Es la narcopolítica militarizada, Presidenta | Artículo por Héctor Tajonar

La imagen de Palacio Nacional protegido por vallas metálicas de más de tres metros de altura sobre las cuales se escribió la palabra NARCOESTADO, sintetiza la percepción de millones de mexicanos acerca de un régimen basado en la complicidad (o sometimiento) de la élite civil y militar del gobierno de la denominada Cuarta Transformación con el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos coincide con este diagnóstico.

La 4T ha abdicado de su responsabilidad fundamental de garantizar la vida y la seguridad de la población, además de haber traicionado su compromiso de abatir la corrupción. La falsedad de la supuesta superioridad moral que transformaría la vida pública de México es patente. El gran engaño a la Nación ha quedado demostrado de manera irrebatible. La narrativa del obradorato se ha derrumbado.

Dentro del caos y la confusión prevalecientes en el país se vislumbra un mensaje de esperanza. Al parecer, la resignada pasividad ciudadana ante la barbarie de la narco política y la macrocriminalidad llega a su fin.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha despertado la indignación y el hartazgo del pueblo michoacano, así como una condena unánime en la nación entera contra la violencia y la inseguridad, la corrupción y la impunidad crecientes.

¡Ya basta!, clamó una sociedad agraviada en las manifestaciones del 15 de noviembre en la Ciudad de México y otras diecisiete ciudades de la república. La de la capital del país causó gran nerviosismo en la mandataria, quien concentró su atención y poder en desprestigiar la marcha, condenando los aviesos intereses de los supuestos organizadores. Al mismo tiempo se diseñó un operativo para obstaculizar el desarrollo de la protesta.

Además de la muralla metálica frente a la Catedral y Palacio Nacional, se colocaron vallas de concreto para cerrar las calles de acceso al Zócalo, salvo Cinco de mayo. Aparte de los obstáculos físicos se buscaba crear temor en los ciudadanos asistentes para disuadirlos de entrar a la Plaza de la Constitución, con el claro propósito de que no se llenara y así cancelar el impacto visual de un Zócalo colmado de manifestantes.

Decenas de miles de ciudadanos de todas las edades y estratos sociales marcharon pacíficamente, sin presencia de partidos políticos, desde la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Cinco de mayo hasta llegar al astabandera del Zócalo (sin el lábaro patrio que fue removido nuevamente de manera arbitraria por la 4T).

Ahí surgió la violencia ocasionada por el grupo de choque infiltrado que derribó la valla metálica y se enfrentó con la policía. La batalla campal entre la policía y “el bloque negro” duró más de dos horas, frente a Palacio Nacional y a la vista del mundo entero. De ambos bandos hubo golpizas crueles, se utilizaron gases lacrimógenos y gases pimienta. Hay múltiples videos acerca del abuso de la fuerza policiaca así como de vandalismo de los grupos violentos infiltrados. El saldo, 120 heridos. Las autoridades capitalinas procesarán a policías por abuso de la fuerza y a presuntos delincuentes.

La gran pregunta es: ¿Quién mandó al grupo de choque? Es claro que no fueron los participantes de la marcha. La interpretación más probable es que hayan sido facciones del propio gobierno y de Morena. De ser así aun quedaría por definir si la orden se originó en el gobierno federal, en el gobierno de la Ciudad de México, en la mafia de Palenque o una combinación de la tríada.

Descontrolada, la presidenta Sheinbaum ha tratado de minimizar la importancia de la marcha ciudadana, sin profundizar en el fondo del problema. Culpa a “la derecha”, en particular al dueño de TV Azteca, y critica la presencia de miembros de la oposición; pero omite mencionar las causas y las demandas de la protesta.

La monótona reproducción de la demagogia del obradorato no convence, ni mucho menos favorece la credibilidad de la mandataria. En contraste, Código Magenta (cercano a Salinas Pliego) habla con tino de “Los cuervos del bienestar”, en alusión a “los halcones” del 10 de junio de 1971.

Todo indica que la mano negra proviene del pantano morenista. Esos grupos violentos se infiltran en todas las manifestaciones, menos en las organizadas por el gobierno y su partido. La investigación acerca de los responsables políticos y financieros del “bloque negro” estará a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, dirigida la hermana de la presidenta de Morena. Es claro que nunca sabremos la verdad sobre el asunto.

En 2025 se ha alcanzado la cima de regresión autoritaria impuesta por el expresidente López Obrador, en su calidad de jefe máximo; operada con fidelidad y eficacia por la mandataria en funciones, Claudia Sheinbaum. La brutalidad y el impacto visual de la manifestación no debe hacernos olvidar el fondo del problema.

Los mexicanos somos testigos atónitos de las trágicas consecuencias de la confabulación de una autocracia militarizada con los cárteles del narcoterrorismo: niveles sin precedente de violencia criminal, sumada a la mayor corrupción de la historia reciente del país; bajo el manto protector de la mafiocracia 4T.

Sin duda, la mayor responsabilidad la presidenta Sheinbaum es profundizar al menos tres investigaciones relacionadas con la narcopolítca militarizada: 1) La complicidad de Adán Augusto López con Bermúdez Requena y La Barredora; 2) La megacorrupción del huachicol fiscal, sin exculpar de antemano al ex secretario de Marina Rafael Ojeda, tío de los principales implicados en el incalculable atraco. 3) La participación del Ejército en esa red de macrocrimnalidad revelada en la rigurosa investigación periodística de Aristegui Noticias, “Soldados del Huachicol”.

#SOLDADOSDELHUACHICOL)

Ha quedado plenamente demostrado que la militarización del país impuesta por López Obrador bajo el pretexto de combatir la corrupción ha tenido el efecto contrario: grados de corrupción sin precedente en la historia de México producidas por redes de macrocriminalidad que incluyen a altas esferas del gobierno civil, de las Fuerzas Armadas y de grupos empresariales coludidos con el crimen organizado.

Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero son narco estados. Veracruz, Sonora, Chiapas, Tabasco y muchos más, viven bajo el yugo del crimen. Esta intolerable situación la padecen diariamente millones de mexicanos. El expectante gobierno de Donald Trump lo sabe muy bien.

Es la narco política militarizada, Presidenta.