opinión*
Espionaje: ¿En nombre de la seguridad nacional?
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
Foto: Reuters

Por Ernesto Villanueva

Uno de los vocablos más difícil de definir es el de “seguridad nacional”. Es como los significados a que se refiere Lewis Carrol en su obra Alicia en el país de las maravillas: “Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. –La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo”.

Y aquí el que manda, el gobierno, es el que decide el significado. Por supuesto, espiar por espiar es un delito y no tiene asidero en la Constitución ni en la ley. Pero es un hecho. El desarrollo de las nuevas tecnologías al mismo tiempo que han generado grandes avances ha reducido el ámbito de la vida privada, bien de modo legal o al margen de la ley. No hay duda: el gobierno interviene las comunicaciones de los gobernados, desde las telefónicas hasta las habidas en todo tipo de mensajes. Lo hace porque puede, porque quiere y porque no hay contrapesos de ningún tipo. Peor aún, la Ley de Seguridad Nacional es un acto de simulación que no genera, de ninguna manera, una vigilancia legislativa de los servicios de inteligencia en México.

La inteligencia es la labor de recopilar información útil para la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. En los Estados democráticos de derecho es una de las herramientas para mantener la integridad de la soberanía y de la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos. En México, que no es un Estado de derecho, la inteligencia se usa para el combate de los enemigos políticos, de los adversarios de todo tipo y, en última instancia, para hacer su legítima tarea. Y ello sucede por la ausencia de vigilancia efectiva. En el país, en los hechos los servicios de inteligencia a la mexicana están diversificados y descentralizados. Diversificados porque lo mismo existen en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que depende de la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa Nacional y en otras dependencias federales. Lo mismo ocurre en los estados de la república, con un agraviante: en virtud de que se trata de una labor de orden federal (porque sólo la federación con la autorización judicial competente puede intervenir comunicaciones privadas) los estados compran equipos bajo la forma de consumibles o mantenimiento de servicios de cómputo.

Por la razón anterior, cada seis años, hay que comprar un equipo nuevo y capacitar personal para su uso. Ello genera un mercado amplio que hace esas labores a pedido, el cual puede variar de 50 mil a 150 mil pesos semanales, dependiendo de la dificultad y la calidad de las intervenciones. Este hecho es grave porque hay un amplio intercambio de oferentes y demandantes de productos informativos, empresas- por llamarlas de alguna manera- integradas por ex agentes o ex directivos de algunos de los servicios de inteligencia institucional.

El espionaje a los periodistas críticos es factible y, peor aún, es una práctica recurrente para contar con elementos para negociar el silencio o el matiz de reportajes en cierne o, con un poco de suerte, enviarlos al archivo. Es, por ello, necesario legislar en serio sobre el tema para hacer una cirugía mayor a la decorativa Ley de Seguridad Nacional, de modo que tanto los periodistas como la sociedad en general pueda recuperar su derecho a la vida privada que hoy ha desaparecido en perjuicio de todos. Por lo pronto existe equipo para neutralizar los equipos de intercepción de llamadas y mensajes de origen chino o israelí, que se pueden conseguir en el mercado negro a costos razonablemente altos, así como teléfonos celulares que dificultan sobremanera- no la evitan al 100%- la intervención como el blackphone 2 o el Anonymous que se no se vende en México y que asegura tener contramedidas forenses, pero es posible conseguirlo a pedido también en el mercado negro. Es obvio que no es deseable que los ciudadanos – con una posición relativamente holgada- se vean en la necesidad de protegerse ellos mismos frente a un Estado que no sólo no protege sus derechos humanos, sino que es el primero en violarlos. El estado mexicano es responsable a final de cuentas por acción u omisión.

Sumario.
1.- Recién acaba de salir la obra El derecho de réplica de mi amiga y colega Hilda Nucci González, bajo el sello de M.A. Porrúa y el Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se trata del primer texto sobre el tema en el país, el cual se convertirá, con toda probabilidad, en un referente de consulta obligado.

2.- La brillante Mtra. Carmen Quijano, en proceso de convertirse en doctora en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está haciendo el estudio más grande en México sobre la privacidad en los medios digitales y redes sociales, el cual va a salir en una coyuntura de discusión propicia sobre la temática.

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Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su obra más reciente es "Parásitos del poder: cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes de la República". Ediciones Proceso, 2015.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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