EE.UU. sanciona a presidenta de la CPI en nueva ofensiva de Trump contra el tribunal
La Corte Penal Internacional advirtió que las sanciones contra su presidenta y un miembro de la Fiscalía 'socavan' el Estado de derecho y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
- Redacción AN / MDS
Estados Unidos anunció el martes sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, para desmantelar el tribunal.
La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, a partir del martes, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más”.
Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Foto: Reuters
El anuncio del martes está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.
Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.
En concreto, la orden pone el blanco en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
La CPI alerta que sanciones de EE.UU. “socavan” el Estado de derecho
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya.
“Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho”, añadió el tribunal.
La CPI aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
“La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.
La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Japón considera “muy lamentables” las sanciones
Las autoridades de Japón calificaron como “muy lamentables” las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, jurista de nacionalidad japonesa, insistiendo en el apoyo de Tokio al tribunal internacional.
En un breve comunicado, el Ministerio de Exteriores de Japón afirma que “toma nota” de las sanciones de Washington a la jueza japonesa, presidenta de la CPI y recalca que el país “ha apoyado sistemáticamente a la CPI en sus esfuerzos por enjuiciar y castigar los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho”.
“Desde este punto de vista, las medidas anunciadas son muy lamentables”, criticó la diplomacia japonesa, incidiendo en que Tokio “seguirá comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la comunidad internacional” y que “mantendrá la comunicación con los países implicados”.
(Con informaciones de EFE y Europa Press)
