático y filósofo florentino. Es considerado el padre de la ciencia política moderna

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Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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