Barcos ilegales arremeten en Perú: un nuevo intento por reabrir el proceso de formalización pesquera podría 'blanquearlos' | Mongabay 
Un incremento en la flota podría poner en una situación crítica tanto al recurso como a la economía de los pescadores.
- Redacción AN / MIA
Por Michelle Carrere
Mongabay Latam
Nuevamente, el congresista peruano José Bernardo Pazo Nunura busca reabrir el proceso de formalización pesquera que culminó en 2023. La iniciativa preocupa a dirigentes pesqueros y expertos en conservación marina, puesto que aseguran que el proyecto de ley permitiría la formalización de embarcaciones construidas ilegalmente.
Además, dado que el principal recurso de interés de estas embarcaciones es la pota (Dosidicus gigas), el proyecto generaría incentivos para la entrega de títulos que permitan la pesca del calamar gigante. Este recurso, sin embargo, es considerado plenamente explotado, por lo que no se permite la entrega de nuevos permisos para su captura.
Expertos aseguran que la normativa pondría en riesgo la sostenibilidad de la pota y la fuente de trabajo de quienes ya se han formalizado, pues la sobreoferta de la especie en los mercados conduciría a una caída de los precios, lo que afectaría a la economía de los pescadores.
La pota (Dosidicus gigas) o calamar gigante es el principal recurso de interés de las embarcaciones que buscan legalizarse con el nuevo proyecto de ley. Foto: cortesía Global Fishing Watch para Mongabay Latam.
El proyecto de ley ingresado recientemente al Congreso de la República es el segundo intento de Pazo Nunura por lograr reabrir el proceso de formalización. Su iniciativa anterior, que fue presentada a mediados de 2023, fue rechazada y archivada por el Congreso en junio pasado.
El congresista aseguró a Mongabay Latam que el proyecto busca dar continuidad al proceso de formalización de embarcaciones artesanales que quedaron pendientes. “No se trata de abrir nuevos registros, sino de garantizar que quienes iniciaron su formalización puedan culminarla en el marco legal correspondiente. Es un derecho pendiente de nuestros pescadores artesanales”, afirmó.
Pescadores artesanales capturando Pota. Foto: Global Fishing Watch para Mongabay Latam.
Embarcaciones ilegales buscarían blanquearse
El proceso de formalización pesquera conocido como Siforpa II inició en 2018 para abordar el problema de la informalidad en la pesca artesanal y concluyó el 31 de julio de 2023. El objetivo era promover la formalización de las embarcaciones existentes hasta esa fecha y, aunque la medida fue creada con carácter de urgencia, diferentes extensiones en los plazos hicieron que finalmente tomara casi cinco años.
Un total de 4583 embarcaciones se inscribieron en 2018 para ser parte del proceso que incluía varias etapas que debían ser aprobadas. Poco más de la mitad de esas embarcaciones lograron avanzar en el proceso y 2012 de ellas quedaron fuera de él.
Percy Grandez, abogado experto en asuntos pesqueros, explica que una de las primeras etapas del Siforpa II consistía en que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) realizara la verificación de existencia de la embarcación. Esa etapa debía hacerse hasta el 24 de diciembre de 2018. Después de ese momento se podía continuar con los demás procedimientos, como la obtención del certificado de matrícula o del protocolo de habilitación sanitaria, entre otros, hasta obtener permiso de pesca definitivo.
El primer paso era fundamental, puesto que en 2015 Perú prohibió la construcción de nuevos barcos artesanales, con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero y la sobreexplotación de las especies. Asegurar que solo se estarían regularizando las embarcaciones existentes era primordial para garantizar el cumplimiento de la ley y la conservación de los recursos marinos.
Se estima que 2012 embarcaciones no aprobaron los requisitos para poder ingresar al sistema legal de pescadores de pota. Foto: cortesía Global Fishing Watch para Mongabay Latam.
Ese fue justamente el paso que no aprobaron 2012 embarcaciones, “lo que hace presumir que, en ese momento, esos barcos no existían en físico”, dice Grandez.
Dado que las autoridades peruanas han identificado que la construcción de barcos se sigue dando pese a la prohibición, es muy posible que aquellas embarcaciones, que en su momento no pudieron demostrar que existían, en el transcurso de los años se hayan construido, explica Grandez. Desde ese punto de vista, expertos y pescadores aseguran que la propuesta del congresista Pazo Nunura permitiría que se formalicen embarcaciones construidas ilegalmente.
