opinión*
Militarización: ¿mi histeria y estridencia o sus palabras? (Artículo)
Alegatos por Miguel Pulido
Foto: Saúl López / Cuartoscuro

Por @nomus77

Acordemos algo de arranque: el diagnóstico es brutal. La realidad no da margen para eufemismos; López Obrador recibe un país con niveles de violencia exacerbados y peligrosos grupos criminales operando en el país. Enfrentamos delitos que, por escala y diversidad, apenas atino a describir como un horror. Lo sabemos, el país se redujo y en lugares se hizo inhabitable. Millones de nosotros hemos sufrido directamente las consecuencias de esto, así que me ahorro también las confesiones de frustración, cansancio, dolor inenarrable y miedo.

Puesto eso a salvo, también demos por sentado que las Fuerzas Armadas tienen una alta aceptación entre la población. Por cierto, otra institución muy aceptada es la iglesia, a pesar de los escándalos de pedofilia, y hay estadísticas de que hasta un 35% de personas en México están a favor de la tortura. Sugiero, pues, que no hagamos de la popularidad la principal variable respecto a una decisión pública tan trascendental.

Vayamos al punto de discusión. ¿Tiene o no un carácter militarizante la decisión central del Plan Nacional de Paz y Seguridad? Para mí, sí. ¿Por qué? Aquí mis razones.

  1. Tendencias y contexto

Desde las primeras decisiones de Zedillo de usar supletoriamente al Ejército hasta la fecha, hay constantes reformas normativas (algunas fracasadas) con el propósito de hacer permanente las funciones de las Fuerzas Armadas. No entraré a detalle, pero dejo ahí el hecho de que Leonel Godoy siendo diputado del PRD en 1996 (y Andrés Manuel presidente del partido en esos años) impugnó la constitucionalidad de la presencia del Ejército en Michoacán. Pasamos de usar militares para integrar la PFP, después la PF. A tenerlos con licencia en cargos y más recientemente de plano patrullando y haciendo detenciones. El punto es que esta propuesta se inscribe en dos tendencias: una que en los hechos incrementa el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad; y otra, que en la vía legislativa busca modificar normatividad cada vez de más alta jerarquía.

2. Lenguaje y simbolismos

Se trae y se lleva que el Plan tiene muchos ajustes frente a lo anterior. En general coincido, pero déjenme iniciar por las formas, los detalles, los rasgos de presentación de lo que el presidente electo, 2 coordinadores parlamentarios y 4 futuros secretarios de Estado nos dieron a conocer en un evento público.

El documento está lleno de elogios y afirmaciones reivindicativas sobre las Fuerzas Armadas, palabras crudas y contundentes contra la policía y silencios sobre otras instituciones. “En las Fuerzas Armadas nacionales no se han conformado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, ni han surgido grupos de intereses económicos ilegítimos, como ocurre en instancias civiles del gobierno federal”. Curioso detalle, para decirlo bajo, que el Plan que no busca militarizar gire entorno a la idea de que -salvo excepciones que se mencionan como intrascendentes- sólo los militares son honestos y libres de cooptación criminal.

3. Falta de balance

En total, el Plan tiene 7,788 palabras, de las cuales 2,450 (un tercio) son dedicadas al apartado 8. Los primeros 7 puntos del Plan tienen una suerte de carácter general y declarativo. Cada uno constituye un esforzado resumen por poner diagnóstico, principios rectores, ideas de ejecución y frases prescriptivas sobre cómo cambiarán hoy problemas a cosas resueltas o no repetidas (“no habrá tortura”, “se respetarán los derechos humanos”). Estos primeros 7 apartados incluyen tópicos otrora impensables y la radicalidad del cambio discursivo es notable. En términos de enfoque, se mencionan cosas sumamente relevantes, otras incluso urgentes y necesarias. Pero no hay mayor detalle de implementación. En contraste, el punto número 8 (el que habla de seguridad pública y de crear una Guardia Nacional) incluye temporalidad, pasos, relación entre instituciones, algunos indicadores cuantitativos, división de funciones operativas, horarios y dinámicas de reunión, modalidades de trabajo. Es el único apartado, además, que incluye un anexo llamado: concepto operacional de la Guardia Nacional. Si lo otro les importaba tanto, no sé por qué escatimaron en mostrarlo.

4. Formalidades de contenido

Tampoco me detendré demasiado en el hecho de que la Guardia Nacional se formará con Policía Militar y Policía Naval (militares en toda forma, más allá de su función “policial”). La razón más importante de por qué yo identifico un proceso de militarización reposa en la propia estructura formal de la propuesta. En las formalidades de su contenido, de las que transcribo partes:

  • “Estas circunstancias llevan a proponer que nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional” y que
  • Será instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país” y para ello
  • “Recibirán formación y adiestramiento en planteles militares” y
  • “Estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. Los elementos de la Guardia Nacional contarán con prestaciones semejantes a los de las instituciones castrenses” y
  • “Las tareas permanentes de formación de elementos dependerán del Sistema Educativo Militar con profesores civiles y militares.”
  • Mientras que para operar “a cada una de las 266 regiones se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley”
  • “El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México.”
  • La Secretaría de la Defensa Nacional asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, así como de su equipamiento, despliegue y operatividad

5. Referentes y acepciones comunes

Las preguntas que me hice fueron las que suele usar la literatura especializada: ¿es expansivo el rol de los militares? ¿dónde se ubica la propuesta en cuanto al paradigma político de separar claramente lo civil de lo militar? ¿qué referentes institucionales usaron? ¿quién tendrá el mando de la institución? ¿cuántos controles civiles formales y explícitos se proponen? ¿cuál será el estatuto de la corporación? ¿cuál será la doctrina? ¿cuál será la disciplina? ¿cuál será el fuero?

Finalmente una nota. En este artículo discuto el contenido del documento presentado, porque asumo que alguna importancia deberá tener para que la plana mayor se haya congregado a hacerlo público. Si estoy boxeando de sombra con un documento sin importancia, es mi culpa por pensar que la tenía.

 

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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