Nayarit | Fiscalía obtiene órdenes contra defensores de playa Las Cocinas
La FGE tramitó órdenes de aprehensión mientras detenía a manifestantes.
- Redacción AN / KC
Por Karina Cancino
Al menos cuatro órdenes de aprehensión fueron giradas contra participantes de las protestas por las obras en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en medio del conflicto legal y ambiental por un desarrollo inmobiliario en la zona costera.
Los presuntos por los que se señala a activistas, que son pescadores, habitantes y prestadores de servicios, son amenazas, daños en la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa, denunciados por Jorge Alberto Coeto Hernández y Cantiles de Mita S.A. de C.V., representantes de la filial de Grupo DINE, desarrollador del complejo turístico en la zona federal.
El abogado Luis Daniel Juárez, defensor de cuatro de los manifestantes, confirmó a Aristegui Noticias que jueces federales notificaron la existencia de mandamientos judiciales dentro de los juicios de amparo promovidos tras las movilizaciones.
Nos acaban de notificar hace un par de horas de que por lo menos cuatro manifestantes de Punta de Mita tienen órdenes de aprehensión de por lo menos cuatro delitos cada uno.
Según explicó, tres de los recursos quedaron radicados ante un juez federal que fijó garantías de 3 mil 500 pesos para cada uno de los promoventes, mientras que un cuarto caso recibió una fianza de 8 mil pesos.
Sí está pesado para ellos, que son pobladores, pescadores.
El litigante sostuvo que las suspensiones otorgadas dentro de los amparos impiden la detención de los manifestantes mientras avanzan los procesos judiciales, debido a que los delitos imputados no están considerados como graves en el artículo 19 constitucional.
“El amparo los protege; aunque en el proceso se ordene su detención, no los pueden detener porque no son delitos graves”, señaló.
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Además, cuestionó la rapidez con la que fueron emitidas las órdenes de aprehensión.
“El mismo día de los hechos el Ministerio Público integró los suficientes elementos para que un juez ordenara la orden de aprehensión y regularmente un Ministerio Público necesita semanas en una denuncia común para integrar elementos suficientes”, expuso.
Asimismo, mencionó que el 28 de abril pasado, tres personas fueron detenidas bajo un supuesto de flagrancia, por presuntos daños y amenazas durante una manifestación en la obra; sin embargo, dijo, al mismo tiempo un juez ya trabajaba los nuevos mandamientos.
En este sentido, apuntó a que las órdenes de aprehensión vigentes se integraron de manera irregular, ya que fueron radicadas el día 27 de mayo cuando hubo una movilización menor, pero no se ejecutaron debido a la presión social “o sea, solo por manifestarse”.
Las órdenes judiciales se conocen mientras continúa la disputa por las obras de protección costera y desarrollo turístico en Playa Las Cocinas, donde habitantes y organizaciones locales mantienen protestas desde hace semanas por presuntas afectaciones ambientales y posibles irregularidades en permisos y autorizaciones.
Captura de pantalla
En ese contexto, Grupo DINE difundió el pasado 14 de mayo un posicionamiento público en el que aseguró que las actividades en Playa Las Cocinas “cuentan con todos los permisos y autorizaciones aplicables emitidos por SEMARNAT” y sostuvo que las obras fueron autorizadas mediante el oficio 138.01.03/4439/2025.
La empresa afirmó además que “la playa es de todos, y lo seguirá siendo”, negó afectaciones ambientales y aseguró que las obras se realizan dentro de los límites de la concesión federal otorgada a Cantiles de Mita S.A. de C.V.
Sin embargo, el Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas respondió este 18 de mayo que persisten dudas sobre los alcances ambientales y legales del proyecto, y acusó falta de transparencia durante las mesas de diálogo con autoridades y representantes de la empresa.
Afirmar que ‘la playa es libre y es de todos’ no basta para garantizarlo en la realidad.
El colectivo sostuvo que la comunidad no ha recibido información suficiente sobre el alcance de las obras y reiteró su exigencia de retirar la construcción “20 metros hacia atrás”, respetando plenamente la Zona Federal Marítimo Terrestre.
