México: la persistencia de una desigualdad originaria | Por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

Cuando Alexander von Humboldt recorrió la Nueva España a inicios del siglo XIX, dejó asentada una observación que, por su radicalidad, se ha vuelto casi un lugar de conciencia histórica: pocas regiones del mundo, escribió, ofrecían un contraste tan extremo entre riqueza y miseria. Humboldt comprendió que la desigualdad no era un accidente del orden colonial, sino su principio organizador.

Dos siglos después, la pregunta no puede eludirse: ¿ha sido superada esa estructura? La tentación contemporánea consiste en responder mediante cifras que sugieren pretendidos progresos y avances en cada periodo gubernamental. Se afirma, por ejemplo, que millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años. Y es cierto si se toman como referencia los datos oficiales que son comparables en el tiempo. Sin embargo, si se atiende no a las variaciones de ese indicador en particular, sino a la configuración de la vida social, lo que emerge es otra cosa: la persistencia de una desigualdad estructural que atraviesa las dimensiones fundamentales de la existencia.

La clave para comprenderlo no se encuentra en la acumulación de datos, sino en su interpretación. En este punto, la teoría de la justicia de John Rawls resulta particularmente esclarecedora: una sociedad justa no es aquella donde algunos indicadores mejoran, sino aquella donde la distribución de bienes y cargas sociales responde a principios de equidad y reciprocidad. Cuando ello no ocurre, la desigualdad se convierte en una forma de desorden moral.

México, visto desde esta perspectiva, continúa siendo una sociedad desordenada. Considérese, en primer término, el derecho a una salud integral, universal y digna. Frente a ello, que 34% de la población carezca de acceso a servicios de salud es la expresión de una fractura en la distribución de uno de los bienes primarios más elementales. La salud no es un recurso intercambiable; es la condición misma de posibilidad de cualquier proyecto de vida. Cuando su acceso depende de la posición social o laboral, lo que se produce no es solo desigualdad, sino vulnerabilidad estructural. Una parte significativa de la población vive expuesta a la enfermedad sin garantías estables, es decir, habita una forma de inseguridad ontológica.

En segundo lugar, se encuentra la fractura del mundo del trabajo. Se argumenta que se ha llegado a un récord de 23.5 millones de personas registradas en el IMSS. Pero la cuestión decisiva no es cuántos trabajan, sino en qué condiciones lo hacen. Por ejemplo, el hecho de que 65.6% de los ingresos de los hogares dependa del trabajo indica que la vida material está fuertemente subordinada al mercado laboral. Pero si ese mercado no garantiza condiciones dignas entonces el trabajo deja de ser un mecanismo de integración y se convierte en un dispositivo de reproducción de la desigualdad; y por ello es más que contrastante el dato relativo a que más del 55% de la población ocupada en México lo hace en condiciones de informalidad.

Rawls formularía con claridad que las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. En México, la evidencia sugiere lo contrario. El trabajo distribuye de manera desigual no solo los ingresos, sino también la exposición al riesgo, al desgaste, a la incertidumbre.

El tercer ámbito es la alimentación, donde la desigualdad adquiere una forma paradójica. La evidencia muestra que 36.6% de los escolares y 40.1% de los adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Este dato, expresa una carencia: la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada. La mala nutrición, en sus formas contemporáneas, es un signo inequívoco de desigualdad y de un mercado que es voraz, injusto y que no tiene la capacidad de distribuir de manera justa el acceso a lo más elemental: alimentos sanos e inocuos.

Aquí el carácter estructural de la desigualdad se revela con particular crudeza: las opciones alimentarias no se distribuyen libremente, sino que están condicionadas por el ingreso, el territorio, la oferta disponible. Así, la desigualdad no solo determina quién come, sino qué se come, cómo se come y con qué consecuencias para la salud. El cuerpo, nuevamente, se convierte en el lugar donde la desigualdad se inscribe.

Un cuarto elemento permite completar el cuadro: la persistencia de brechas territoriales. Aunque no siempre se expliciten con la misma fuerza, los datos muestran diferencias significativas entre regiones, entre entidades, entre lo urbano y lo rural. La desigualdad no es solo una relación entre individuos; es una forma de organización del espacio. Hay territorios donde la vida es más precaria, donde los servicios son más escasos, donde las oportunidades están estructuralmente limitadas. Esto significa que la desigualdad no se experimenta únicamente como diferencia económica, sino como destino territorial.

Finalmente, incluso los indicadores que sugieren mejora deben ser interpretados con cautela. La reducción del coeficiente de Gini indica una disminución en la desigualdad de ingresos. Pero la justicia social no puede reducirse a la compresión de la distancia entre percentiles. Una sociedad puede ser menos desigual en términos relativos y, sin embargo, seguir siendo profundamente injusta en la distribución de sus bienes fundamentales.

La cuestión de fondo, entonces, no es si México es hoy menos desigual que hace una década, sino si ha dejado de ser una sociedad estructurada por la desigualdad. Y la respuesta, a la luz de la evidencia, es negativa. La intuición de Humboldt conserva su vigencia porque no describía un estado transitorio, sino una forma de organización social. La desigualdad mexicana no es un rezago que el curso de desarrollo vigente terminará por corregir; es una lógica que se reproduce a través de instituciones, mercados y políticas públicas. Y eso, es nada menos que una cuestión que remite a las relaciones del poder. Y es en ese ámbito donde se juega el destino del país.

Investigador del PUED-UNAM