De acuerdo con el Decreto Legislativo del Siforpa II, el proceso de verificación de existencia también gatillaba consecuencias civiles y penales contra el que hubiera intentado formalizar una embarcación que no existía. “De no verificarse la existencia de la embarcación, la DICAPI comunica este hecho al Ministerio de la Producción, lo cual genera el retiro de la embarcación del listado [de barcos en proceso de formalización], sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes”, indica el artículo siete.
El problema es que eso no se cumplió, asegura Carmen Heck, abogada experta en derecho pesquero, vicepresidenta adjunta de la organización Oceana en Perú. “No se tomaron medidas para determinar responsabilidades administrativas y/o penales para quienes presentaron solicitudes no respaldadas por embarcaciones reales”, indicó.
Operativo realizado en un astillero de La Tortuga, en agosto. Las autoridades hallaron 23 embarcaciones que estaban siendo construidas ilegalmente. Foto: Ministerio de Producción de Perú para Mongabay Latam.
“Las consecuencias son las que vemos hoy”, agrega. “En lugar de haberse sancionado los intentos de engañar al sistema, se pretende darles la posibilidad de legalizar barcos construidos de forma ilegal en los últimos siete años”. En resumidas cuentas, dice Heck, “en lugar de sancionarlos, los quiere premiar”.
Para la experta, “esto es muy grave considerando que en paralelo no se han tomado acciones decididas para frenar la construcción ilegal, que es en lo que deberían enfocarse las autoridades hoy”.
El congresista Pazo, por su parte, aseguró que “la iniciativa legislativa tiene como objetivo evitar irregularidades, por lo que la DICAPI y el Ministerio de la Producción serán las entidades competentes para verificar de manera técnica, legal y rigurosa la existencia de las embarcaciones incluidas en el listado del Siforpa II. No habrá espacio para las llamadas embarcaciones fantasmas ni para el tráfico de permisos”.
No hay pota para más barcos
En marzo de 2025, el Ministerio de la Producción ratificó que la pota es un recurso plenamente explotado, lo que quiere decir que el nivel de explotación de esta especie ya alcanzó su máximo rendimiento sostenible y ya no debería incrementarse. Por lo mismo, no es posible otorgar nuevos permisos para su captura.
Carmen Heck, abogada experta en derecho pesquero, vicepresidenta adjunta de la organización Oceana en Perú, sostiene que este proyecto de ley busca premiar en lugar de sancionar a quienes no cumplieron con la ley. Foto: cortesía Global Fishing Watch para Mongabay Latam.
Sin embargo, lo que temen los especialistas es que la eventual formalización de embarcaciones ilegales presione a los gobiernos locales para que esos permisos se entreguen de todos modos.
“Los gobiernos regionales van a sentir la presión de tener en sus puertas una masa pesquera artesanal a la que le han dado el derecho a tener un permiso de pesca, pero sobre el cual administrativamente no le pueden dar autorización porque es un recurso plenamente explotado”, dice el ingeniero pesquero Renato Gozzer.
Además, se trata de un problema biológico poblacional, asegura. “Estamos hablando de una pesquería que ya tiene actores consolidados y hay nuevos actores que quieren entrar, pero simplemente no hay espacio. A qué sistema van a entrar si no hay recurso que aguante que entre nuevos actores”, indica.
“Me preocupa que en algún momento el esfuerzo de pesca sea tan alto que ya se empiecen a dar señales negativas”, señala el experto.
Solo contando a los pescadores, se contabilizan más de 20 000 personas operando en la pesca artesanal de pota en el país. Foto: cortesía Global Fishing Watch para Mongabay Latam.
Dada la situación actual de la pota y la capacidad que tiene la flota para consumir rápidamente las cuotas, es decir, la cantidad de toneladas que es posible extraer sin ponerla en riesgo, “no hay posibilidad de seguir abriendo más la puerta. Hacerlo podría llevar [al recurso] a una situación crítica”, asegura el especialista. “Y en ese momento ya no solo van a dejar de pescar esas naves que se han construido de manera ilegal, sino que van a dejar de pescar todos en un negocio en el que, solo a nivel de pescadores, ya se contabilizan más de 20 000 personas”.
Según el congresista, la iniciativa responde al pedido expreso de asociaciones y pescadores de diferentes puertos. Aseguró que ya se inició «un proceso de socialización y análisis técnico-jurídico con los gremios artesanales y la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, con el fin de consolidar un dictamen consensuado».
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