opinión*
Prospera: el fracaso de la política anti-pobreza
por Araceli Damián
Foto: Tercero Díaz/ Cuartoscuro

Por Araceli Damián

El fracaso de la política anti-pobreza es evidente. El programa estrella de los gobiernos neoliberales mexicanos, Prospera (antes Progresa y luego Oportunidades), que arrancó en 1997, no logró romper la transmisión intergeneracional de la pobreza como fue prometido desde su inicio. Los cálculos oficiales muestran que, en 2014, último dato disponible, la pobreza por ingreso ascendía a 53.2% de la población, dato casi idéntico al de 1992, de 53.1%.

Esta estimación de pobreza por ingreso del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social) supone una línea de “bienestar” de 2,543 pesos por persona al mes, para las localidades urbanas (mayores de 2,500 habitantes) y de 1,614 pesos para las rurales. Lo que significa que, según el CONEVAL, las personas podían cubrir sus necesidades de alimentación, transporte, vivienda (renta), salud, vestido, calzado, etc., con 84.7 y 53.8 pesos per cápita al día, en áreas urbanas y rurales, respetivamente.

Es evidente que el CONEVAL subestima la pobreza por ingreso en México. De acuerdo con el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), elaborado por Julio Boltvinik y quien escribe esta nota, la pobreza extrema por ingreso (hogares cuyo ingreso per cápita cubre 2/3 o menos de la línea de pobreza, LP) ascendía a 56.5% de la población en 2014, mientras que la pobreza por ingresos afectaba a 76.2% de la población. La diferencia se debe a que la LP del MMIP era de 3,057 y 2,687 pesos por persona al mes, en áreas urbanas y rurales respectivamente en ese mismo año (lo que equivale a 102 y 90 pesos por persona al día, respectivamente). Los cálculos del MMIP confirman que la pobreza por ingreso no ha disminuido, ya que en 1992 esta ascendía a 76%. La extrema descendió levemente, pues en 1992 era de 58.8%.

Desde hace varios años diversos estudios y las propias evaluaciones del Prospera habían señalado su fracaso (1).

La incapacidad del programa en materia de superación de la pobreza ha sido señalada recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe de la Cuenta Pública de 2015, que incluye una evaluación del desempeño del Prospera desde 1998. En ésta, la ASF afirma que ‘‘el monto de los apoyos no fue suficiente para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, ya que una familia podría adquirirla sólo para uno de sus integrantes en el ámbito rural, y sólo después de 2010; [además de que] en 2015, 43.6% de las familias beneficiarias, aun con el apoyo de Prospera y el ingreso promedio de la familia, no disponían de un ingreso suficiente para acceder a la canasta básica alimentaria’’ (2).

A partir de que el CONEVAL anunció un aumento de la pobreza entre 2012 y 2014 (de más de 2 millones de personas), el gobierno federal se embarcó en una estrategia propagandística y de manipulación de la información, y de la población beneficiaria, para mostrar que, en años recientes ha habido una disminución de la pobreza. Desafortunadamente, ello provocó que se pierda la comparabilidad de la información y, por tanto, de los resultados, con cualquier método.

De esta forma, el año pasado se desató una polémica cuando el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) dio a conocer los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2015, en la que reportó que los ingresos de los hogares, pero particularmente de los más pobres había aumentado espectacularmente. Por ejemplo, el ingreso laboral del 10% de los hogares más pobres “creció” 40% en un año.

Según el presidente del INEGI, Julio Santaella, ello se debió a un cambio en la metodología de captación en campo del ingreso de los hogares (no hay prueba documental de ello), que consistió en hacer varias visitas a hogares con ingresos bajos, así como la eliminación de la base de datos de los hogares que reportaron un ingreso “increíblemente bajo” (¿a juicio de Santaella?). Ante esta modificación el CONEVAL se negó a calcular la pobreza para 2015.

Además de la pifia del INEGI, se filtró una grabación en la que un funcionario del Prospera aleccionaba a beneficiarias del programa sobre la forma de contestar la ENIGH, para que negaran ante los encuestadores si algún miembro de su hogar había sufrido hambre (3).

Por si fuera poco, antes del inicio del levantamiento de la ENIGH 2016, el gobierno ideó otras formas de “bajar” la pobreza. Inició un proceso de “credencialización” de servicios públicos en salud y educación. A los alumnos de educación media superior y superior (alrededor de 6 millones) se les dio un nuevo número de afiliación al IMSS, para que tuvieran presente que contaban con el servicio de salud; además, se lanzó un programa de certificación masiva de estudios de primaria y secundaria: para 2016 se habían entregado, según Peña, 3.5 millones de certificados; y el Seguro Popular, inició una afiliación masiva virtual, pues no cuenta con la capacidad para ampliar los servicios.

Lo más descarado para “reducir” la pobreza fue la entrega de 9.5 millones de ejemplares de la “Cartilla social, lo que tu hogar recibe”, en la que se especifica el monto de los servicios y las becas que los hogares reciben de todos los programas sociales, tanto federales como locales.
Aun con todas esas trampas, la pobreza está ahí. Mientras que el Prospera atiende, supuestamente a 6.7 millones de familias, en 2015, según la ENIGH, 4.4 millones de hogares se quedaron sin comida por falta de dinero. Es tiempo de transformar la política anti-pobreza y toda la social.

*1) Julio Boltvinik (2004) “Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México, el Progresa/Oportunidades”, en Julio Boltvinik y Araceli Damián (coords.) La pobreza en México y el mundo, Realidades y desafíos, México, Siglo XXI Editores, pp. 315-347 y Sedesol (2008) “A diez años de intervención. Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008”, Síntesis Ejecutiva.

2) La Jornada

3) Sin Embargo

Araceli Damián

Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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