opinión*
Presión por ley de seguridad interior y la letalidad de las fuerzas armadas
por Araceli Damián
Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro

Por Araceli Damián

En mayo del año pasado, el New York Times publicó un artículo que señala que, de acuerdo con datos del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las guerras observadas desde los años setenta, en escenarios de combate entre grupos armados se registraba una persona muerta por cada cuatro heridos. En cambio, en nuestro país “la relación es inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere” (1). Con base en esos datos, el profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, Paul Chevigny, declaró a ese periódico que eso muestra que “hay ejecuciones sumarias”.

Esta letalidad se confirma en los dos operativos contra el crimen organizado en los que participó la Marina la semana pasada, en las ciudades de Tepic y Reynosa, en donde 24 civiles fueron “abatidos”, 23 de ellos presuntos delincuentes y un conductor de taxi, hasta el momento no se tienen noticias de heridos. Al parecer, el Secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, pretende demostrar al presidente norteamericano Donald Trump que las Fuerzas Armadas Mexicanas sí pueden hacer su trabajo contra los “bad hombres”, pero el resultado fue letal, haciendo un claro uso excesivo de la fuerza.

Estos operativos se dan en el contexto en el que tanto dicho Secretario, como el de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, han estado presionado al Congreso para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que supuestamente regulará la actuación de las fuerzas armadas en acciones que corresponden a la autoridad civil, es decir, a las policías. En septiembre pasado, el general Cienfuegos señaló que, ante la disyuntiva de participar en estos operativos “con el riesgo de ser procesados [los soldados] por un delito que tenga que ver con derechos humanos a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”(2). Esta declaración es una confesión de la elevada probabilidad de que los elementos de las fuerzas armadas violen los derechos humanos de los presuntos delincuentes en los operativos.

Como se sabe, a los integrantes del ejército se les capacita para tener una efectividad letal en caso de invasión extranjera o guerra. No obstante, frente a la delincuencia el procedimiento consiste en detener a los presuntos culpables y llevarlos ante el ministerio público para que se inicien las investigaciones. Aun cuando los secretarios de la Defensa, el de Marina, el de Gobernación, Osorio Chong y los gobernadores argumenten que estas muertes se dan debido a que los delincuentes atacan con armamento sofisticado y en ocasiones superior al de las propias fuerzas armadas, ello no se refleja en el índice de muertos civiles frente a los de agentes de seguridad en enfrentamientos. Así, en los operativos de 2013 se registraron 20 muertes de civiles por cada soldado del ejército fallecido y en 2014, hubo 40 civiles muertos por cada marino caído (3).

Otro de los aspectos que preocupa sobre el actuar de las fuerzas armadas es que sus titulares desconfían del nuevo (y del anterior) sistema de justicia penal. Así, el Secretario de la Defensa “dijo que (el nuevo) no está funcionando como debiera ser para que tengamos en la cárcel a quienes le están haciendo daño a la sociedad”, argumentando que los delincuentes están logrando su libertad denunciando supuestas torturas durante la detención. Lo cierto es que este mismo Secretario tuvo que salir a pedir disculpas recientemente, debido a que un video que circuló en redes sociales mostraba a un elemento de la policía federal y otro del ejército torturando a una mujer mediante asfixia con bolsa de plástico en la cabeza.

La preocupación se debe también a que la Procuraduría General de la República no investiga, como debiera ser, lo ocurrido cuando hay bajas civiles en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Así, según Silva, Gutiérrez y Correa, óp. cit.), entre 2007-2009 y 2012-2013 la PGR no realizó ninguna investigación, en 2010 y 2012 sólo una y en 2014, tres. Pero, además, en los casos en los que se ha comprobado la violación a los derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, los delitos han quedado en la impunidad, como sucedió en Tlatlaya, caso en el cual la justicia militar y civil prácticamente exoneraron o impusieron penas mínimas a los culpables.

La Ley de Seguridad Interior que se pretende aprobar en este periodo de sesiones busca regular el Art. 89 constitucional, que en su fracción VI señala como una de las facultades y obligaciones del presidente la de “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Diversos especialistas han criticado las tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior que existen actualmente (del PRI, PAN y PRD) debido a que carecen de un diagnóstico de la situación de violencia en el país y cómo han actuado las fuerzas armadas desde que salieron a la calle; tampoco plantean cómo se supervisará su labor y dejan únicamente de observador al legislativo, órgano de “control” que sólo recibirá informes. Además, las iniciativas carecen de planteamientos sobre cuáles serán los mecanismos para que las Fuerzas Armadas retornen a los cuarteles, y tampoco esbozan mecanismos para atacar las causas, tanto de la violencia, como de la ineficacia en la actuación de las policías municipales y estatales.

Las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles, la evidencia muestra que una vez que inicia su actuación en territorio la criminalidad aumenta. En México no hay pena de muerte y, sin embargo, las fuerzas armadas ejecutan a supuestos criminales. Asesinarlos no resuelve el problema de la delincuencia organizada, por el contrario, nos lleva a una absurda espiral de violencia, mientras que, el uso excesivo de la fuerza lo único que genera es miedo en la sociedad.

1.- Azam Ahmed y Eric Schmitt “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera preocupación” https://www.nytimes.com/es/2016/05/26/la-letalidad-desproporcionada-de-las-fuerzas-armadas-genera-preocupacion-en-mexico/

2.- Jesús Aranda, “Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas”, La Jornada 12/septiembre/2016 http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003n1pol

3.- “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad”, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Catalina Pérez Correa, del CIDE.

Araceli Damián

Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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