CEAV aclara que no combate judicialmente sentencia sobre Ayotzinapa - Aristegui Noticias
CEAV aclara que no combate judicialmente sentencia sobre Ayotzinapa
La Comisión llamó la atención sobre algunos errores que, a su juicio, existen en la sentencia que ordena crear una comisión especial que investigue el caso.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Moisés Pablo).

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aclaró que no existe una disposición institucional de combatir judicialmente la sentencia que ordenó la creación de una comisión especial para investigar el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la CEAV hizo varias observaciones a la sentencia, como que incluye determinaciones sin haber escuchado a las víctimas o confunde términos.

“La Ley General de Víctimas (LGV) establece la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en este sentido, la sentencia establece un monto de “indemnización parcial” arbitrario que se determinó sin escuchar a los padres de los 43 estudiantes”, indicó la Comisión en un comunicado.

De igual forma, la CEAV considera que la reparación integral a las víctimas en su dimensión económica no puede consistir en “un buen gesto del Estado” como lo señala la sentencia, sino que es un derecho de las víctimas y una obligación para las autoridades.

La sentencia también confunde, a juicio de la CEAV, las medidas de ayuda con la reparación integral establecidas ambas en la Ley General de Víctimas. La reparación integral no pretende atender “necesidades apremiantes”, sino restablecer un proyecto de vida, aseguró.

“En el ejercicio de sus derechos, a las víctimas les correspondería no solo recibir una reparación integral, sino además medidas de ayuda para atender sus necesidades inmediatas sin que esto sea descontado en la reparación correspondiente”, aclaró la CEAV.

Esta semana el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez García, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República (PGR)”, respecto a la creación de esa instancia.

Organizaciones como Serapaz y Amnistía Internacional denunciaron que el Estado mexicano ha iniciado más de 100 acciones jurídicas para combatir la sentencia, entre ellas el incidente de imposibilidad promovido por la PGR.






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