Cronología del caso Sandoval-Shively
El ingeniero mexicano en sistemas, César Adrián Sandoval Molina, ex socio de “Shively International Inc.”, argumenta que Jamen Shively y Sonia Florian inventaron un estado falso de quiebra y lo dejaron fuera de la empresa.
(Foto:KIRO-TV)

Año 2000

El ingeniero en sistemas César Adrián Sandoval Molina constituye una empresa de alta tecnología “Shively International Inc.” (desarrollo de software y comercialización de equipo de cómputo) junto con Jamen Shively y Sonia Florian.

La empresa fue constituida en San Francisco, California, centro de negocios para el desarrollo de tecnologías de información.

Firman el primer convenio de su tipo para equipar escuelas en México con el gobierno del estado de Sinaloa. La inversión sería de entre 50 y 100 millones de dólares.

En el convenio de colaboración se planeaba instalar entre 50,000 y 100,000 computadoras en escuelas primarias y secundarias.

 

Año 2001 

El presidente Vicente Fox acompaña a Shively en la inauguración de uno de los centros de cómputo que estaba instalado en una escuela como parte  el plan piloto del proyecto.

Sin mayor explicación el denunciante es despedido como director de la empresa “Shively International S.A de C.V.” y lo despojan de sus propiedad dentro de las empresas y de sus acciones en la corporación estadounidense.

César Sandoval interpone una denuncia por robo, Jamen Shively es arrestado y después liberado sin que haya un seguimiento o proceso penal correspondiente.

Entre el resto de los socios se firma un pagaré con la intención de despojar de activos a César Sandoval. Utilizan los tribunales civiles para auto embargarse los bienes (fraude procesal) con fin de apropiárselos y dejar fuera de la empresa al denunciante.

 

Año 2002

Adrián Sandoval interpone la denuncia por fraude (procesal y genérico) en contra de los ciudadanos estadounidenses Jamen Shively y Sonia Florian. Las evidencias presentadas por el denunciante son los mismos juicios que ellos promovían para despojarlo de su propiedad dentro de la empresa en México y se acreditan los delitos.

 

Año 2003

 El Juez Primero Penal de Culiacán libra las órdenes de aprehensión contra los dos extranjeros. A partir de ese momento la Procuraduría Estatal de Sinaloa y la PGR hacen caso omiso y no son capaces de realizar la solicitud de extradición, pese a que las personas nunca ocultaron su lugar de residencia en Estados Unidos y se sabía su paradero.

 

Año 2008

Preescribe el delito, aunque no debió de suceder porque la ley establece que cuando las personas buscadas están fuera de territorio nacional  deben duplicarse los términos.

 

Año 2012

Se interpone un amparo ante un Tribunal Federal en Culiacán por las omisiones y la falta de actuación de la autoridad en realizar los trámites de extradición.

El denunciante asegura que todas las autoridades mienten al juez federal, le dan información equivocada con la intención de seguir protegiendo a los extranjeros.

Interpone una denuncia penal por los delitos que cometen las autoridades de procuración de justicia ante el Tribunal Federal.

 

Año 2013

La resolución de un Juez federal en Zacatecas le da la razón al denunciante. Efectivamente los funcionarios mintieron en sus declaraciones sobre el caso. Las autoridades fueron omisas en los trámites de extradición. Los extranjeros efectivamente cometieron los delitos y el denunciante tiene derechos a la reparación de los daños.



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